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Vender activos es una de las apuestas del Gobierno para generar dinero y reducir el déficit fiscal. Las primeras dos opciones son la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa).
El Ejecutivo anunció sus intenciones de comercializar estas entidades el pasado 10 de febrero como parte de una ruta para superar la compleja situación de las finanzas públicas.
La venta o concesión de Fanal generaría un 0,03% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que comercializar Bicsa representaría un 0,04% de la producción nacional. Así lo detalló Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda, durante su explicación a los diputados en febrero.
Si las cifras del exjerarca se cumplen, vender ambos activos se traduciría en un rendimiento de 0,07% del PIB, es decir, casi ¢25.000 millones. La cifra parece ínfima si se compara con el déficit financiero del Gobierno que a junio era de 3,84% (¢1,3 billones), o bien, si se mide contra el 6,9% del faltante entre ingresos y gastos más intereses al cierre del 2019, que significa ¢2,52 billones.
¿Cómo avanzan los procesos para vender estas instituciones públicas? EF conversó con Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico, para conocer qué sucedió con esta propuesta.
Fanal sin precio
El Gobierno destinará ¢42,9 millones para contratar una empresa que elabore un estudio con el objetivo de determinar el precio de Fanal.
El dinero para financiar este estudio saldrá del Fondo de Preinversión del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).
Aunque Fanal está adscrita al Consejo Nacional de la Producción (CNP), el costo de este análisis de valoración no corresponde al giro normal de la entidad, por esa razón el Gobierno lo excluyó del presupuesto regular y buscó recursos en Mideplan.
La ministra Garrido comentó que el dinero será utilizado para definir el valor de los activos tangibles e intangibles, los pasivos, las responsabilidades tributarias acumuladas y sus riesgos. El fin es determinar el valor real de la empresa pública para analizar las opciones de darla en concesión o venderla.
“La idea es identificar cuánto vale Fanal, cuánto valen sus productos, cuánto vale la marca Cacique. A partir de ahí, entonces, tomar la decisión de avanzar en la venta de este activo”, comentó la jerarca.
El Fondo de Preinversión de Mideplan apuntó que es importante obtener el precio de la empresa estatal ya que le genera cerca de ¢3.000 millones anuales al CNP.
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Rogis Bermúdez, presidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Producción, aseguró que con esta contratación se podrá tener un escenario más real sobre la situación de la fábrica.
“Somos conscientes de la importancia que tendrá este estudio, ya que revelará el valor real de esta empresa centenaria, incluyendo el monto real de sus activos tangibles e intangibles para la toma de decisiones con datos más confiables”, aseveró.
El 25 de febrero, EF publicó que los estados financieros de Fanal revelan fragilidad, iliquidez e incapacidad para pagar sus deudas.
Los informes contables de esta empresa pública no están auditados, pero una parte de los documentos se incluye en los estados financieros del CNP, que sí se auditan cada año.
Los estados contables del 2018 muestran insolvencia de la fábrica de licores para cubrir sus obligaciones de corto plazo con una brecha más grande entre el activo (¢3.705 millones) y el pasivo corriente (¢9.020 millones).
La prueba ácida, una razón financiera que indica la solvencia más exigente tras excluir inventarios de activos y pasivos, reflejó que en 2019 la entidad no tenía liquidez suficiente para cubrir sus deudas y que el inventario ocupa un monto significativo.
El rumbo de Bicsa
El Banco Internacional de Costa Rica, una empresa que es propiedad 51% del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y 49% del Banco de Costa Rica (BCR), también está en los planes de venta del Ejecutivo.
Pese a que la composición accionaria se reparte entre estas dos entidades estatales, es el Gobierno el que pretende concretar la venta y adueñarse de los recursos que se generen con la transacción.
La administración de Bicsa no genera pérdidas para la banca pública, pero tampoco aporta ganancias significativas, su único valor agregado es que sirve como un canal para mantener contacto con clientes en el mercado internacional.
De acuerdo con Garrido, el Gobierno mantiene conversaciones con el Banco Nacional y el BCR para garantizar que el proceso de venta se lleve a cabo en un momento idóneo para obtener el mejor rendimiento posible.
“El procedimiento es diferente, pero sí requiere la valoración de un tercero independiente para fijar el precio del banco. Buscaríamos una entidad que cuente con toda la experiencia en esta área, puede ser un banco internacional que se dedica a hacer estas evaluaciones”, añadió la ministra.
En el Ejecutivo reconocen que pensar en la venta de una entidad financiera durante la coyuntura económica internacional bajo los efectos del coronavirus, es complicado.
Gustavo Vargas, gerente general del Banco Nacional, indicó a este medio, el pasado 12 de febrero, que en conjunto con el BCR, la Junta Directiva de Bicsa valorará y definirá los procesos operativos y legales para cumplir con la propuesta de venta.
La iniciativa será tramitada por medio de un proyecto de ley que debe entrar al Congreso. Sin embargo, el Gobierno todavía no tiene listo el texto ni la posible fecha en que lo enviará a Cuesta de Moras.
Bicsa reportó, a setiembre del 2019, un patrimonio valorado en $233,1 millones, según sus estados financieros consolidados.
