Caso Coopeservidores pasa de la intervención al plano judicial en busca de culpables y de dinero

Por un lado, ya se abrieron causas en el Ministerio Público con el objetivo de sentar responsabilidades por el declive de la institución financiera. Por otro, ya llegan a los estrados los primeros reclamos por parte de asociados que buscan recuperar su dinero.

El proceso de intervención inició luego de que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) detectó inconsistencias en la información de Coopeservidores sobre su cartera de crédito. Esta situación es parte de los hechos que se investigan.

Pero ahora también se suman reclamos relacionados con la validez de productos financieros adquiridos por los asociados, con el nivel de prioridad que ellos tendrán a la hora de intentar recuperar sus fondos, y con la pericia de Sugef y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) para encontrar las faltas en la entidad financiera, entre otras cuestiones.

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Causas judiciales

Según confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público, hay al menos tres expedientes relacionados con el Caso Coopeservidores por la vía penal: un centrado en la administración de la cooperativa; otro, en la fiscalización de Sugef y de Conassif; y uno último, en un caso particular.

• Con foco en Coopeservidores

La primera de las causas (24-000017-0621-PE) la tramita la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual, por el presunto delito de reducción de la pena.

Este expediente se abrió luego de una denuncia por parte de propios asociados de la Cooperativa y posteriormente fue ampliada por Sugef, una vez que inició el proceso de intervención relacionado con las presuntas irregularidades en los registros contables de la entidad financiera en su cartera de crédito.

“La primera denuncia fue hecha por la misma entidad cuando efectuó toda la reclasificación de la cartera (de crédito) en febrero de este año (ordenada por la Sugef)”, describió Marco Hernández, actual encargado del proceso de resolución y administrador de la cooperativa, en conferencia de prensa. “Posteriormente, la Superintendencia hizo una ampliación de la denuncia, pero ya diciendo cuáles eran los posibles responsables de la situación y nosotros, como Interventoría, simplemente vamos a ampliar aún más la denuncia tras una serie de hallazgos”, aclaró.

EF consultó sobre la lista de posibles responsables a Sugef, pero la entidad respondió que no es posible entregar esa información por el momento.

Durante el proceso de intervención, los encargados despidieron sin responsabilidad patronal al exgerente general Óscar Hidalgo, quien acumulaba 16 años en el puesto

Como parte de esta causa, el Ministerio Público allanó las oficinas centrales de la entidad financiera, el 29 de mayo pasado, así como otros inmuebles.

El delito de reducción de la pena se refiere a la alteración de registros contables o al envío de información falsa o inexacta a la Sugef, con el fin de “ocultar la verdadera situación financiera o los riesgos” de una entidad, según la Ley Orgánica del Banco Central (7.558).

Según el Ministerio Público, todavía no hay imputados por esta causa.

• Sobre Sugef y Conassif

El segundo expediente (24-000194-1218-PE) lo lleva adelante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Este organismo abrió sus pesquisas de oficio para investigar si Conassif y Sugef actuaron de forma oportuna para proteger los intereses de los clientes de Coopeservidores o, por el contrario, habrían incurrido en el presunto delito de incumplimiento de deberes.

El artículo 339 del Código Penal (4.537) achaca esa conducta a los funcionarios que, en perjuicio de terceros, “omiten, rehúsan hacer o retardan” algún acto propio de su función.

Esta causa se abrió el 24 de mayo y tampoco tiene personas imputadas, según el Ministerio Público.

La Sugef asegura que no ha recibido notificación alguna hasta el momento, pero que se pondrá a las órdenes del Poder Judicial si se requiere.

• Sobre un particular

Por último, la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José ya había abierto una causa (22-019171-0042-PE) desde el año 2022 en contra de tres personas de apellidos Rodríguez Suárez, Rivera Ortiz y Bastos Ugalde, a quienes se denunció por el presunto delito de falsedad ideológica (emisión de declaraciones falsas en documentos públicos o auténticos).

Según informó Teletica, este caso respondió a la denuncia de un hombre llamado Rafael Núñez, quien alertó de que la cooperativa habría tramitado un crédito a su nombre, por un monto que se entregó a un tercero, a pesar de que únicamente había realizado gestiones para pedir una póliza.

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Reclamos de asociados

El Poder Judicial, sin embargo, no solo tiene en sus manos las causas que buscan sentar responsabilidades. También empiezan a llegar reclamos de asociados afectados, que buscan defender su derecho a recibir dineros prioritariamente o la nulidad de productos financieros adquiridos con la cooperativa de ahorro y crédito.

Por ejemplo, el abogado Kendall Ruiz asegura que en su bufete (la firma Aselecom Abogados) ya se tramitan casos de particulares y de asociaciones solidaristas.

