EscucharEs vergonzoso el proyecto de ley propuesto por el diputado Pablo Heriberto Abarca, y aprobado en la comisión de Asuntos Económicos, con el fin de indemnizar a los taxis por la entrada de empresas como Uber y Didi. Claramente esto es otra propuesta perversa de nuestros gobernantes para favorecer a los grupos de presión y perjudicar al contribuyente, al usuario y al consumidor.
El desarrollo económico pasa, necesariamente, por lo que el economista Joseph Schumpeter llamó la destrucción creativa. Es decir, toda innovación implica dejar en obsolescencia los métodos de producción que se venían usando. Los que se aferran al pasado, sufrirán pérdidas económicas y aquellos que se adapten a la innovación se verán favorecidos. Estas son reglas de juego que son sanas porque presionan constantemente al emprendedor a innovar, a ser eficiente y a mejorar sus métodos de producción.
Los taxis conforman un perverso cartel creado por ley. Durante décadas, y antes de la llegada de Uber, el cartel de taxis fue parte de la piñata política del Poder Ejecutivo que le permitió a los políticos corruptos otorgar licencias de taxis a los pegabanderas o comprar votos. Además, los taxis gozan de privilegios legales que restringen la oferta y esto les permite explotar al usuario con tarifas por encima de lo que se cobraría en un mercado donde opere la libre competencia.
Una de las maneras que operan los grupos de presión para obtener ganancias extraordinarias es promoviendo regulación que restrinja el ingreso al mercado; es decir, limitando la libre competencia. Cuando se limita o se reduce la oferta de cualquier bien o servicio, el precio siempre sube y la calidad cae. El gremio de los taxistas limita la oferta exigiendo una licencia por ley para poder operar un taxi. El resultado es que las tarifas de los taxis son mucho más altas que los de Uber.
Por tanto, la propuesta del diputado Abarca, y de los diputados de la comisión que aprobaron la iniciativa, va en contra de toda lógica que solo puede ser explicada por una actitud perversa de favorecer a los grupos de presión. ¿Cuál es la lógica de impulsar un proyecto de ley para premiar lo obsoleto y castigar la innovación? Creo que solo una mente perversa puede impulsar un proyecto de ley para defender un cartel creado por ley que a todas luces atenta contra el sano desarrollo económico y social.
Este proyecto de ley es otro ejemplo de clientelismo político que busca la defensa de grupos de presión. En Economía, al clientelismo se le llama rent-seeking o buscadores de renta.
Es contrario al bien común que los gobiernos usen su poder para proteger y defender a los grupos de presión a costa del sacrificio del pueblo. Cuando el gobierno protege a un gremio, inevitablemente le pasa la factura al resto de la población porque la protección nunca es gratis. Las consecuencias del clientelismo político son: corrupción, precios más altos, menos inversión, menos empleo, menor calidad en el servicio y peor distribución de la riqueza.
La solución es liberalizar el servicio de taxis y promover la libre competencia
La solución definitiva en cuanto a los taxis, Uber y otras plataformas semejantes, es liberar el servicio de taxis, para lo cual debemos derogar las leyes 7.969 y 8.955. Estas leyes jamás debieron ser aprobadas. Solo derogándolas acabaremos con el vergonzoso negocio del tráfico de las licencias de taxis. Solo así reduciremos el tráfico de favores y el clientelismo político que tiene a Costa Rica sumida en una crisis moral sin precedentes.
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Derogando las leyes mencionadas, estaríamos promoviendo la libre competencia. Una de las ventajas de promoverla, es que esta no favorece a ningún grupo de presión. Como no se favorece a nadie, la libre competencia no genera odios, ni pugnas, ni pleitos entre distintos grupos, contribuyendo así al orden, a la paz social y al fortalecimiento de la sana convivencia social. Libre competencia es ausencia de privilegios, ausencia de monopolios y ausencia de mercados protegidos por ley, sea para el burócrata, el sindicalista, el político o el empresario. Libre competencia significa dejar de usar al gobierno como mecanismo para conseguir rentas extraordinarias que son injustas y abusivas.
El economista sabe que toda regulación, por definición, reduce la oferta, disminuye la inversión, aumenta el desempleo y provoca un aumento del precio. Por tanto, para promover el desarrollo, las regulaciones innecesarias deben evitarse y solo deben hacerse con el fin de estimular más competencia, nunca para restringirla.
La libre competencia siempre ha sido buena y promueve el bien común. No solo promueve la eficiencia en el uso de los recursos, sino también la justicia porque favorece al innovador, al emprendedor, al visionario, al que trabaja más horas, al que invierte sanamente para satisfacer las necesidades de la gente, etc. ¡Esto es sano y bueno!
Insto a los diputados a buscar la justicia social dejando de favorecer a los grupos de presión. Insto a los diputados a promover la libre competencia para que fluya la destrucción creativa, la innovación y el desarrollo económico.
