Los diputados de la comisión legislativa de Asuntos Jurídicos dictaminaron negativamente, por primera vez, un expediente de la agenda convenida con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Se trata del proyecto de Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste en Tarifas de Rentas de Capital (22.369), el cual pretendía aumentar la recaudación en un 0,34% del PIB, en 2023, según las estimaciones iniciales del Ministerio de Hacienda.
Entre otras pretensiones, esta iniciativa buscaba aumentar en 5 puntos porcentuales (p.p.) las tarifas de renta sobre las remesas y eliminar la exoneración del mismo impuesto de la que hoy goza el salario escolar (la décimo tercera mensualidad que únicamente reciben los trabajadores del sector público).
LEA MÁS: Negativa de diputados a cobro de renta sobre salario escolar drena ¢40.000 millones de ajuste fiscal
La comisión sí dictaminó positivamente el proyecto de reforma integral al Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda, popularmente conocido como el impuesto a las casas de lujo. Los legisladores dieron su aval para el avance de la iniciativa.
La iniciativa de Ley de Impuesto a Inmuebles de Lujo para Uso Habitacional, Ocasional y de Recreo (22.382) pretendía alcanzar aumentar la recaudación estatal en un 0,08% del PIB anual.
El rendimiento incluso podría ser menor. Las proyecciones de recaudación que realizó el Ministerio de Hacienda se publicaron a inicios de año, sin tomar en cuenta cambios posteriores a las iniciativas que luego surgieron. Por ejemplo, ante posturas negativas de diputados, el Gobierno desistió de incluir el costo de terreno en la fórmula base para definir la sujeción o no de los inmuebles al impuesto.
Votaciones
El proyecto de reducción de beneficios fiscales contó con el apenas dos legisladores: Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC); y Wagner Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN).
En contra de este votaron Franggi Nicolás y Jorge Fonseca, del PLN; Pedro Muñoz, de Unidad Social Cristiana (PUSC); Mileidy Alvarado, de Restauración Nacional (PRN); José María Villalta, del Frente Amplio (FA); y la independiente Paola Vega.
En cuanto a la reforma al impuesto a las casas de lujo, la mayoría de diputados de la comisión votó a favor del texto; sin embargo, la decisión no fue unánime. Se opuso el socialcristiano Pedro Muñoz.
¿Qué significan las decisiones?
El dictamen positivo para la reforma al impuesto a las casas de lujo permitirá su avance al Plenario legislativo. En ese espacio, los diputados podrán presentar nuevas propuestas de cambios al proyecto y luego dictutirlo de manera definitiva, de cara a su votación en primero y segundo debate.
En el caso de texto de reducción de beneficios fiscales, el Gobierno de la República anunció que presentará nuevamente la iniciativa para el conocimiento del Congreso en estas sesiones extraordinarias.
Esto obligará a iniciar nuevamente con el trámite del proyecto, el cual ahora podría delegarse a otra comisión, si así lo decide la Presidencia legislativa.
El nuevo texto tomará en consideración “las observaciones ya presentadas durante el proceso de tramitación en comisión”, pero insistirá en gravar con renta al salario escolar, según explicó la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, en comunicado de prensa.
Esta iniciativa tiene un alto impacto en la agenda de ajuste fiscal convenida con el FMI, aparejada con un programa de financiamiento por $1.778 millones en tres años. Daría un 30% de los nuevos ingresos que pretende el Ejecutivo para sanear las finanzas públicas en el corto plazo.
En julio pasado, el presidente del Banco Central y gobernador por Costa Rica ante el FMI, Rodrigo Cubero, advirtió en entrevista con EF que la agenda convenida con el organismo internacional podría retocarse o modificarse; siempre y cuando los impactos fiscales de esos cambios sean compensados.
Incumplir con los rendimientos fiscales esperados por el FMI y caer en un proceso de suspensión del programa con el organismo, subrayó, podría “generar preocupación y ansiedad en los mercados”.