Steven Villamizar González, de 26 años, es uno de los miles de venezolanos que han cruzado el Tapón del Darién, la enorme selva que separa a Colombia de Panamá. También es parte de las decenas de miles de personas que aspiraban a llegar a Estados Unidos, hasta que la administración Biden cerró la oportunidad de pedir asilo para aquellos migrantes que –como él– avanzaban de forma irregular entre las fronteras terrestres.
Villamizar salió desde Maracay, en el norte de Venezuela, y llegó hasta Ciudad Juárez, justo en el área limítrofe mexicana. Pero el cierre de las puertas en territorio ‘gringo’, anunciado a mediados de octubre, hizo que su travesía resultara en un viaje estéril –estéril y muy caro.
El joven desde entonces desanduvo las fronteras hasta regresar a Costa Rica. En su trayecto, gastó unos $1.600 desde que dejó el territorio venezolano hasta que llegó al azteca. Hablamos de ¢1 millón, al tipo de cambio actual, que incluye no solo sus gastos, sino también los de su hijo Ángel Damián, de cuatro años, a quien vigila ahora de reojo, mientras intenta vender algunas golosinas en la Avenida Central capitalina y habla con EF sobre su travesía truncada.
El muchacho de 26 años habla con la calma y la resignación de quien ya había decidido enfrentar lo más inhóspito y lo ha encontrado.
$1.600 puede parecer una cifra más o menos accesible para una buena parte de la población en Costa Rica, pero no para la gran mayoría de las personas en Venezuela. En ese país, que llegó a ser el más rico de la región, el salario promedio del sector privado era de $100 a inicios de año y el salario mínimo no supera los $30 ahora.
Muchas de estas personas que ahora se agolpan en San José salieron con sus hijos buscando el famoso ‘sueño americano’ y, ahora, tras el cierre de las fronteras estadounidenses, apenas se encuentran con la realidad costarricense. Llegaron tarde y la mayoría ya se gastó el escaso dinero que reunieron vendiendo sus bienes al salir de su nación.
Un camino extenso
Como miles de compatriotas suyos, Steven cruzó una ruta de más de 4.000 kilómetros.
Primero salió de Venezuela, luego pasó por Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala, y al final llegó a México. Pero no tuvo la misma suerte que los otros 150.000 migrantes venezolanos que sí lograron ingresar por la vía terrestre a Estados Unidos en el último año. Él se quedó a la orilla.
La medida de cerrar sus fronteras para migrantes que transitan de forma irregular la anunció el Departamento de Seguridad estadounidense, el 12 de octubre, después de meses de un continuo flujo migratorio y, también, a pocas semanas de las elecciones de medio período, que serán vitales para el gobierno de Biden y su representación en la Cámara de Representantes y el Senado.
La migración se ha usado de nuevo como argumento político en la contienda norteamericana. Gobernadores republicanos incluso llegaron a cargar buses y aviones con migrantes con dirección a ciudades bajo el dominio demócrata: un mensaje más que claro de rechazo.
En ese limbo quedó atascado Steven. Él llegó tarde y los $1.600 invertidos en transporte, hospedaje y alimentación, para él y su hijo, quedaron en dinero perdido. Iba a trabajar a Estados Unidos, pero ahora vende paletas a transeúntes, por las que se deja una mínima diferencia.
Los 1.600 dólares
Steven tiene bien clara la cantidad de dinero que gastó en cada paso de su viaje por varios motivos: no le sobraba nada de esos recursos cuando salió de su pobre Venezuela, logró conservar lo poco que andaba tras su paso por el Darién (algo que no pueden decir todos quienes lo han intentado).
Solo en transporte, recita gastos que representan poco menos de $800.
Para salir de Venezuela a Colombia, el país que ha acogido la mayor parte de la migración venezolana, empleó solo unos $22 en pasajes de autobús.
Para transitar en Colombia, gastó unos $50 adicionales en transporte terrestre y luego otros $260 para llegar al Tapón del Darién en lancha. En esa selva húmeda y helada, miles de venezolanos no solo han arriesgado su vida en los últimos meses, sino que han dejado millones de dólares a guías que –según Villamizar– ayudan más bien poco y apenas parecen otro filtro inexorable para el paso desorganizado de personas que cruzan como cualquier otro animal entre la maleza y el agua. Cada guía cobra unos $100 por persona, pero se trata de un apoyo que ni siquiera garantiza la vida.
