EscucharLa cobertura mediática sobre las armas de fuego y su adecuado control y regulación siempre sufre de sesgos producto de las reacciones negativas que estas generan en un sector de la población. Un ejemplo de estos sesgos es el reportaje de Álvaro Murillo publicado este fin de semana en La Nación que nos advierte que, a pesar de ser un país sin ejército, tenemos medio millón de armas en nuestras huestes.
La publicación cuenta con varias imprecisiones, supuestos y conclusiones fáciles que merecen verse una por una. Veamos:
"En el país hay 450.000 armas": La base entera del reportaje consiste en señalar lo que, según Murillo, es una carrera armamentista entre buenos y malos en el país. Para ello recurre a una contundente estadística: en Costa Rica hay 450.000 armas de fuego, para una tasa de 1 por cada 17 habitantes. Sin embargo el reportaje no entra en detalles de explicar exactamente cómo es que llegó a esta cifra. Murillo simplemente señala que en Costa Rica hay 228.500 armas registradas y que "Cálculos de Naciones Unidas para América Latina indican que por cada arma legal hay otra ilícita". Murillo no cita a cuál estudio de la ONU se refiere, pero parece que de ahí salta olímpicamente al supuesto de que entonces en Costa Rica el número de armas en circulación debe ser el doble de la cantidad registrada. Don Álvaro santifica su cálculo con una cita de Max Loría afirmando que la cifra más bien se queda corta. No olvidemos que Loría es el exviceministro de la Paz que pillé inventándose estadísticas sobre la relación entre armas de fuego y homicidios en Costa Rica.
Uno no puede inventarse estadísticas tan ligeramente. Por ejemplo, el año pasado salió un reporte de la OIT que señalaba que en América Latina el 47,7% de los trabajadores se encuentran en el sector informal. ¿Podemos deducir entonces que en Costa Rica la cifra de trabajadores informales también es 47,7%? Claramente no (es en realidad, 33,6%). Si en verdad existe un estudio de la ONU que dice que por cada arma legal en América Latina hay una ilegal (y hay que ver cómo las Naciones Unidas llegó a ese cálculo), no se puede inferir que la proporción de armas ilegales en Brasil es la misma que en Costa Rica. Más aún cuando algunos países, como México y Venezuela, básicamente prohíben la tenencia legal, por lo que casi todas las armas en esos países son ilegales.
¿Más armas, más crimen? El reportaje luego procede a hacer algunas asociaciones: el aumento en el registro de armas de fuego coincide con un incremento en el crimen cometido con estas. Es más, el 68% de los homicidios dolosos en el país son perpetrados con armas de fuego. Veamos con lupa esta última estadística. Según la nota Murillo, Costa Rica cuenta con una tasa de posesión de armas de fuego superior a la de varios países centroamericanos, incluído El Salvador (una de las naciones más violentas del mundo). Sin embargo, según un informe reciente del OIJ sobre crimen, "A nivel de Centroamérica el 77% de los homicidios de la región son cometidos con arma de fuego. En el 2012, Costa Rica reportó niveles menores al nivel centroamericano: el 67,8% de los homicidios fueron cometidos con arma de fuego". O sea, parece no haber relación entre la cantidad de armas en un país y el porcentaje de asesinatos cometidos con estas.
Es más, si usamos datos del mismo Small Arms Survey que cita Murillo en su reportaje, y vemos cómo se compara la tasa de homicidios de países en desarrollo (mayormente latinoamericanos) con su tasas de tenencia de armas de fuego, notaremos que más bien la relación es que a menor cantidad de armas, más alta la tasa de homicidios (ver gráfico adjunto). La realidad, como vemos, es más compleja que las simples asociaciones del reportaje. De hecho, un estudio publicado en el Harvard Journal of Law and Public Policy, que analizó la tenencia de armas y las tasas de crímenes violentos a nivel internacional, encontró que "No se observa dicha correlación [entre armas y crimen] cuando se compara un grupo amplio de naciones alrededor del mundo".
