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El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se comprometió con la posibilidad de actuar como fiduciario del Fondo Nacional de Avales y Garantías, sin que ello represente un costo adicional para Costa Rica o eventuales restricciones en el manejo de información sobre los dineros de la iniciativa.
El fondo pretende utilizar $300 millones de un préstamo con la entidad centroamericana, para apoyar a empresas afectadas por la pandemia del nuevo coronavirus que necesiten nuevos créditos o readecuaciones de operaciones más viejas.
La posición del BCIE la indicó Mauricio Chacón, oficial jefe de la entidad en Costa Rica.
Él estuvo este martes en audiencia con los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios; y aseguró que el banco tiene total disposición de apoyar al Gobierno de la República en esta tarea. Para ello solo requeriría el aval definitivo del Directorio del Banco, una vez que Costa Rica le solicite la gestión.
La tarea del BCIE como fiduciario se reduciría al resguardo de los recursos y su giro a las entidades financieras costarricenses que renegocien o faciliten financiamientos, en caso de que el beneficiario de la operación no pueda hacer frente a sus obligaciones.
“Básicamente ese es el rol que tendríamos en el contexto de ser fiduciarios: un rol pasivo de administrar los recursos que serían pagados a las instituciones financieras, una vez que las autoridades nacionales determinen que es necesario que se realice dicho desembolso”, describió.
Inicialmente, el Gobierno propuso como fiduciario al Instituto Nacional de Seguros (INS); sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) determinó que eso excedía sus competencias.
Más tarde se intento trasladar la administración completa de los recursos al Ministerio de Hacienda; sin embargo, la idea disgustó a los diputados y otros actores.
En la última versión enviada por el Ejecutivo se agregó al BCIE en ese papel.
El proyecto de Ley de creación del Fondo Nacional de Avales y Garantías para el apoyo a las empresas afectadas por la COVID-19 y la reactivación económica (22.144), entró en corriente legislativa desde el 12 de agosto de 2020.
En aquel entonces se anunció como una de las principales soluciones en materia de desempleo, que recién alcanzaba los niveles más apabullantes (una tasa de 24%), tras el primer trimestre de impacto de la pandemia de COVID-19 en el país.
No obstante, su trámite en el Congreso ha sido lento y, casi 10 meses después, apenas avanza con audiencias a partes involucradas.
Las principales trabas de la iniciativa han estado relacionadas con la construcción del andamiaje legal necesario para la administración de los recursos.
Esto implicó el envío de hasta tres versiones del proyecto, por parte del Ejecutivo, al Congreso.
También impidió su avance el análisis de otros proyectos prioritarios como presupuestos y créditos con entidades multilaterales.
Según el presidente Carlos Alvarado, la iniciativa permitiría a alrededor de 18.000 empresas “acceder a un préstamo a pesar de no contar con una garantía ante el banco”; mientras que el ministro de Hacienda, Elian Villegas, ha dicho que el proyecto permitiría a los bancos colocar unos $3.000 millones que actualmente no pueden otorgar por falta de garantías
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Pese a los atrasos, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, dijo a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, el 26 de febrero pasado, que poner en marcha el Fondo no tomaría más de dos meses, pues ya existe “trabajo adelantado con los reguladores”.
Los recursos se otorgarían a empresas que han tenido afectación económica producto de la pandemia, que efectúen sus operaciones en el territorio nacional y que asuman el compromiso de mantener el empleo al menos al nivel existente al momento de recibir el crédito avalado y durante su plazo.
Evitar conflictos
Chacón señaló que el BCIE tiene amplia experiencia en la administración de fondos y fideicomisos, y que su actuación como fiduciario además permitiría evitar conflictos de interés que podrían ocurrir si el Fondo lo administra una entidad local que también tenga acceso a dineros relacionados con el cobro de operaciones involucradas.
“El BCIE fungiría como fiduciario, pero no sería fideicomisario de avales”, comentó.
También indicó que el fideicomiso mantendría toda la supervisión de los organismos fiscalizadores del país.
Pese a ello, Chacón señaló que la decisión final de quién resulte como fiduciario estará siempre en manos de las autoridades costarricenses.
La administración operativa del fondo de avales quedaría en manos de un Consejo Rector que, según la redacción actual del proyecto de ley, estaría conformado por cinco representantes: tres serían el Ministro de Hacienda, el Ministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Ministro de Planificación Nacional y Política Económica; y otros dos miembros serían integrantes externos “con experiencia en materia bancaria, financiera y empresarial” nombrados por el Poder Ejecutivo.
El Fondo prevé hasta un 70% de cobertura de la pérdida máxima esperada con las operaciones crediticias que se otorguen en un período máximo de 18 meses. Estas operaciones no podrían superar los 15 años de plazo, plazo máximo del Fondo.
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El fondo de avales se financiaría con $300 millones de un crédito en proceso de aprobación legislativa con el BCIE. Este se negoció a 20 años plazo, con cinco años de gracia, y una tasa que actualmente no superaría el 3% (condiciones bandas).
El crédito incluye una comisión de compromiso de 0,25% por año sobre el saldo no desembolsado del préstamo y una comisión de diseño del 0,25% sobre el monto total del préstamo.
El proyecto crediticio incluyó una cláusula para que, “en caso de no aprobarse dicha ley”, los recursos se utilicen en el pago del servicio de la deuda.