También están otros gastos en lanchas, recordó el joven. Se pueden pagar $20 para avanzar a Bajo Chiquito y $25 adicionales para llegar hasta los puestos migratorios canaleros del sur. También recordó que se gastan unos $45 para llegar a la frontera costarricense a través de buses y que, ya en suelo tico, el viaje en ese mismo medio de transporte implica hasta otros $58 hasta Peñas Blancas. Los montos pueden ser más altos pero, dijo él, para reducir los costos se pueden hacer escalas.
En Costa Rica existe otro ‘problema’ para las personas con niños, como es su caso. Según explicó, en los autobuses se vigila que los niños más grandes viajen en su propio asiento y eso aumenta los costos. Cada cobro se duplica para personas como él.
Más adelante, ya en los linderos de Nicaragua, se acentúan otros gastos irregulares. Los sobornos son un gasto imposible de negar en todo el trayecto de Venezuela a México, pero se vuelven un poco más frecuentes a partir de Nicaragua. Entre ese tipo de gastos, Villamizar recordó haber cancelado $10 por franquear la frontera, pagos variables a policías para evitar deportaciones y servicios de transporte de hasta $25 que, a pesar de que se dicen informales, logran la complicidad suficiente para esquivar los controles oficiales.
Otro factor es el pago de $150 que ya de por sí se les cobra como “peaje” a todos los migrantes venezolanos en la frontera nica. Ese es un monto que Villamizar no mencionó, pero que sí señalan otras decenas de compatriotas suyos, que también se ubican en la Avenida Central. Muchos de ellos llegaron a Costa Rica y no avanzaron más allá justo por ese dinero, ya fuera porque no lo tenían desde el inicio, porque debieron gastarlo con urgencia después de pasar por el Darién y enfrentarse a enfermedades, o porque fueron asaltados en la zona.
Luego la situación no cambia demasiado en el resto de Centroamérica, según Steven.
Costa Rica es un escenario más bien atípico en el que se puede pedir ayuda a los oficiales de seguridad, pero en el resto de la región acercarse a las autoridades suele implicar más riesgos que beneficios. En México, por ejemplo, recordó que las deportaciones son un peligro latente, al igual que las detenciones por incumplir los desalojos en menos de 10 días.
A todas esas sumas antes dichas, se deben añadir los gastos de alimentación y de hospedaje, que varían en cada país. En Costa Rica se encuentra más solidaridad, según el joven, pero solo en el Darién se puede pagar hasta $10 por la comida más básica para sobrevivir y en lugares como México el hospedaje en cualquier cuarto, por pequeño que sea, es una especie de lujo que puede implicar hasta $30 por noche.
Sin embargo, en ningún lugar es fácil encontrar un espacio para descansar. En Costa Rica, para no ir más lejos, un espacio en una cuartería implica pagar hasta ¢8.000 por noche (unos $13), sin la posibilidad de salir más de la habitación que se consiga.
“Todo es un pago. Donde te agarren, en cada país, te agarra un coyote”, describió.
El relato de Steven coincide con el de otras cuatro familias entrevistadas por EF en San José. Ellas abundan en sitios como la Avenida Central, las terminales de bus y los parques josefinos, y hablan de costos que estimaban entre unos $800 y unos $1.200 por persona, en el mejor de los casos. Eso es más o menos lo que pagaron Villamizar y su hijo para su viaje.
Algunas familias varadas, sin embargo, no avanzaron hasta México sino que se quedaron estancadas en Costa Rica por falta de recursos y el cambio de las política migratoria estadounidense.
Los datos que existen sobre los costos son escuetos y heterogéneos. Sin embargo, los relatos de las personas consultadas permiten encontrar algunas similitudes de sus viajes. Se trata de un desplazamiento que no deja facturas evidentes, pero sí cobradas.
Algunos también cuentan que lograron negociar montos o que dejaron de pagar por guías en la selva. Pero los que hablan de ello se reconocen como una excepción y aseguran que la ausencia de dinero significó alargar los tiempos de sus trayectos, asumir más riesgos y otros tipos de gastos.
Steven no. Él salió de Maracay a finales de septiembre y llegó a Ciudad Juárez, en el norte de México, a mediados de octubre. Arribó justo cuando se cerraba la frontera estadounidense para su asilo. Caminó rápido, pero no le alcanzó el tiempo.
