EscucharLas autoridades lo consideran un grupo armado pequeño, prácticamente un clan familiar, pero hasta ahora les ha sido imposible derrotarlo. El Ejército del Pueblo Paraguayo opera desde hace 14 años en la rica zona ganadera de Concepción, en el centro del país, donde sus secuestros mantienen en vilo a la población.
Con apenas un centenar de integrantes, según expertos y autoridades, al EPP se le atribuyen 74 muertes de civiles, militares y policías desde 2008.
"Ellos dicen que quieren ayudar a los pobres, que están a favor de los pobres. Pero siempre perjudican a los pobres. Nosotros no somos ricos, somos pobres. Somos trabajadores, somos humildes. Se llevaron al hijo de una familia pobre", se queja entre lágrimas Obdulia Florenciano, madre del policía Edelio Morínigo, secuestrado hace ocho años, mientras muestra junto a su esposo una foto de su hijo en uniforme.
También Beatriz Denis, hija del exvicepresidente Óscar Denis, se lamenta por la suerte de su padre, capturado en su finca ganadera en 2020 y del cual no hay noticias desde entonces.
"Yo aceptaría cualquier cosa con tal de tener a papá. Voy a negociar lo que sea, por más de que suene feo (...) Todas las veces en las que un secuestrado volvió al hogar, no volvió porque el gobierno lo encontró. Se pagó y volvió el secuestrado", asevera.
El padre Domingo Savio Ovelar, párroco de la localidad de Yby-Yaú, habla del temor de la población en Concepción, donde viven unos 300.000 de los 7,4 millones de habitantes de Paraguay y en el que se confunden militantes del EPP, narcotraficantes y contrabandistas.
"Convivimos prácticamente juntos y no nos damos cuenta. Aquí no podemos distinguir quién es narcotraficante, quién sicario o quién tiene ese pensamiento extremista", dice. "Hay una zozobra permanente. No sabemos con qué vamos a amanecer".
La organización, creada por antiguos seminaristas, también tiene en su poder al ganadero Félix Urbieta, de 73 años, capturado en 2016 en su hacienda.
El EPP plantea el canje de los secuestrados por dos de sus máximos líderes: Alcides Oviedo, de 52 años, y Carmen Villalba, de 50, presos en Asunción e involucrados en el secuestro y asesinato en 2004 de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas, cuando aún no habían fundado el EPP.
Oviedo, sentenciado a 40 años de cárcel, se casó con Villalba en 2006, cuando ya ambos estaban presos, pero la pareja se separó en 2019. Ambos tienen una hija de 15 años desaparecida durante un choque con el ejército en 2020.
En ese ataque murieron también dos niñas de 11 y 12 años, Lilian y María Carmen, de nacionalidad argentina, sobrinas de Carmen Villalba.
Carmen Villalba cumplió el año pasado una primera condena de 18 años por secuestro, pero su pena se amplió a 17 años más por el intento de homicidio de tres policías. Su hermano Osvaldo Villalba conduce la guerrilla. Otra hermana, Laura, fue capturada en 2021 y procesada por terrorismo.
El EPP, creado en 2008, se concentró en la zona de Concepción, tierra de los hermanos Villalba y su principal lugar de acción. Se trata de una extensa región cerca de la frontera seca con Brasil, por el estado de Mato Grosso, en la que hay ricas haciendas ganaderas, pocos caminos asfaltados y es común la presencia de narcotraficantes.
Los militares mantienen retenes a lo largo de la carretera. También se observan tanquetas y helicópteros. También grandes pancartas con fotos de los principales cabecillas del EPP en las que se ofrecen recompensas por información sobre su paradero.
El grupo armado es un desprendimiento del movimiento político de izquierda radical Patria Libre, creado en los años 1990, a la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, "para combatir a la oligarquía y luchar por una verdadera reforma agraria".
Los insurgentes se declaran marxistas-leninistas y reivindican la figura del prócer de la independencia José Gaspar Rodríguez de Francia (1766-1844).
Procedentes de familias campesinas pobres, en su mayoría tienen una formación católica. Oviedo era seminarista en Asunción hasta que fue expulsado en 1992. Carmen Villalba se dedicaba desde los 16 años a la asistencia social con la iglesia.
Documentos hallados en 2010 por las autoridades paraguayas dieron cuenta de sus vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), desmovilizadas en 2016.
El gobierno del presidente Mario Abdo Benítez consiguió hace pocas semanas apoyo de Colombia en inteligencia y formación militar para combatir al EPP. Un conjunto de mil militares integra la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que los combate.
Si bien la guerrilla es pequeña, el daño que ha causado es grande, advierten los militares paraguayos.
"Aunque queden dos terroristas, cuando tengan oportunidad de realizar un acto terrorista lo van a hacer", dice el coronel Luis Apezteguía, a cargo de la FTC.
"Dicen que no hacemos nada, que el EPP es un invento. Mientras tanto estamos nosotros enterrando camaradas o acarreando heridos a los hospitales", suelta con un dejo de amargura, todavía afectado por el último ataque con explosivo contra tres militares hace pocas semanas.
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