EscucharEl Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó este 16 de agosto un crédito por $290 millones para Costa Rica. Los recursos son parte del programa de Programa de Operaciones de Políticas de Desarrollo (OPD) y se podrían utilizar para apoyo presupuestario.
Estos recursos son la segunda operación que se realiza para Costa Rica como parte de ese programa. El BCIE ya había aprobado $250 millones por esa vía, más $50 millones adicionales ante la emergencia del covid-19, en julio de 2020. La aprobación legislativa de ese empréstito llegó en el segundo trimestre de 2021, pero la aplicación final del dinero no se ha concretado.
Los recursos de esa operación inicialmente se plantearon para la constitución de un fondo de avales y garantías en beneficio de empresas afectadas por la crisis sanitaria. Sin embargo, dicho proyecto nunca se puso en marcha y ahora la nueva administración impulsa un cambio de destino de los recursos, de modo que se empleen para sustituir necesidades de deuda interna (más “cara”).
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$30 millones de ese primer crédito sí fueron utilizados oportunamente y se redirigieron a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por un compromiso de la anterior Administración, que se comprometió a otorgar hasta un 10% de todos los créditos internacionales que adquiriese a dicha entidad. Los restantes $270 millones son los que siguen ociosos, a la espera de una resolución legislativa sobre el futuro del dinero.
Al igual que el destino de esos recursos, la aprobación del nuevo empréstito quedará en manos del Congreso, una vez que el Poder Ejecutivo presente el contrato definitivo para su estudio. Según indicó el BCIE, el dinero podría plantearse directamente para apoyo presupuestario y para el pago de deuda, si así lo dispone el Gobierno; no se dirige a ningún proyecto específico.
Condiciones blandas
El nuevo crédito aprobado por el BCIE ofrece condiciones blandas. Se extendió a 20 años plazo y plantea cinco años de gracia; con una tasa líbor a seis meses, más un margen fijo de 2,4 puntos. Las condiciones son similares a las aprobadas para la operación anterior, cuyo uso sigue pendiente de definición.
De aprobarse la nueva operación crediticia y el cambio de destino de los recursos originalmente pensados para el fondo de avales, el Gobierno entonces tendría acceso a $560 millones para aliviar sus necesidades fiscales en el corto plazo.
El director por Costa Rica ante el BCIE, Alberto Franco, afirmó a través de sus redes que el crédito ayudaría al país “en sus esfuerzos por consolidar las finanzas públicas, mitigar el impacto económico y social por la pandemia, descarbonizar la economía, y apoyar a las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas)”.
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El ministro de Hacienda Nogui Acosta afirmó en junio pasado que el Gobierno tenía en marcha la negociación de ocho créditos de apoyo presupuestario con entidades multilaterales por $1.610,8 millones para este y el próximo año. Entre ellos, indicó la existencia de uno por $250 millones con el BCIE.
Dicho monto finalmente se amplio pero por iniciativa del Ministerio de Hacienda, según afirmó el subdirector de Crédito Público, Melvin Quirós, al respecto.
Aquel resumen lo había hecho a través del oficio DM-1040-2022, dado a la diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN). Según dijo entonces el jerarca de Hacienda, los recursos de estos empréstitos le permitirían al Gobierno un manejo más eficiente a la deuda pública, “disminuir su costo y el peso que tiene en el gasto”.
Los recursos ayudarían, en parte, a hacer frente a altos vencimientos de deuda pública en dólares que están pactados para los próximos años. Según ha dicho Acosta, el Gobierno Central necesita unos $14.000 millones para dichas obligaciones en los próximos cuatro años y por eso también se impulsa un proyecto de ley para emitir hasta $6.000 millones en títulos valores de deuda externa durante los próximos cinco años, sin presionar de más las tasas de interés y el tipo de cambio locales.
Solo en enero próximo, el Estado debe enfrentar un vencimiento por $1.000 millones de un bono colocado en el exterior en 2012.