Es cierto que en la frontera mexicana se ofrecen servicios ilegales para cruzar ilegalmente la frontera. Pero son muy peligrosos para personas con niños. Además, anotó un joven caraqueño de 20 años que también fue consultado para este trabajo, le han contado que cobran hasta $5.000 o $6.000 que, hasta el cierre de las fronteras norteamericana para migrantes irregulares, jamás habrían entrado en el presupuesto de las miles de personas atascadas en Costa Rica.
Un viaje truncado
El gasto, sin embargo, no tuvo retorno financiero.
Una vez cerradas las fronteras estadounidenses, Villamizar y su hijo terminaron dar vuelta hacia el sur. En eso, asegura, se gasta menos dinero. Sin embargo, las presiones por abandonar cada país son cada vez más intensas, aunque Costa Rica es una excepción todavía.
En la mayoría de países existen vuelos humanitarios que prometen un regreso seguro a Venezuela, pero el incentivo para devolverse al lugar del que se pretendía salir es poco. A fin de cuentas, las personas que migran por el Darién suelen ser personas pobres, que huyen por la escasez de bienes y de oportunidades, y que ya vendieron casi todo lo que tenían, según recordó el director del medio venezolano El Pitazo, César Bátiz, consultado para este trabajo. La mayoría de personas con recursos que pensaban dejar Venezuela hace ya tiempo que lo hicieron.
Además, el costo de los pasajes aéreos, aunque a veces es menor del que tendrían en otras condiciones, todavía suele ser demasiado alto para personas como Steven, que no solo gastaron ya todo su dinero sino que además cargan con la responsabilidad de sus hijos o sus familias completas.
Rebeca Hidalgo, una voluntaria de la Fundación Lloverá que se encontraba este 25 de octubre en la Terminal 7-10, en El Paso de la Vaca de San José, lo resumía de forma sencilla: “Los vuelos en Costa Rica pueden salir en $500, pero el asunto es la parte financiera. No llega una persona, sino que llegan con chiquitos. Para el retorno de una familia son $2.500”, resumía.
La Terminal 7-10 es clave para la población migrante venezolana. Una gran parte de ella llega hasta allí una vez que supera la frontera panameña y se asienta en San José para descansar o ganar algún dinero que les permita continuar.
Por eso, ya sin dinero, personas como Steven también aspiran a quedarse en Costa Rica. Es un país con procesos de refugio activos (se registraban 13.664 solicitudes por parte de personas venezolanas hasta julio pasado), en el que existen menos presiones por parte de las autoridades migratorias para el desalojo y en el que parecen no faltar la caridad y el trabajo, aunque informal, a pesar de la crisis inflacionaria.
“No es que te den una ayuda grande, pero sí humanitaria”, explicó Villamizar. “Cualquiera se nos acerca y nos regala jugo, agua, un pan. Ayer llegamos y una señora le regaló comida al niño, comió y en la mañana ya estaban regalando unos desayunos pequeñitos, poco a poco”. Cada gesto de este tipo representa más dinero para otros fines: pagar una habitación, desplazarse en San José para realizar gestiones migratorias, etcétera.
Para ir formalizando su situación, el joven asegura que en Costa Rica se puede acudir a los policías y a otras autoridades. De hecho, una pareja de oficiales de Migración se acercó a conversar con él y su hijo, tan pronto terminó de la entrevista. El uniformado le pidió algunos papeles y le dio alguna orientación básica que, luego comentó a los reporteros que observábamos, son las instrucciones que reciben para llevar algún orden y obtener información sobre las personas que se acumulan de a poco en el país.
El presidente Rodrigo Chaves dijo a mediados de octubre que el país dará un trato humanitario a la población migrante. No hay dinero para grandes derroches, pero al menos las fronteras siguen abiertas para un tránsito lo más fluido posible. Sin embargo, algunos como Steven piensan quedarse porque no tienen muchas más opciones.
Quiere “ir avanzando y haciendo las cosas bien”, asentarse, “ya no puede estar dando más tropiezos en la vida”, afirmó.
Ya sacó su cita para pedir refugio y, a las 11:00 a.m. de este 25 de octubre, vendía sus “chupetas de caramelo” para juntar dinero e ir por su hoja de delincuencia, que necesita para buscar un trabajo. Un trabajo en lo que sea.