El presidente Rodrigo Chaves afirmó, solo un día después de ganar los comicios de este 3 de abril, que desea renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “hacia arriba”.
Su idea, sin embargo, no es nueva. En una entrevista publicada por este medio el 13 de enero pasado, el exministro de Hacienda describió cuáles serían los pilares de un acuerdo suyo con el organismo internacional.
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¿Qué ruta debe seguir el acuerdo con el FMI y la agenda negociada con el organismo?
— En vista de la inflación mundial y del aumento en las tasas de interés que ya anunció la Reserva Federal, Costa Rica necesita un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar que haya una fuga de capitales y un golpe fuerte a las tasas de interés y al tipo de cambio. A Costa Rica no le convienen golpes súbitos.
Sin embargo, el contenido específico de este acuerdo (la agenda actual) a mí me parece inadecuado, porque no tocó los problemas fundamentales de la economía costarricense, sino que solo aumenta impuestos y promete un ahorro a largo plazo en la planilla del Estado, y ni siquiera sabemos la solidez técnica de esos cálculos.
Yo voy a seguir en la conversación con el FMI, pero bajo un programa absolutamente nuevo, que quite exenciones fiscales; que quite los destinos específicos; que quite las parafiscales, que son un regalito del Estado costarricense al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) todos los años; que reduzca la evasión de manera agresiva; y que revise una serie de precios en las concesiones públicas y en la estructura del gasto en Costa Rica. No estoy hablando solo del volumen sino también de la composición del gasto.
Usted menciona en su plan de gobierno que quiere eliminar exoneraciones que benefician a los más ricos. ¿Cuáles serían?
— Costa Rica otorga a través de diferentes leyes una exoneración total de impuestos que se deben pagar de más o menos el 5,5% del producto interno bruto (PIB) y un 3% de eso no corresponde a zonas francas. Mi propuesta es respetar esas exoneraciones a zonas francas y aprovechar el otro 3%, que va a compañías o cooperativas, como la Dos Pinos y otros grupos de interés, como importadores de ciertos tipos de vehículos, para economizarle al país $1.800 millones al año.
Entre las exoneraciones que existen actualmente están las tarifas reducidas; por ejemplo, educación privada y salud privada. ¿Pensaría suprimirlas?
— Hablo de exoneraciones a la gente más beneficiada del país. Por ejemplo, en el caso de la canasta básica, yo no veo por qué mantener la tasa o la tarifa del 1% para la gente más rica del país. Yo propongo eliminar la exención para los ricos, que ellos paguen el 13%, y a los pobres mantener su exoneración. Uno puede devolver el IVA sobre la canasta básica a través del sistema de Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), para quienes lo necesiten.
¿Las tarifas reducidas de educación privada y salud privada estarían dentro de ese plan?
— Ya le dije que sí, pero para los ricos, con planes de devolución para el 40% más pobre del país, que no tiene por qué pagar ese Impuesto al Valor Agregado (IVA). ¿Por qué exonerar a los dueños de El Financiero, por ejemplo, cuando van al supermercado y compran elementos de la canasta básica no paguen el impuesto del IVA?