La relación entre armas y homicidios se enturbia aún más si vemos lo que ha ocurrido específicamente en nuestro país. Como indica Murillo en su reportaje, la cantidad de armas registradas legalmente ha venido aumentando de manera sostenida en Costa Rica. Del 2005 al 2010 la inscripción de armas subió un 31,7%, mientras que en el mismo lapso los homicidios dolosos se incrementaron un 54%. Ahí parece haber una relación. Sin embargo, desde el 2010 la cantidad de armas registradas ha continuado subiendo (13,8%), al tiempo que el número de homicidios ha venido bajando (-22,7% al 2012). Es más, recientemente La Nación editorializó al respecto: "Después de haberse incrementado la tasa de homicidios hasta 11,4 por cada 100.000 habitantes en el 2009, al año siguiente comenzó a reducirse, primero de forma muy moderada, pero luego más evidente, hasta llegar a 8,6 en el 2013. Si se mantiene el ritmo de este primer semestre, podría caer aún más". Claramente, estos datos indican que no hay una relación automática entre la cantidad de armas registradas y el número de homicidios en el país.
"El mercado negro se nutre de armas legales": El meollo del debate es el siguiente: la gente que aboga por una prohibición de las armas de fuego, como el director del OIJ, Francisco Segura, no pueden explicar cómo una restricción de este tipo sería respetada por los criminales. Según las estadísticas del OIJ, el 47% de los homicidios cometidos con armas de fuego en el 2012 se debió a "presunción de sicariato", "problemas de drogas" o "robo o asalto". Es difícil pensar que aquellos criminales que usan armas como herramientas de trabajo se deshagan de ellas si se pasa una ley que las prohíbe. Cualquier restricción de ese tipo únicamente sería acatada por la gente que cumple la ley, es decir, los buenos.
De tal forma, el argumento de los prohibicionistas consiste en afirmar que los criminales consiguen sus armas robándoselas a gente que las tiene legalmente. ¿Existen estadísticas para apoyar esta tesis? No. En su momento la oficina del exviceministro Max Loría publicó que el 55% de los crímenes en Costa Rica se cometen con armas debidamente registradas. Pero cuando lo reté a que mostrara sus fuentes, Loría nunca las dio. Es más, el informe de su despacho en el que supuestamente venía esa estadística nunca la menciona. Entonces, ¿cuántos crímenes se cometen con armas legales? Un oficio de la Dirección General de Armamento (N° 1081-2012-DGA) indica que de las 38,839 armas que tenían en custodia en el 2012, 10.689 eran permitidas con inscripción (de las cuales únicamente 5,121 estaban a nombre de personas físicas, es decir, el 13,2%). Cabe aclarar que un arma puede entrar en custodia de la DGA sin haber sido utilizada en un delito. De hecho, el oficio indica que la DGA había devuelto a sus dueños 3.845 armas en los últimos 12 años, probablemente por decomisos incorrectos, etc.
De tal forma, el supuesto al que hace eco Álvaro Murillo en su reportaje, de que el "mercado negro se nutre de armas legales" robadas a ciudadanos honestos no tiene sustento empírico. Más bien, un repaso de las noticias en los últimos años nos indica que una de las principales fuentes de armas para la delincuencia es el mismo Estado. No olvidemos, por ejemplo, el caso de las 215 Glock que le robaron al MOPT el año pasado. Y como esas hay muchas más historias.
Cada uno tiene derecho a tener una opinión sobre las armas de fuego. Hay gente que las detestan, mientras que a otros nos gustan. Sin embargo, nadie tiene derecho a sus propias estadísticas. Si vamos a tener un debate serio sobre la política de armas en el país, no podemos hacerlo a base de supuestos, sesgos o prejuicios. Hablemos con datos fehacientes y evidencia. El hecho que los proponentes de la agenda prohibicionista, como Max Loría, se nieguen a debatir sus propuestas ya es un indicio poderoso de la debilidad de sus argumentos.
