Se está confundiendo la evasión con la elusión. Eso explica dos graves fenómenos que se han denunciado en los últimos años: la agresividad interpretativa –rayando en la arbitrariedad– de la Administración Tributaria y la parálisis en la modernización de nuestra estructura fiscal y tributaria.
La evasión implica dejar de pagar un impuesto que se debe. Es una conducta ilegal, cuando no ilícita, en la que concurren todos los elementos para el nacimiento de la obligación tributaria; pero el contribuyente simplemente no cumple. Esconder ingresos, inventar gastos, etc.
LEA TAMBIÉN: Solo un gran acuerdo nos salvará del abismo fiscal
La elusión es la utilización de los mecanismos que la ley permite para reducir el impacto de las cargas tributarias. Invertir en el exterior, poseer participaciones accionarias a través de holdings ; tarifas diferenciadas, exoneraciones e incentivos.
Para combatir la evasión, resultan indispensables las herramientas de las que hace mucho se dotó a la Administración Tributaria: sanciones fuertes, deberes de suministro de información, etc. Lástima que el esfuerzo se concentre en la “clientela cautiva”, en lugar de atacar la informalidad –principal fuente de evasión–.
Para combatir la elusión, es indispensable reformar las normas que legitiman el comportamiento del contribuyente. De lo contrario, la Administración desaplicaría la ley para casos concretos o se erigiría en legislador ad hoc, cuando “sienta” que el comportamiento le causa perjuicio, aunque esté jurídicamente tutelado.
ADEMÁS: Costa Rica calcula evasión fiscal en 8,2% del PIB
Esto ocurre por medio de interpretaciones forzadas o contrarias a las normas; aplicación abusiva e injustificada de los principios de sustancia sobre forma; o simplemente por desatender alegatos y pruebas del contribuyente.
Dicen mucho las manifestaciones del exministro de Hacienda Édgar Ayales, sobre el error de promover el proyecto de fraude fiscal, usando un estudio que mide las causas del déficit de ingresos tributarios mezclando la evasión con la elusión.