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La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la ‘NICA Act’, una ley que busca limitar el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales, un duro golpe para la economía que aumenta las presiones sobre el gobierno de Daniel Ortega.
Con la aprobación, este martes, por la Cámara de Representantes, la ley conocida como NICA (Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua) concluye un largo tránsito por el Congreso estadounidense, con algunas enmiendas y queda lista para que sea firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump.
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La ley busca condicionar los préstamos que el gobierno nicaragüense pida a instituciones financieras internacionales a la aprobación de Estados Unidos.
El otro componente de la ley NICA se refiere a las sanciones a personas vinculadas directamente con el gobierno y que han participado en violaciones de derechos humanos o en abusos de autoridad, explicó Manuel Orozco, experto del centro de análisis Diálogo Interamericano.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía nicaragüense sufrirá una contracción del 4% en 2018 después de haber registrado un crecimiento de 4,9% en 2017.
"El objetivo de la presión internacional es que el gobierno se siente a negociar", estimó Orozco, quien explicó que las sanciones muchas veces tienen impactos diferidos.
Las protestas antigubernamentales, que han dejado 320 muertos según grupos humanitarios y 198, según las autoridades, iniciaron el pasado 18 de abril contra una fallida reforma al seguro social y evolucionaron hacia un movimiento para pedir la salida de Ortega, un exguerrillero a quien sus críticos acusan de instalar una dictadura junto con su esposa Rosario Murillo.
Rechazo al régimen de Ortega
La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, impulsora de la iniciativa, indicó que con la aprobación “el Congreso dio un salto adelante para responsabilizar a Ortega y sus títeres por los abusos cometidos”.
Para Ros-Lehtinen, la primera cubana-estadounidense elegida en el Congreso, “Estados Unidos ha respondido al llamado del pueblo nicaragüense y continuará haciéndolo en apoyo de las necesarias reformas electorales y de derechos humanos”.
La congresista había explicado, hace semanas, que el objetivo de fondo de la ley es que ninguna nación sea “cómplice en permitir que Ortega use dinero internacional para subsidiar sus tácticas represivas”.
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“La aprobación de la ‘NICA Act’ muestra que el Congreso de Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados mientras el régimen de Ortega continúa su campaña dictatorial de ejecuciones extrajudiciales y de represión contra el pueblo de Nicaragua”, apuntó el senador demócrata Bob Menéndez.
Para Orozco, este tipo de sanciones “lo que hace es decirle a la comunidad internacional que este es un país que no está en congruencia con las normas internacionales de democracia y de derechos humanos”.
Estas sanciones apuntan a "generar ese punto de transición que necesita un país como Nicaragua", agregó el experto.
El proyecto de ley ya había sido aprobado por unanimidad por el Senado de Estados Unidos el 27 de noviembre, con una enmienda del senador Menéndez, por lo que debió volver a pasar por la Cámara de Representantes.
A finales de noviembre Estados Unidos aumentó su presión contra el gobierno de Ortega, con sanciones económicas contra dos altos funcionarios, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, y el asesor de seguridad nacional Néstor Moncada.
Según dijo el gobierno estadounidense cuando se aprobaron estas sanciones, las normas están orientadas a "responsabilizar al régimen de Ortega por las protestas violentas y la corrupción generalizada que han llevado a la muerte de cientos de nicaragüenses inocentes".
Este miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que negará la entrada al país a Roberto José Rivas, expresidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua.
