En un nuevo episodio del largo pulso por el mercado de transporte de personas, el Consejo de Gobierno acordó “instar una vez más a la empresa Uber y a otras empresas que operan plataformas tecnológicas en la prestación de servicio de transporte público de personas, a abandonar su operación hasta tanto no se defina la revisión y o modernización del marco legal existente del transporte remunerado de personas”.

Aunque el pronunciamiento fue recibido con celebraciones por parte de los taxistas, Uber parece poco inclinada a cerrar operaciones en el territorio nacional. En un comunicado de prensa, la firma recordó que se considera como una comunidad de autoabastecimiento legalmente constituida, "que cumple con todas sus obligaciones legales desde su primer día en Costa Rica”.

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“En nuestros primeros tres años en Costa Rica, nuestra plataforma se ha convertido en una fuente de ganancias para las familias de más de 22 mil socios colaboradores que han encontrado en Uber una opción para hacerle frente al costo de la vida. Estas miles de personas no pueden dejar de generar ingresos en espera que se emita una regulación”, aseguró Andrés Echandi, gerente general de Uber para Centroamérica.

La compañía Uber ya ha enfrenado situaciones similares -y quizás más apremiantes- en otros países de la región como Argentina donde existe una férrea oposición del Gobierno y de los taxistas contra las operaciones de la firma estadounidense, pero la app mantiene sus servicios.

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Uber reclacó que actualmente cuenta con más de 783.000 usuarios activos en Costa Rica y que siempre ha manifestado al Gobierno sus intenciones de trabajar para crear una regulación como ha ocurrido en 132 jurdisdicciones alrededor del mundo.

Camino nublado

Uber empezó operaciones en Costa Rica el 21 de agosto del 2015 y luego de tres años en el país, ya cuenta con 21.000 conductores y casi 800.000 usuarios que contratan servicios de transporte mediante la app.

Diferentes pronunciamientos del Gobierno señalaron en el pasado que los servicios de transporte que opera Uber en el país son “ilegales”.

El transporte remunerado de personas en Costa Rica es regulado por la Ley y solo contempla las modalidades de taxi, bus y el servicio especial estable de taxi (Seetaxi), conocido como porteadores.

Uber sostiene que el Gobierno no debería pensar en una regulación de servicio público para una plataforma tecnológica que opera bajo el formato de economía colaborativa.

“El Gobierno necesita entender los modelos (en referencia a Uber y los taxis) y regular cada cual de manera diferente”, apuntó Echandi, en entrevista con EF el pasado 10 de julio.

La empresa estadounidense opera en más de 600 ciudades en el mundo y cuenta con 132 regulaciones diferentes.