EscucharLos altos niveles de corrupción en América Latina y la ausencia de medidas para combatirla favorecen a las redes criminales y agudizan la violencia en una región con fuertes tasas de homicidio, advirtió Transparencia Internacional (TI) en su informe difundido este martes.
Desde 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción de TI clasifica anualmente a 180 países y territorios en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy limpios) usando datos de fuentes como el Banco Mundial o empresas privadas de consultoría.
Dinamarca (90), Finlandia (87) y Nueva Zelanda (87) repiten como los menos corruptos del mundo, según este informe; y Somalia (12), Siria (13) y Sudán del Sur (12) registran los índices de percepción de la corrupción más elevados. Hungría (42) es el peor en la Unión Europea.
Los datos globales revelan un estancamiento de la lucha contra la corrupción y ponen de manifiesto la relación que existe entre este flagelo y la violencia. "La corrupción y el conflicto se retroalimentan y amenazan la paz duradera", destaca el informe. El fenómeno es especialmente visible en América Latina.
Los países con puntuaciones más bajas registran una alta criminalidad o sufren conflictos sociales y suelen tener estallidos de violencia. Es el caso de Venezuela (14), Haití (17), Nicaragua (19) y Honduras (23), que tienen las peores notas de América Latina.
En esos países se han difuminado las líneas entre instituciones públicas y redes criminales, apunta TI. El índice de los últimos tres ha descendido de manera significativa desde 2017.
Uruguay (74) y Chile (67), en cambio, son los mejor calificados de la región, seguidos de Costa Rica (54), aunque este alcanzó su puntuación más baja por recientes casos de corrupción y denuncias de un supuesto financiamiento ilícito de la campaña electoral del actual presidente Rodrigo Chaves.
El resto de los países de América Latina tiene puntuaciones inferiores a 50, como Cuba (45), Colombia (39), Argentina, Brasil (38), Ecuador, Panamá, Perú (36), El Salvador, República Dominicana (33), Bolivia, México (31) y Paraguay (28).
La falta de avances en la lucha contra la corrupción "ha derivado en la región en un debilitamiento de las instituciones democráticas y en un aumento de la violencia y un avance del crimen organizado en las instituciones públicas", alertó a AFP Luciana Torchuaro, asesora regional para América Latina de TI.
"Los gobiernos frágiles fallan en su labor de frenar a las redes criminales, el conflicto social y la violencia (...)", señaló en un comunicado Delia Ferreira Rubio, presidenta de la oenegé.
En un análisis, TI cita la inestabilidad que azota Perú, con seis cambios de gobierno en seis años y donde cinco expresidentes están investigados por corrupción, incluido Pedro Castillo. La represión de las manifestaciones desencadenadas por su destitución en diciembre dejaron más de 50 muertos hasta ahora.
En otros países, advierte, los organismos públicos han sido cooptados por "las élites y el crimen organizado" y las autoridades responsables del cumplimiento de la ley hacen caso omiso de actividades ilícitas o atropellos a los derechos humanos a cambio de dinero.
En Venezuela, que tiene la peor nota de Latinoamérica, los grupos delictivos mantienen sus actividades en el sector minero a cambio de pagos irregulares a los militares, denuncia TI. Las actividades económicas ilegales representaron el 21% de su PIB en 2021.
El informe menciona también a Guatemala (24) y Honduras, donde "hay evidencia que sugiere" la influencia del crimen organizado en la política. En Guatemala, esta situación afecta a periodistas, activistas y fiscales, algunos de ellos forzados al exilio.
Para intentar revertir esa tendencia, Honduras, El Salvador e incluso Ecuador declararon estados de excepción, una medida que reduce "la transparencia y la rendición de cuentas", lamentó la oenegé.
En su fotografía de 2022, TI resalta cómo este entramado entre criminalidad e intereses políticos representa un peligro para el medioambiente.
"Las redes criminales favorecen el contrabando de vida silvestre, la tala y quema ilegal de tierras, la extracción ilegal de oro y la deforestación", denuncia.
Los homicidios de defensores medioambientales quedan además impunes debido a la infiltración de esas redes en los sistemas de justicia, critica. En 2021, 138 activistas fueron asesinados en Colombia, 42 en México y 27 en Brasil.
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