Brasil está desplegando cientos de policías y soldados para expulsar a los mineros ilegales acusados de desatar una crisis humanitaria en las tierras indígenas yanomami, de donde miles de estos invasores empezaron a huir por cuenta propia, informaron este lunes las autoridades.
De acuerdo con el ministro de Justicia brasileño, Flavio Dino, las autoridades estiman que unas 15.000 personas invadieron ilegalmente esta área protegida en la Amazonía, donde los indígenas acusan a los buscadores ilegales de oro de asesinar y violar a miembros de su comunidad, contaminar el agua con mercurio y provocar una crisis alimentaria al destruir la selva.
Las autoridades federales decretaron en enero el estado de emergencia sanitaria en la región ante la explosión de casos graves de malaria, pneumonía, infecciones gastrointestinales y desnutrición.
El gobierno informó este lunes que empezó a desplegar más de 500 policías y soldados en el terreno, para una operación de expulsión de los mineros que comenzará esta semana.
Las autoridades esperan que para el momento en que la policía inicie la expulsión por la fuerza, "por lo menos el 80% de esas 15.000 personas ya hayan salido del territorio yanomami", afirmó el ministro el lunes en una conferencia de prensa en Brasilia.
Miles de mineros ya han empezado a huir por su cuenta, aseguró Dino, después de que el presidente brasileño, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, ordenara la semana pasada una zona de exclusión del espacio aéreo sobre la reserva, impidiendo la circulación de las avionetas que los mineros usan para transportar comida y suministros.
Decenas de ellos llegaban este lunes a un puerto improvisado en el municipio de Alto Alegre, unos 80 km al oeste de la capital Boa Vista (Roraima, norte), según constató un videoperiodista de la AFP.
Sin querer identificarse, algunos relataron haber pasado los últimos tres días navegando por la selva para salir del remoto territorio yanomami, en la frontera de Brasil con Venezuela.
Ya en la carretera, la policía local reforzó los controles y acompañaba la circulación de los mineros, revisándolos en busca de armas ilegales o drogas, pero no estaba realizando arrestos generalizados, constató la AFP.
Los medios locales publicaron imágenes de numerosos grupos de mineros huyendo a pie o apiñados en barcos los últimos días.
Dino celebró el éxodo, asegurando que el gobierno prefiere que los invasores se retiren pacíficamente, "sin conflictos".
"Nuestra previsión es que ese flujo de salida aumente en los próximos días", añadió el ministro.
Pero advirtió que huir no los dejará impunes y que "todos aquellos que cometieron delitos como genocidio, crímenes ambientales, financiación de minería ilegal y lavado de dinero" serán procesados.
También surgieron informes sobre conflictos.
El Ministerio de los Pueblos Indígenas dijo el lunes que recibió un informe según el cual mineros en huida asesinaron a tres indígenas que habían tenido su primer contacto con el mundo exterior recientemente.
"Es muy triste ver la fuerte presencia de mineros y una gran destrucción... las áreas de minería parecen infinitas, está todo el territorio tomado", dijo la ministra de los Pueblos Indígenas Sonia Guajajara, en una conferencia desde Roraima, donde está coordinando la respuesta humanitaria.
"Es una situación de emergencia permanente", añadió Guajajara.
Según las autoridades, los equipos de salud continúan rescatando por día "entre 30 y 35" pacientes de diversas comunidades yanomami en estado "grave".
La reserva yanomami, ubicada en la frontera con Venezuela, es la mayor tierra indígena de Brasil, con 96.000 km2, y alberga a unos 30.000 miembros.
La policía federal está conduciendo una investigación por posibles crímenes contra miembros de la etnia yanomami, incluido el de "genocidio", después de que las fotos de niños gravemente desnutridos causaran impacto internacional.
Un centenar de niños yanomami murieron el año pasado por desnutrición, neumonía y malaria, según cifras oficiales.
La minería ilegal aumentó abruptamente durante el mandato del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022), un defensor de la apertura de las tierras indígenas para esa actividad.
Durante su gobierno también hubo un aumento alarmante de la deforestación en la Amazonía.
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