La regla fiscal se introdujo en Costa Rica con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635) del 2018 y, en esencia, se trata de una norma que impone un tope al crecimiento del gasto de acuerdo con la situación del país.

Originalmente, el techo en el aumento del gasto era de un 1,96% para este 2022, con respecto al monto ejecutado por cada institución. Ese porcentaje se fijó con base en el artículo 11 del capítulo IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.636), el cual establece que el crecimiento interanual del gasto total no podrá sobrepasar el 65% del promedio del crecimiento del PIB de los últimos cinco años cuando la deuda pública supere el 60% de la producción, como ocurre ahora mismo.

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El decreto que firmó Chaves modifica esa base y ahora se medirá con respecto al monto total presupuestado.

Por ejemplo, si en un año una entidad recibe ¢100 pero solo ejecuta ¢90, para el siguiente periodo solo podría aumentar el gasto en 1,96% de esos ¢90, es decir, crecería a ¢91,8 aproximadamente. Pero ahora la referencia serán los ¢100, por lo que el margen de gasto aumentaría a casi ¢102, aunque se dejó parte de ese presupuesto sin ejecutar.

Para José Luis Arce, economista y director de FCS Capital, el cambio es una “mala señal” para las aspiraciones de consolidación fiscal.

“Si yo ahora aplico la regla sobre el presupuesto estoy abriendo un espacio adicional de gasto que en algunos casos puede ser significativo”, aseguró Arce, quien cree que el cambio socava el principio de la regla.

Chaves argumentó en su declaración que la nueva forma de medir “le quita una amarra” a las instituciones. Expuso que, sin este cambio, algunas de ellas no iban a poder pagar salarios.

“Como el cumplimiento se hacía sobre lo gastado y había una subejecución, se gasta menos cada año, cada vez se iba en una cuesta hacia abajo”, declaró el mandatario ante los medios.

En noviembre del 2019, al asumir como ministro de Hacienda, Chaves manifestó en entrevista a este medio que la regla fiscal se debía aplicar de manera estricta.

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Más cauto se muestra José Manuel Arias, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, quien manifestó que es una decisión compleja pero comprensible, pues el gasto público es una herramienta en situaciones de bajo crecimiento o recesivas. Sin embargo, puso el foco hacia el futuro.

Arias admitió que existe un riesgo de aumentar el déficit fiscal, pero todo dependerá de cómo se gestione el financiamiento de ese incremento en el gasto.

“Hay que mantenerse vigilantes de cómo van a financiar ese incremento. Se podría mejorar la recaudación sin tener que crear ningún impuesto”, dijo el académico.

Ambos economistas tienen visiones diferentes sobre la naturaleza de la regla fiscal.

Arce criticó que existe poco entendimiento de esta norma y una aplicación “ingenua”. Además, argumentó que, aunque se establece un límite en el crecimiento del gasto, se pueden reasignar partidas de gasto.

Por su parte, Arias comentó que la regla fiscal cumplió su papel en el 2018 para frenar el crecimiento del déficit, pero abogó por la flexibilización para dar un empuje a la producción nacional en el contexto actual. “Las medidas económicas no pueden ser de hierro”, aseveró.

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Sobre la regla fiscal vuela una alta presión política. Varias entidades han pedido ser eximidas de ese mecanismo. Las municipalidades, por ejemplo, están exentas de la regla fiscal y esta decisión motivó, en parte, la salida de Chaves del Ministerio de Hacienda en el 2020.

Arce cree que el decreto firmado por el mandatario podría abrir el portillo para nuevas excepciones. No obstante, el economista adujo que el problema de fondo es el mal diseño presupuestario del país, que necesita una reforma, según su criterio.

“Que tantos sectores argumenten que no tienen recursos a partir del segundo semestre no es problema de la regla fiscal, es que el presupuesto 2022 no fue diseñado para ser completo”, precisó.

Más salario para ministros

Este jueves 23 de junio se publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto que oficializa el aumento en el salario de los ministros y viceministros, una decisión que Chaves había adelantado días atrás.

Los ministros percibirán ¢2.681.745 al mes, mientras los viceministros recibirán ¢2.573.768. Eso significa un incremento del 100%, pues el salario era de ¢1,3 millones.

Antes de asumir la Presidencia, Chaves había criticado que el “bajo” salario era una limitante para estos cargos.

Los economistas coincidieron en que el aumento de salario es justificado por las responsabilidades que tiene el cargo y que no genera una subida excesiva en el gasto, pero mostraron sus dudas de si se trata del momento correcto.

“La pregunta es si es el momento político correcto y si la forma es la correcta o no”, cuestionó Arce, para quien es un tema de autoridad moral que podría desembocar en peticiones de aumentos de otros sectores.

La crítica por el “bajo” salario de los jerarcas no es nueva; es un tema que data del Gobierno de Óscar Arias (2006-2010), recordó el profesor.