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El endeudamiento de las personas y lo hogares en Costa Rica crece sostenidamente desde 2009 y, antes de la crisis del coronavirus, la situación ya era bastante crítica para un mercado que impulsó buena parte de su crecimiento económico en el consumo apalancado con crédito.
Cuando la espiral llegó a un punto de no retorno, muchas personas empezaron a buscar readecuaciones de sus deudas y los reguladores, como la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), se vieron obligados a impulsar flexibilizaciones en las normas para que los consumidores nuevamente tengan acceso a préstamos.
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La situación es clara. La cantidad de deudores del sistema financiero nacional creció de 790.699 en 2009 a 1,24 millones en 2019. Un aumento del 57,9%. Al mismo ritmo el monto promedio de la deuda por persona pasó de ¢6,5 millones a ¢11,2 millones en esa década, según datos de la Sugef.
Este creciente problema se convirtió en uno de los principales retos del Poder Judicial. Los cobros aumentaron 44,3% entre 2016 y 2018, este tipo de casos desplazó a los procesos penales que históricamente ocuparon el primer lugar en cantidad expedientes ingresados netos a la institución.
El hallazgo fue señalado en el Tercer Informe Estado de la Justicia, publicado el lunes 8 de junio y elaborado por el Programa Estado de la Nación (PEN).
La gran cantidad de cobros judiciales requirió nuevas propuestas por parte del Poder Judicial para ofrecer una atención más expedita a los usuarios frecuentes de los despachos especializados en esta materia: bancos, grupos financieros, prestamistas y grandes empresas.
El incremento no se debe necesariamente a un acceso más amplio a la justicia por parte de la ciudadanía o de las empresas, sino más bien a una mayor judicialización de los conflictos por cobros de tarjetas de crédito, préstamos bancarios y otros tipos de deudas.
Jesús Sáenz, investigador asociado del PEN, explicó que las causas de este fenómeno son diversas, pero están ligadas a una mayor acción por parte de las organizaciones que prestan dinero.
“Existe una relación con el alza en los niveles de endeudamiento de la población. Si nosotros vemos quiénes son los clientes frecuentes de esta jurisdicción, nos damos cuenta que son las instituciones financieras, los bancos, emisores de tarjetas de crédito y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)”, apuntó.
Más casos, mismos recursos
Es importante poner en perspectiva dos dimensiones a lo interno del Poder Judicial. La primera es que entre 2016 y 2018 la cantidad casos ingresados netos (demandas interpuestas cada año ante las oficinas jurisdiccionales de primera o única instancia) en materia de cobros pasó −en términos absolutos− de 163.855 expedientes a 236.369. El alza del 44,3% mencionada antes.
La otra dimensión que mide el informe son los casos circulantes (cantidad de procesos que están pendientes de resolución, en ejecución o con alguna medida provisional).
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En este ámbito también se reportó un incremento importante en los cobros, de 453.169 en 2016 a 667.887 en 2018, lo que representa un aumento del 47,4% en términos relativos, muy por encima del 8,7% que registraron los casos penales.
El circulante total del Poder Judicial −que incluye todas las materias jurisdiccionales− pasó de 984.871 a 1,25 millones en el periodo de análisis. El 80% de este crecimiento fue impulsado por los cobros judiciales.
Pese a este nuevo escenario, la mayoría de recursos económicos están asignados a los procesos penales que requieren investigaciones más extensas, seguido por otras áreas. A cobros se destinan presupuestos cercanos al 8% cada año.
La Dirección de Planificación del Poder Judicial argumentó en la investigación que el área penal absorbe más dinero porque fue necesario ampliar las capacidades instaladas para dar respuesta a los casos en trámite.
“Esto implicó el crecimiento del recurso humano para crear estructuras con al menos dos jueces en 14 despachos judiciales. Aunado a lo anterior, se implementaron una serie de cambios asociados al Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal, lo cual generó un incremento en las sentencias y una reducción en el tiempo de duración de la gestión, específicamente en los Tribunales Penales”, agrega el informe.
Para resolver un caso penal deben intervenir otras instituciones, como, por ejemplo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Defensa Pública, Ciencias Forenses, el Programa de Atención a la Víctima, entre otros. Esto justifica que reciba más dinero.
Retos y complejidades
Procesar y tramitar tantos casos de cobros conlleva varios retos para el sistema de justicia costarricense que ahora debe lidiar con un problema en expansión y con pocos recursos para mejorar su eficiencia.
La aprobación de la Reforma Procesal Civil, que se puso en marcha a partir de octubre del 2018, obligó la implementación de cambios en el ordenamiento para habilitar despachos especializados y una nueva reorganización a lo interno de los circuitos judiciales.
Por ejemplo, la litigiosidad promedio por cada 100.000 habitantes (números de casos ingresados a primera instancia) reveló que en el I Circuito Judicial de San José el indicador mostró el mayor nivel de aumento al pasar de 583 a 825 en el trienio analizado.
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Mientras que otras oficinas reportan ritmos de crecimiento mucho más bajos. La causa detrás de este cifra se encuentra nuevamente en los cobros judiciales, debido a que en la zona del I Circuito Judicial de San José es también donde se concentran la mayor cantidad de bancos, entidades financieras y prestamistas; de los cuales se genera un importante volumen de las demandas a nivel nacional.
Los casos circulantes de esta materia permanecen altos porque existen muchas dificultades para notificar a los involucrados.
Sólo en 2018 se contabilizaron 99.651 (14,9% del total) casos de cobros en los cuales no se pudo remitir la notificación al deudor por los medios oficiales que establece la ley.
La otra complejidad para este tipo de expedientes es el no pago efectivo por parte de los demandados, este problema entorpece la resolución final y evita que se contabilicen como cerrados. La situación obliga a las entidades financieras a retomar el caso para exigir al deudor que cancele su compromiso.
EF consultó sobre la cantidad de jueces asignados a cobros, pero el investigador Sáenz detalló que no es posible obtener la cifra porque la mayoría de estos funcionarios deben resolver varios casos de diferentes áreas.
