El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza 83 operativos en diferentes partes del país y ya detuvo a cinco alcaldes, incluido Johnny Araya, de San José, por un caso de “aparente pago de dádivas y sobornos a funcionarios públicos para obtener beneficios en obras viales”.
La operación policial se denomina como caso Diamante, y en ella también resultaron detenidos los alcaldes Mario Redondo, de Cartago; Alfredo Córdoba, de San Carlos; Humberto Soto, de Alajuela; y Alberto Cole, de Osa.
Glen Calvo Céspedes, fiscal adjunto de la Fiscalía Anticorrupción, indicó que se intentaría detener a 12 personas, entre funcionarios públicos y privados.
De ellos, el OIJ confirmó que 11 resultaron aprehendidos.
LEA MÁS: Caso Cochinilla pone el foco sobre un mercado de obras viales plagado de distorsiones
Las operaciones también implicaron allanamientos en distintos municipios; entre ellos San José, Escazú, Alajuela, Heredia, Cartago, Puntarenas, Osa, Golfito, San Carlos y Siquirres.
También abarcaron casas de habitación de las personas presuntamente involucradas y oficinas institucionales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Según indicaron las autoridades judiciales en conferencia de prensa, el caso se tramita de manera separada al mediáticamente conocido como Cochinilla. Las pesquisas para este nuevo expediente arrancaron en abril de 2019.
Al igual que en esa ocasión, la investigación se realiza bajo sospecha de crimen organizado. Esto permitió realizar intervenciones telefónicas, que permitieron perseguir distintos delitos.
Calvo señaló que los presuntos sobornos habrían abarcado diversos tipos de favores, monetarios y en especie.
Caso Cochinilla
Las autoridades judiciales han desplegado operaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción en la gestión de obra pública desde junio pasado.
Entonces se trató del Caso Cochinilla, sobre la gestión de obras a nivel de administración general.
El día 14 de ese mes se realizaron casi 60 allanamientos en distintas partes del país, y se detuvo a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y representantes de empresas constructoras y laboratorios de calidad relacionadas con trabajos viales.
Entre las personas detenidas estuvieron algunos de los principales funcionarios de Conavi y los dueños de ñ Meco y H Solís, Carlos Cerdas y Mélida Solís.
Las pesquisas judiciales determinaron la aplicación de presuntos beneficios indebidos en el trámite de pagos y procesos de licitaciones, por medio de sobornos de distintos tipos y magnitudes, según indicaron las autoridades entonces.
Noticia en desarrollo