EscucharUber empezó a operar en Portugal en 2014, desde entonces la realidad de estos servicios de transporte de personas que se ofrecen mediante aplicaciones móviles bajo el formato de economía colaborativa, no ha sido diferente a lo que sucede en Costa Rica.
El inicio de Uber en ese país europeo también despertó la férrea oposición de los taxistas formales quienes tomaron las calles para manifestarse, el anterior gobierno lusitano declaró “ilegal” este tipo de servicios de transporte en 2015 con base en una sentencia judicial.
Contra todo pronóstico, Uber siguió operando en Portugal -pese a la sentencia- y presentó una apelación. Con la llegada al poder del socialista Antonio Costa, las cosas cambiaron en el nuevo gobierno.
Para entender qué puede aprender Costa Rica de Portugal para regular Uber y otros servicios de transporte que se ofrecen por medio de aplicaciones móviles, EF conversó con Lino Torgal, asesor del Ministro de Transportes de ese país europeo.
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De esta conversación se desprenden cinco puntos clave que se podrían replicar en el país para regular los servicios de transporte de economía colaborativa.
1- Regular mediante proyecto de ley
Torgal relató que el gobierno portugués designó un grupo especializado de funcionarios que crearon un proyecto de ley para regular los servicios de transporte que se ofrecen mediante plataformas digitales.
El proyecto es conocido como “ley de transporte de pasajeros en vehículos ordinarios" (TVDE, por sus siglas en portugués), y fue aprobado por el consejo de ministros en diciembre del 2016; sin embargo, requiere el aval del parlamento para entrar en vigencia.
El asesor del gobierno portugués indicó que esta iniciativa es histórica y coloca a ese país europeo como pionero en la búsqueda de regulaciones para servicios como Uber y Cabify.
2- División social
La idea de regular los servicios de transporte no hace felices a todos los sectores. Mientras que Uber y la española Cabify (otra empresa que opera servicios similares en Portugal) aplauden la idea, los taxistas formales todavía se oponen a la iniciativa.
Para Torgal los servicios de economía colaborativa en transportes, alquiler de viviendas y otros sectores van a cobrar más fuerza con el paso de los años, por lo que no se pueden ver como actividades ilegales.
El gobierno portugués entiende que es mejor regular este tipo de servicios para que cumplan con requisitos, paguen impuestos y garanticen seguridad a los usuarios.
Para lograr el equilibrio social, el grupo que elaboró el proyecto de ley decidió dejar los beneficios fiscales a los taxistas formales y quitarlos a los conductores de Uber.
3- Doble regulación
El gobierno de Portugal promueve un sistema de doble regulación para los servicios de transporte de economía colaborativa.
El primer esquema es la regulación de las empresas que explotan la plataformas digitales -como Uber y Cabify-, estas compañías deben pagar sus impuestos de renta y los diferentes tributos fijos que establecen las leyes lusitanas.
El objetivo es que se garantice la seguridad de los datos de quienes usan las aplicaciones móviles como clientes o como conductores.
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La segunda forma de regulación es directamente al servicio de transporte. Esta parte de la normativa crea requisitos básicos para quienes deseen poner sus vehículos a trabajar en este sistema colaborativo.
Los conductores deben tener una edad mínima de 21 años, los carros una antigüedad máxima de siete años y los choferes deben comprobar conocimientos básicos de la ciudad y el idioma.
4- Sanciones
Como ocurre en todas leyes es necesario crear sanciones para quienes incumplan con los diferentes requisitos.
El proyecto portugués impone multas de entre 5.000 y 100.000 euros para quienes cometan faltas en las condiciones básicas del vehículo o en la prestación de los servicios.
Además, las empresas deben compartir las evaluaciones que hacen los clientes de los conductores cuando se presente una denuncia o experiencia negativa con el fin de que la autoridad decida el monto de la sanción.
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El parlamento portugués espera aprobar la ley en el verano del 2018, pero depende de una resolución que emitirá el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a finales de este año.
En ese fallo judicial se determinará si Uber debe ser visto como una plataforma electrónica o como un operador de transporte de personas.
5- Servicio operará sin ley
“El hecho de que no exista una ley, no quiere decir que los servicios como Uber sean ilegales”, explicó Torgal.
Bajo este concepto el gobierno de Portugal defiende la idea de crear una normativa para regular los servicios de transporte que se ofrecen bajo este modelo y con ello legalizar una actividad que de todas formas va a seguir operando.
El asesor portugués considera que esta es una de las lecciones más importantes que podría aprender Costa Rica, ya que muchos gobiernos en el mundo han utilizado la lógica contraria: si Uber no se regula con ley, no podrá operar.
Torgal sostiene que la economía colaborativa va a existir y cobrará más fuerza en los próximos años, por lo que, si un país declara ilegal a una empresa, inmediatamente vendrán otras que harán lo mismo, pero el fenómeno no va a desaparecer por la ausencia de una ley.
El especialista portugués en regulación sobre transportes se encuentra en el país para participar en el XII Congreso Iberoamericano de Regulación, Infraestructura y Servicios Públicos, organizado por la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