Entre ellos, señaló gestiones en favor de dos asociaciones solidaristas (cuyo nombre se reservó) que tenían invertidos más de ¢3.500 millones en la entidad financiera; así como el de dos particulares, que mantenían otros ¢2.500 millones de ahorros y herencias.

Según dijo, ya presentó demandas civiles en contra de la cooperativa, en nombre de las asociaciones, mediante las cuales se busca que estas tengan prioridad a la hora de recibir recursos que eventualmente se pueda reintegrar a los ahorrantes. “La prelación coloca a los certificados de depósito a plazo (CDP) debajo de los derechos laborales, pero en las asociaciones solidaristas se manejan extremos laborales”, describió.

Además, las denuncias buscan declarar la nulidad de los certificados de depósito a plazo suscritos entre las asociaciones y la entidad financiera, pues se alega que esta habría utilizado información falsa para justificar su solvencia económica. “La misma Sugef ha dicho, interventor ha dicho y Conassif ha mencionado que la información que Coopeservidores daba era falsa, lo cual significa una clara inducción al error del consumidor financiero. Eso significaría que son nulos los CDP y que, por tanto, tendrían que devolver el dinero”, observó Ruiz.

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Otros asociados de la cooperativa, por su parte, aguardan a que las investigaciones penales en curso avancen.

Por ejemplo, los voceros del grupo autodenominado “Dirigentes de inversores y asociados de Coopeservidores” aseguran conocer de las causas abiertas en el Ministerio Público y que, “en el momento oportuno”, esperan constituirse en querellantes y actores civiles para reclamar indemnizaciones.

Luis Marín, inversor y representante, aseguró que este movimiento actualmente reúne a más de 1.600 personas afectadas, principalmente integrado por personas que tenían invertidos más de ¢6 millones en la cooperativa.

“Estamos con posibilidades de perder hasta un 20% de nuestro patrimonio (...) El impacto en el ahorro de nuestras vidas e incluso en la nuestra salud es grave”, comentó.

Según información oficial dada a conocer por la Interventoría, alrededor de 162.000 depositantes tenían ¢6 millones o menos en la cooperativa, y podrían recuperarlos si es necesario utilizar el Fondo de Garantía de Depósitos como última opción de rescate. Sin embargo, otros 5.500 depositantes tenían más de esa suma depositada y deberán esperar a saber cuál es la pérdida definitiva de Coopeservidores en su proceso de cierre para saber si podrán acceder a su dinero, o en qué proporción.

Vías de reclamo

Tanto Ruiz como Marín coinciden en muchas de sus dudas y de sus críticas sobre el caso, tanto aquellas relacionadas con la gestión de Coopeservidores como con la actitud fiscalizadora de Sugef y de Conassif.

Según el abogado, las personas afectadas tienen múltiples vías para defender sus derechos e incluso podrían plantear procesos contenciosos administrativos.

“Cabe la posibilidad de que se pueda presentar un proceso y se pueda determinar algún grado de responsabilidad del Estado. De hecho, la Ley General de Administración Pública determina literalmente que el Estado puede responder de manera objetiva por sus faltas”, explicó. “También, podría determinarse en sede penal un tema de administración fraudulenta por parte de los personeros de la cooperativa, que eventualmente tendrían que responder con su patrimonio”.

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Sugef, sin embargo, ha defendido sus actuaciones.

Durante la conferencia de prensa de este 21 de junio, en la cual se anunció la inviabilidad de Coopeservidores, la superintendente Rocío Aguilar responsabilizó completamente a la administración de la Cooperativa por la imposibilidad de salvarla antes.

“Cuando hay ocultamiento de información, y cuando hay malos manejos de esa información, es muy complejo para el supervisor poder estar viendo ese nivel de deterioro. Se logró ver, exactamente, por una revisión intensa que se hizo de la cartera crediticia”, declaró la jerarca.

El interventor Hernández agregó que ni siquiera habría sido posible plantear un proceso de resolución, para intentar salvar parte de las operaciones de la compañía, si se hubiera actuado demasiado tarde. “Hablaríamos de un proceso concursal (de quiebra)”, añadió.

Ruiz también recriminó que personas involucradas en el proceso de intervención de Coopeservidores, como el interventor titular Marco Hernández y la interventora adjunta Llilieth Brenes, sean funcionarios relacionados con la supervisión de entidades regularmente.

Según dijo, esto podría constituir un “conflicto de interés”. EF consultó sobre esta situación a Sugef y al propio organismo de resolución de Coopeservidores; sin embargo, no se obtuvo una respuesta hasta el cierre de esta edición. En la conferencia de prensa de este 21 de junio, sin embargo, Hernández reconoció que durante sus 35 años como supervisor de Sugef pasó de revisar bancos privados, a bancos públicos y luego cooperativas.