EscucharEl 25 de febrero de 2023 el presidente Rodrigo Chaves calificaba como “un gran honor” que le hubieran invitado al 50 aniversario de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep). Decía ver en la organización empresarial a una propulsora de “huellas positivas y profundas” en la historia de Costa Rica y a “una columna fundamental de todo lo bueno” que el país ha construido.
El discurso del mandatario se transformó en solo dos años.
Luego de una decisión que le disgustó por parte de los representantes de la Unión de Cámaras en la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Chaves arremetió este 5 de marzo contra la entidad, y la definió como una élite poco representativa, plegada a los partidos tradicionales —especialmente al Partido Liberación Nacional (PLN)— y que solo beneficia a algunas minorías.
Esta no es la primera vez que Chaves manifiesta desavenencias y que la emprende contra quienes le adversan en las juntas directivas de instituciones autónomas o empresas estatales. Ese ha sido un campo de batalla desde mayo de 2022. Sin embargo, esta es la primera vez que la Unión de Cámaras entra en el foco las críticas presidenciales.
Chaves incluso amenazó con impulsar una ley para evitar que Uccaep continúe nombrando a representantes patronales o empresariales en los órganos colegiados de instituciones públicas como la CCSS: un poder que actualmente ostenta, con base en múltiples normativas vigentes, en más de una decena de entidades.
No está claro que el presidente tenga el músculo político para llevar adelante su propuesta de excluir a Uccaep de las juntas directivas de instituciones públicas. Al menos es difícil imaginarlo durante lo que resta de su mandato, con su ínfima representación parlamentaria.
Pero sí hay claridad sobre una nueva situación política: la Uccaep pasó de recibir la mirada benevolente al dedo acusador.
El origen del conflicto
Juan Manuel Delgado, Juri Navarro y Rocío Ugalde, los directivos de la CCSS nombrados por Uccaep, decidieron no oponerse a la posibilidad de que la Caja readjudique la construcción del nuevo Hospital Max Peralta, en Cartago: una posición contraria a los deseos del gobierno, que se opone a la continuidad del proyecto en los terrenos elegidos para ello en El Guarco, y en las condiciones financieras actuales.
La construcción del hospital había quedado en vilo desde septiembre del año pasado, cuando la empresa mexicana que había sido seleccionada para llevar adelante el proceso se había retirado del mismo, argumentando problemas presupuestarios relacionados con la “dramática” apreciación del colón y la “incertidumbre del clima político” en torno a la obra de infraestructura.
En marzo, Delgado, Navarro y Ugalde votaron para que la decisión final de readjudicar o no la obra quede en manos de la Junta de Adquisiciones de la Caja, la cual podría reasignar la construcción a la firma costarricense Van der Laat y Jiménez, que originalmente había quedado en segundo lugar en el concurso público por la licitación.
Chaves criticó dicha postura de los representantes de la Uccaep y, en uno de sus habituales actos de divulgación de información de todos los miércoles, la calificó como “vergonzosa”, “inaceptable”, “irresponsable” y “corrupta”.
Junto a Mónica Taylor, a quien recientemente nombró como presidenta de la Caja, insinuó que la Uccaep había actuado para beneficiar a la empresa Van der Laat y Jiménez; cuya oferta había entrado en el rango de precios que pretendía la Caja en el cartel de licitación, pero había sido $84 millones más cara que la de la empresa mexicana.
Taylor, a su vez, criticó que no se hubieran buscado otras vías para seguir adelante con el hospital, reduciendo su costo, por medio de un nuevo procedimiento de licitación.
En medio de ese contexto fue que el mandatario anunció su deseo de quitar a Uccaep de las juntas directivas de instituciones públicas, a modo de represalia. “Qué vivan las consecuencias”, dijo; y luego prometió su proyecto de ley “para sacar a Uccaep”, “quitarle los privilegios” y “hacer que el sector privado verdadero y legítimo compita entre sí para nombrar representantes en esas juntas directivas”.
También en ese momento Chaves apuntó por primera vez hacia Uccaep como parte de ese grupo de instituciones públicas y privadas que, según él, actúan como ”ticos con corona” y en detrimento del país.
“Aquí, una vez más, me obligaron a denunciar que otro miembro de los hilos de esa red de corrupción es el sector privado grande”, afirmó. Y luego se refirió a Uccaep como “sindicatos de empresarios que lograron que los dos partidos del bipartidismo y el PAC nunca los desafiaran”, y que “les hicieran codueños de la Caja, del INA y la operadora de pensiones de la Caja”, entre otras entidades.
‘Difamaciones’
Uccaep no tardó en reaccionar ante las palabras de Chaves y calificarlas como “difamaciones”.En una carta que envió a las 53 cámaras asociadas a la entidad, la presidenta de la Uccaep, Maritza Hernández, utilizó justamente esa palabra e indicó que la Unión se defendería “en todas las instancias que correspondan”, según publicó el medio Delfino CR.
Esa defensa se tradujo, mediáticamente, en tres comunicados de prensa que fueron enviados a los medios de comunicación los días 5, 10 y 12 de marzo.
