EscucharEl aumento en el costo de los servicios públicos es una acción común a través de los años. En el caso del agua, la tarifa sube unos cuantos colones por metro cúbico (m3), sin embargo, los vecinos de Cartago podrían experimentar incrementos de hasta un 300%, según alertó el alcalde del cantón central, Mario Redondo.
La queja de Redondo -la cual inquietó a los vecinos del cantón- tiene varias aristas por analizar, ya que ese posible incremento no debe ser trasladado obligatoriamente a los abonados. Este caso en específico obedece a cobros retroactivos que el Instituto de Acueductos y Alcantarillado (AyA) tiene que efectuar al gobierno local ante la falta de pago del suministro.
Si bien el AyA no brinda el servicio en esa zona de manera directa a los abonados, sí le da el suministro a la Municipalidad para que se encargue de proveer con el recurso al cantón. De acuerdo con el AyA, dicho gobierno local “nunca” le ha pagado a la institución por el servicio.
“El órgano que administra y regula el agua potable en Costa Rica es el AyA. La institución cubre una gran parte del país, pero aún no tiene capacidad para llegar a todo el territorio, entonces en algunas zonas hay municipalidades y empresas que proveen el servicio”, explicó Mariela Hernández, socia de Impuestos, Energía y Recursos Naturales en la firma Ecija Legal. Lo dicho por la experta se sustenta en la ley constitutiva del AyA.
EF le explica cómo se administra el agua potable en Costa Rica, quiénes pueden prestar el servicio, el establecimiento de tarifas y qué papel juegan los abonados en medio de disputas de cobro entre las autoridades competentes.
Administración del agua
El agua en Costa Rica es considerada un bien de dominio público. El órgano rector de suministro es el AyA y tiene la potestad de delegar a empresas públicas o privadas la prestación del servicio en zonas donde el instituto no tiene cobertura.
Las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Asadas) también forman parte importante en la prestación del servicio en lugares lejanos a la Gran Área Metropolitana (GAM). Dichas asociaciones administran, operan, dan mantenimiento y desarrollan los sistemas de acueductos y alcantarillados en las comunidades donde la municipalidad ni el AyA tienen cobertura.
Aún así, las compañías que brindan el servicio directamente a los abonados deben pagarle al AyA por el uso del suministro.
“La Municipalidad de Cartago nunca ha pagado por el agua que el AyA le ha suministrado. Por esa razón, este año se está regularizando su cobro mensual y realizado el cobro retroactivo desde el mes de noviembre de 1997 a enero de 2025″, informó el instituto.
Las tarifas
La Aresep se encarga de analizar y aprobar los ajustes en las tarifas de los servicios públicos, entre ellos el agua potable. El AyA debe solicitarle a la Aresep el consentimiento para aumentar las tarifas de cobro a los usuarios del servicio y el costo de la venta del recurso a las entidades.
En cuanto se aumenta el costo del suministro, las instituciones que cobran por el servicio pueden hacer el ajuste en el monto y recae sobre ellas la responsabilidad de ejecutar los cobros mínimos que regula la Aresep.
En el caso de Cartago, el AyA no efectuó el cobro durante 18 años por la venta del agua. De manera tal que “actualmente, a un usuario residencial del AyA, que consume 15m3, se le cobran ¢7.865. No obstante, a un usuario de la Municipalidad de Cartago, con ese mismo consumo, se le cobran ¢2.550”, explicó el Instituto.
Hernández añadió que la Aresep establece una tarifa general para el acceso al agua. “Esa tarifa no es la misma para todo el mundo porque los costos varían. El costo para una Asada es muy diferente al costo del AyA, pero las establece la Aresep”.
¿Los usuarios pagarán las consecuencias?
La Municipalidad, Asada o compañía privada es la encargada de fijar la tarifa directa hacia sus abonados. Son esas entidades las que deciden cómo enfrentar los aumentos o -en el caso de Cartago- pagos retroactivos.
De momento, Redondo se enfoca en la búsqueda de la condonación de la deuda y en poner sobre la mesa el provecho que saca el instituto a la provincia con el proyecto Orosi que abastece a la provincia y la GAM.
“Obviamente no podemos asumir el costo (retroactivo). Primero vamos a alegar la prescripción y luego estamos presentando un recurso de revocatoria con apelación”, dijo el alcalde. Además, el diputado Alejandro Pacheco presentó un proyecto de ley para “condonar la deuda principal y sus accesorios”.
El monto que está pendiente de pago es alrededor de ¢20.000 millones entre los cantones de Cartago y Paraíso.
Proyecto Orosi
Uno de los argumentos de Redondo es que el AyA “exprime cerca de 1.800 litros por segundo del proyecto Orosi” que se ubica en Cartago. Para el gobernante, el instituto les está cobrando prácticamente lo que costó el proyecto (cerca de ¢25.000 millones) a pesar de que se usa el recurso de la provincia para abastecer otras localidades del país.
Sin embargo, el órgano es el administrador del proyecto. Si bien se encuentra en la provincia, no es de carácter privado, razón por la que el AyA cobra por el uso y venta del recurso potable.
