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Mientras el Poder Ejecutivo se aferra a incorporar solo a los futuros funcionarios públicos dentro de la categoría de salario global, dos abogados constitucionales afirman que sí es posible aplicar este esquema a los empleados actuales. Este martes 03 de noviembre ocho diputados de la Comisión de Gasto y Administración aprobaron una moción que sí incluye a los funcionarios actuales dentro de ese esquema salarial.
Este grupo de diputados es el que analiza el Proyecto Ley Marco de Empleo Público (21.336) con el que se pretende una reforma al empleo público.
Este cambio sería fundamental para contribuir con la crisis fiscal pues si se aplica la reforma solo para los nuevos funcionarios, el país obtendría beneficios en 12 o 14 años, indicó Rubén Hernández, abogado constitucionalista.
La moción que se aprobó este martes se presentó mediante un texto sustitutivo del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
“Esto es básicamente una de las partes más importantes de ese proyecto y de no haberse aprobado el proyecto básicamente debió ser archivado. Esta moción resguarda a la administración de problemas de indemnización, establece los plazos adecuados para defender los derechos adquiridos de los trabajadores y no generar injusticias”, manifestó el diputado socialcristiano, Pablo Heriberto Abarca.
El Poder Ejecutivo ha mostrado prudencia en incluir a los funcionarios actuales en la categoría de salario global, pues teme demandas por indemnizaciones. El pasado 29 de setiembre el presidente de la República rechazó la idea, según publicó el diario La Nación.
“Como exministro de Trabajo, creo que eso abriría un frente legal sobre los temas de derechos adquiridos, que yo sé que eso está en el ámbito de la discusión, pero no terminaría de resolverse con el proyecto de ley. Eso probablemente se terminaría resolviendo en un litigio. Yo creo que con que un litigio en esa materia fuera favorable, podría convertirse en 350.000 litigios favorables”, manifestó Alvarado durante una conferencia de prensa el 29 de setiembre.
Factor constitucional
EF consultó a dos abogados constitucionalistas quienes consideran que sí es posible incluir a los funcionarios actuales dentro de la categoría de salario global.
“Desde luego que es legal, no hay ninguna razón para que no sea legal, porque las formas de calcular el salario son meras expectativas de derecho. Lo que no se puede es modificar el salario actual, no puede rebajarse; pero a futuro se pueden reformar y derogar todos los pluses salariales que no son derechos adquiridos porque son simples expectativas de derecho”, dijo Hernández.
Esto significa que si un funcionario gana ¢200 y ¢100 son por pluses salariales, esta última cantidad no se puede rebajar. Con el salario global se congelaría ese monto total y solo se daría aumentos por incremento en el costo de la vida.
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Rebajar el salario iría en contra del artículo 34 de la Constitución Política pues esta norma prohíbe dar efectos retroactivos a las leyes en perjuicio de derechos adquiridos. En este caso no se eliminarían los pluses ni se tendrían que devolver, solamente se dejarían de pagar.
Los derechos adquiridos se obtienen de contratos, actos administrativos firmes o de una sentencia pasada en autoridad juzgada; nunca vienen de una ley o un reglamento, explicó Hernández.
“Si los derechos adquiridos se obtuvieran por ley o reglamento entonces la asamblea legislativa solo podría dictar nuevas leyes porque nunca podría reformar ni derogar leyes anteriores, porque siempre habría alguien alegando derechos adquiridos al amparo de esa ley”, agregó.
Incluir a los empleados públicos actuales en la categoría de salario único es un tema con zonas grises y que estaría sujeta a la interpretación de la Sala Constitucional, considera Esteban Alfaro, doctor con especialidad en derecho administrativo y constitucional.
Él sí cree que puedan incluirse dentro de la reforma pero la decisión depende del criterio de los magistrados.
La Sala Constitucional tiene pendiente resolver acciones que los sindicatos presentaron contra de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635) por la aplicación de incrementos salariales de forma nominal y no salarial.
La respuesta que brinde la Sala IV marcará una línea, será fundamental para sentar un precedente y ver qué opinan los magistrados sobre este tema, mencionó Alfaro.
“Las salas constitucionales del mundo tienen que interpretar las normas de acuerdo a la realidad social, política y económica del momento ¿En qué momento nos encontramos? En una coyuntura económica sumamente complicada que si no se toman acciones para paliarlas nos lleva la trampa”, agregó Alfaro.
¿Qué pasa con las convenciones colectivas? En caso de que se incluyan a los funcionarios actuales en el esquema de salario único, estas deberían dejar de celebrarse ya que de lo contrario se desangrarían los beneficios obtenidos en cuestión de dos o tres años, según Hernández.
La propuesta
El texto sustitutivo que planteó el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, junto a los independientes Dragos Donalescu y Jonathan Prendas pretende un traslado voluntario al esquema de salario global y aplicaría para todos los funcionarios, nuevos y actuales.
El transitorio XI indica que los servidores públicos que al momento de entrada en vigencia de la ley devenguen un salario menor al que les correspondería como global, pueden trasladarse de manera voluntaria; en caso de no hacer el traslado voluntario continuarán en el régimen salarial actual hasta alcanzar el salario global.
A partir de ese momento migrarían automáticamente y solo recibirían aumentos salariales por el incremento en el costo de vida. El traslado voluntario podrá hacerse en los primeros seis meses una vez implementado el esquema de salario global, según consta en la iniciativa.
En el caso de los servidores que posean incentivos, pluses o remuneraciones adicionales y que hayan sido negociados en una convención colectiva o en contratos particulares se respetarán hasta que finalicen los plazos de dichos instrumentos.
Por su parte la diputada liberacionista Silvia Hernández ha cuestionado la posición del Ejecutivo de no querer aplicar este esquema salarial a los funcionarios actuales.
Presentar un estudio técnico que avale la afirmación de que sería más oneroso para el Estado pagar indemnizaciones por aplicar el salario único a los empleados públicos actuales es una de las solicitudes que solicita la congresista verdiblanca.
“Sobre las demandas que resulten en indemnizaciones creo que aquí nadie está cerrándose los ojos a discusión más amplia, pero sacar un número de que eso podría representar 3% o 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) sin demostrarlo no es de recibo. Si se pone sobre la mesa un estudio técnico, perfecto”, explicó Hernández.
