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El presupuesto extraordinario para el 2020 recibió el aval del plenario legislativo, en primer debate, la tarde de este miércoles. Este proyecto de ley le concederá al Gobierno ¢150.000 millones para subsidios a personas afectadas por el impacto económico del coronavirus y ¢273.350 millones para mejorar el perfil de la deuda pública.
El presupuesto, cuyo monto total es de ¢368.578, millones contó con el voto favorable de 41 diputados y el rechazo de un legislador. La votación en segundo debate está programada para este viernes 24 de abril.
El texto fue presentado por el Gobierno apenas el pasado 8 de abril y superó el trámite legislativo por la aplicación de un mecanismo de trabajo que acelera la discusión y votación de los proyectos en la coyuntura de la urgencia que plantea la crisis provocada por el coronavirus.
Esta iniciativa se nutre de ¢1.804 millones de ingresos extraordinarios aportados por la Cancillería, ¢290.710 millones provenientes de créditos de apoyo presupuestario con organismos internacionales y ¢84.564 millones de rebajas y reajustes presupuestarios.
Los recursos generados se repartirán en tres rubros: financiamiento para los bonos de ayuda económica (subsidios), mejorar el perfil de la deuda pública y reforzar el presupuesto del Ministerio de Salud.
¢150.000 millones se utilizarán para entregar bonos “Proteger” −de ¢62.500 y ¢125.000 mensuales− a 400.000 personas durante tres meses, según las proyecciones del Gobierno.
Este rubro se nutrirá de ¢74.000 millones obtenidos en reajustes de partidas del Gobierno, ¢74.000 millones del préstamos aprobado por la Asamblea Legislativa con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y ¢1.800 millones devueltos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
“Estos recursos para la atención de la emergencia van a poder ser utilizados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para los subsidios de las personas que perdieron sus trabajos, que les suspendieron sus contratos temporalmente o que vieron su jornada reducida”, indicó María Inés Solís, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Otro monto por ¢273.350 millones de utilizará para cambiar deuda cara por deuda barata, lo que se conoce como mejorar el perfil de ese rubro.
El Ministerio de Hacienda recibirá estos recursos producto de préstamos de apoyo presupuestario aprobados por el Congreso, con la CAF por ¢216.000 millones y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por ¢57.200 millones
Los legisladores también destinarán ¢2.430 millones para fortalecer el presupuesto del Ministerio de Salud durante la emergencia sanitaria.
Discusión y señalamientos
Como parte de la discusión en el plenario, los congresistas rechazaron una moción de José María Villalta, diputado del Frente Amplio (FA); quien pretendía dar ¢30.000 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Carlos Avendaño, jefe de fracción del Partido Restauración Nacional (PRN), pidió al Gobierno fortalecer las señales y las acciones para contener el gasto en partidas superfluas.
“El Ejecutivo debe dar mayores muestras de contención del gasto. Debe zocarse la faja aún más en rubros que no sean vitales para el funcionamiento de las instituciones”, apuntó el legislador.
Mientras que Ana Lucía Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Hacendarios, hizo una serie de señalamientos al Gobierno sobre vacíos que se encontraron en el primer presupuesto extraordinario.
“Se retiran ¢500 millones al Ministerio de Salud, en momentos en que enfrentamos una crisis sanitaria; tampoco se encontró la reglamentación para la entrega de subsidios a las personas trabajadoras afectadas por el COVID-19. La Contraloría General de la República (CGR) alertó sobre la ilegalidad de incluir el tema de las anualidades cuando aún el Congreso no ha aprobado el expediente 21.917”, apuntó la legisladora.
Delgado fue enfática en afirmar que se trata de un “presupuesto atípico que se genera ante una situación atípica”, pero que no tienen claridad del contexto ni de la ruta que seguirá el Ejecutivo para la atención sanitaria ni para la reactivación económica.
El pleno legislativo también aprobó una moción para dispensar de todo trámite −y acelerar el paso− a un crédito por $380 millones con el BID y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
Se trata del préstamo que el Gobierno negoció inicialmente para financiar el plan de descarbonización, pero que debido a la emergencia se redirigirá a una inyección de recursos para generar liquidez.
