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Las intenciones del Gobierno de aprobar antes de julio el paquete de siete proyectos que conforman el paquete negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contrasta con la realidad legislativa. La aspiración del Poder Ejecutivo es que se conviertan en leyes a mediados de año, no obstante, el 86% aún se encuentran bajo el escrutinio de tres comisiones legislativas.
Precisamente este es uno de los primeros peldaños que los textos deben superar antes de convertirse en ley.
De siete iniciativas solo una lleva la delantera, se trata del proyecto de Ley Marco de Empleo Público (expediente N° 21.336), que ya se encuentra en el Plenario y que en la cuarta semana de marzo los diputados discutieron las mociones de reiteración vía artículo 138.
El paquete de proyectos se encuentran repartidos en tres comisiones: Asuntos Hacendarios, Asuntos Jurídicos y Asuntos Económicos.
“Este año por lo menos todo lo que corresponde a las sesiones extraordinarias se va a priorizar la agenda relacionada con el Fondo Monetario Internacional, y para nosotros es un tema central a discutir en el marco del próximo 1.° de mayo”, aseguró Enrique Sánchez, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) e integrante de la Comisión de Jurídicos, grupo donde se analizan tres de los seis textos.
Los proyectos enfrentan el reto de que se analizarán en un clima complejo por las presiones que conlleva el crédito con el multilateral, el ajedrez por la elección del próximo Directorio Legislativo y los vientos preelectorales.
Tramitomanía
A pesar de la premura que existe, el plan que negoció el Gobierno con el multilateral podría tener un largo camino por delante.
Este fue el caso del proyecto Ley Marco de Empleo Público (expediente N° 21.336) que ingresó a la corriente legislativa en abril de 2019 y tardó casi dos años en arribar el Plenario; pues la Comisión de Gobierno y Administración terminó de analizar el texto hasta el nueve de marzo de 2021.
Las iniciativas llevan el trámite adecuado, a criterio del jefe de la bancada oficialista. “En primer lugar nuestra urgencia era aprobar las consultas y audiencias necesarias para aclararlos, en el caso de la Comisión de Jurídicos ya empezamos a recibir audiencias, ya estuvo el Ministro de Hacienda, el Presidente del Banco Central y tenemos pendiente la audiencia de la Ministra de Planificación”, agregó Sánchez.
A pesar de que Sánchez afirma que se está priorizando la agenda para que el paquete no sea entrabado, Silvia Hernández, diputada liberacionista y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, afirma que no se dio un acercamiento de parte del Poder Ejecutivo para dar un trámite ágil.
“Me llama la atención que en paralelo a la intención de tener, dicho por el propio Gobierno de la República, proyectos aprobados con una fecha específica de muy corto plazo, en el mes de julio, nunca se negoció ni se hizo un acercamiento para tratar de tener un proceso abreviado en algunos de esos proyectos”, acusó Hernández.
Las iniciativas caminan al ritmo propio de una comisión legislativa, Hernández estima que si se hacen varias consultas no se va a avanzar mucho de aquí a mitad de año. Este podría ser el caso proyecto Ley de Renta Global Dual (expediente N° 22.393), una iniciativa que pretende hacer modificaciones sustantivas en la Ley del Impuesto sobre la Renta (N° 7.092) para pasar de un sistema cedular a uno global y que no está exenta de consultas.
De momento la única posibilidad que se vislumbra en el camino es aprobar dos proyectos: la reforma al empleo público y el crédito de Servicio Ampliado por $1.778 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según manifestó el jefe de fracción de la bancada rojiamarilla.
A Hernández le preocupa que el crédito con el FMI se apruebe antes que la reforma al empleo público y eso le quite presión, por eso su aspiración es que el expediente 21.336 se apruebe primero como la única medida de contención del gasto público.
Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, la reforma al empleo público tendría un rendimiento anual del 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, el Poder Ejecutivo no ha dado a conocer los rendimientos que tendría la reforma en diferentes escenarios, por ejemplo, en caso de que se excluyan las municipalidades o las universidades.
Seis proyectos en tres comisiones
Las seis iniciativas se encuentran dispersas en tres comisiones, pues el Gobierno tampoco barajó la posibilidad de crear un grupo especial para analizar el paquete de proyectos, señaló la presidenta de Hacendarios.
Cuando se discutió la hoy Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, una iniciativa esencial para sanear las finanzas públicas, sí se organizó una comisión especial para su análisis.
Haber creado un foro especial para la discusión y el análisis habría facilitado el trabajo a lo interno de la corriente legislativa.
Dos de las iniciativas más fuertes se encuentran en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Se trata del proyecto de ley del préstamo con el FMI por $1.778 millones (expediente N° 22.433) y del proyecto Ley de Renta Global Dual (expediente N° 22.393).
En la Comisión de Jurídicos se encuentra la mitad del paquete y ahí se analizan el proyecto Impuesto a Inmuebles de Lujo para Uso Habitacional, Ocasional o Recreo (expediente 22.382), y el Proyecto Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas de Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal (expediente 22.369) y el proyecto Ley de Impuesto Especial sobre los premios de Lotería y Otros Juegos de Azar que Venda, Distribuya o Comercialice la Junta de Protección Social (expediente 22.354).
Mientras que el proyecto Ley de Aporte Solidario y Temporal sobre la Utilidad de las Empresas Públicas al Pueblo Costarricense para el Ajuste Fiscal (expediente 22.384) está a cargo de la Comisión de Económicos.
Parte de la estrategia del Gobierno es aprobar estas iniciativas para generar ingresos frescos, y con otras medidas de contención (como el recorte del gasto primario por ¢170.000 millones para el presupuesto 2022), lograr un balance primario del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) al 2023.
Este es el año clave para la economía costarricense pues el objetivo no solo es lograr el ajuste, sino que se detenga el crecimiento de la deuda y que comience a decrecer.
Para el 2025 la deuda del Gobierno Central llegaría al 84% de la producción nacional, si el país no toma medidas para contener el gasto y no genera ingresos frescos, según estimaciones del Ministerio de Hacienda.