En el primero, la Unión de Cámaras defendió la postura de sus directivos en relación con el Hospital de Cartago; y subrayó que el traslado de la decisión de adjudicar o no de nuevo la obra a la Junta de Adquisiciones de la Caja se debía de realizar por tratarse de una discusión técnica y no política, que se escapaba del ámbito de acción de la junta directiva.
En el segundo comunicado, la entidad calificó las acusaciones de que se intentó beneficiar a una empresa constructora en específico como “infundadas” y “malintencionadas”; y subrayó que ninguna de las empresas que calificaron durante el proceso de licitación siquiera eran afiliadas a su estructura.
En ese mismo documento, también negó las acusaciones de estar plegada a algún partido político y aseguró que “quienes participan activamente en Uccaep lo hacen en su condición de ciudadanos y de empresarios independientes”, “no como militantes de ningún partido político”.
Por último, en el tercer texto y definitivo por el momento, la organización informó de que había pedido un audiencia con el presidente Rodrigo Chaves para “abordar temas comunes y fortalecer los espacios de comunicación entre el gobierno y el sector empresarial”. No obstante, no se comunicó avance alguno sobre dicha gestión hasta el cierre de esta publicación.
En ninguno de sus comunicados la Uccaep se pronunció directamente sobre el planteamiento de Chaves de excluirle de las juntas directivas de instituciones públicas. Sin embargo, la entidad sí indicó que seguiría ”cumpliendo con sus deberes”, “sin importar las amenazas, agresiones o falsedades” que se digan en su contra.
Las juntas directivas
¿De qué tamaño es la participación de Uccaep en juntas directivas de entidades públicas y cuáles son las representaciones que Chaves dice querer quitarle?
La participación de Uccaep como responsable de nombramientos en juntas directivas públicas es relativamente baja, según los registros oficiales del Ministerio de Planificación (Mideplán).
La Unión de Cámaras solo tiene participación en cerca de una decena de juntas directivas o consejos de entre más de 300 instituciones que son dirigidas por órganos colegiados en el aparato institucional.
Algunas de sus participaciones más destacadas son en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y su operadora de pensiones; en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA); en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi); en el Consejo Nacional de Concesiones (CNC); y el Consejo Nacional de Salarios (CNS).
Pero también tiene participación en entidades como la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación; en la Agencia Nacional de Gobierno Digital (ANGD); en el Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC); en el Laboratorio Costarricense de Metrología (Lacomet); en el Ente Costarricense de Acreditación (ECA); y en la Comisión Nacional para la Biodiversidad (Conagebio).
En total, hablamos de 12 instituciones con diferentes rangos de autonomía.
En el caso puntual de la CCSS, la representación de Uccaep dentro de su junta directiva se establece en los artículos 6 y 18 de la ley constitutiva de la institución. En ellos se lee textualmente que “el proceso para elegir a los tres representantes del sector patronal será administrado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada“.
Chaves cuestionó esas responsabilidades legales y aseguró que otras cámaras podrían ser igual o más representativas del empresariado costarricense para asumir dichas funciones. A pesar de su discurso del 5 de marzo pasado y de su aviso de que presentaría un proyecto para modificar esa situación, todavía no se registraba ninguna nueva propuesta de enmienda en ese sentido en los sistemas informáticos de la Asamblea Legislativa hasta este 18 de marzo.
Conflictos con directivas
Las juntas directivas de las instituciones públicas, principalmente de las instituciones autónomas, suelen disponer de mecanismos para reducir la injerencia de los políticos de turno en su toma de decisiones.
En la Caja, por ejemplo, la ley plantea una división tripartita de la junta directiva; de modo que las decisiones se daban de tomar por mayoría entre los tres representantes del Poder Ejecutivo, los tres representantes del sector laboral y los tres representantes del sector patronal, nombrados por la Uccaep.
En otros casos como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), los nombramientos de su junta directiva se realizan anualmente; de modo que —al menos en la teoría— no todos sucedan durante los mismos cuatro años de gobierno.
Estos mecanismos, sin embargo, no son infalibles y en los últimos años se han presentado distorsiones.
Por ejemplo, el presidente Rodrigo Chaves y su Consejo de Gobierno han aplicado suspensiones y separaciones de algunos miembros de esas entidades, modificando la composición de las mismas de forma temporal o permanente.
Pero las tensiones actuales de Chaves con Uccaep son mucho más novedosas.
El presidente incluso calificó a la Unión de Cámaras como una especie de órgano que “va junto” al PLN: esa vieja cara política del establishment costarricense a la que suele culpar de la mayoría de los males que vive el país. Para decir eso, usó como argumento que varias personas ligadas a gobiernos y bancadas liberacionistas también han formado parte de la estructura empresarial en los últimos años.
El mandatario incluso criticó que la Uccaep haya premiado al liberacionista Rodrigo Arias, actual presidente de la Asamblea Legislativa, como el funcionario público más destacado del año 2023. Esa fue una distinción que en aquel momento había descrito como un “honor tan grande” y “bien merecido” por parte de Arias, pero que ahora comparó con “darle a una mosca el premio a la higiene”.
El viraje del presidente con Uccaep, tan brusco como el de esas palabras, es de 180 grados.
