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A partir del 18 de diciembre, el Poder Ejecutivo le exigirá a Uber pagar el impuesto al valor agregado. Por otra parte, el Poder Ejecutivo insiste en que Uber es ilegal. ¡Vaya contradicción propia de quien solo piensa en agradar el tamaño del Estado!
A Uber se le defiende por un asunto ético y por principios fundamentales de convivencia social.
Nadie tiene por qué pedirle permiso al gobierno para trabajar. Es decir, a ninguna persona se le debe restringir su libertad para ganarse el pan con el sudor de su frente. Si somos libres, el gobierno no tiene derecho a limitarle a nadie la libertad de escoger, la libertad de trabajar, ni la libertad de disponer de su capital como mejor le convenga. Es inmoral y corrupto que un gobierno limite la cantidad de personas que deseen abrir una pulpería, importar hidrocarburos, vender divisas o trasportar personas.
La plataforma de Uber está amparada en la Constitución Política de la República de Costa Rica en el artículo 28 que establece que: “Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley”.
¿Con qué derecho quiere el Poder Ejecutivo intervenir y regular las acciones privadas que no dañan la moral ni el orden público? Si un ser humano no está violando la libertad individual de un tercero, no hay razón alguna para que el gobierno meta sus narices. La Constitución no solo respalda a Uber, sino que claramente dice que el gobierno no debe aprobar ley alguna para regularla. ¡Sepamos ser libres!
Contrario a la libertad, es de tiranos controlar cada aspecto de nuestras vidas. En este sentido, me tiene muy preocupado esta perversidad en contra de Uber por parte del Poder Ejecutivo y de los diputados del PAC, pues no deja de recordarme al fascista Mussolini quien decía: “Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado”.
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Pretender regular a Uber también es contrario a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece en su artículo 23: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, …”. Por tanto, defender a Uber, es defender el derecho humano al trabajo.
Uber ya está regulado
Es un error creer que Uber está desregulado. La realidad es que Uber se encuentra mucho más regulado que el gremio de los taxistas. Con Uber el usuario sabe con anticipación la tarifa que se cobrará por el servicio; con el gremio de los taxis no. Con Uber el usuario sabe con anticipación el modelo del vehículo (y su respectiva placa) que lo recogerá; con los taxis no. Con Uber el usuario se puede quejar eficazmente si recibe un mal trato en el servicio; con los taxis no. Con Uber el usuario sabe con anticipación el nombre del chofer; con los taxis no. Un taxista que de un mal servicio no perderá su licencia. Con Uber, los choferes que brinden un mal servicio perderán su derecho a seguir brindando el servicio. Con Uber el usuario sabe exactamente cuánto tiempo tardarán en recogerlo; con los taxis no.
Si por regulación se entiende un mecanismo que promueve la satisfacción del consumidor, entonces Uber lo logra; los taxis no. Es decir, Uber está regulado tal y como lo desea el usuario por medio de su plataforma. Sin embargo, los taxis rojos desean que se regule a Uber para limitar su oferta y encarecer su servicio de modo que esto redunde en beneficio de los taxistas y en perjuicio de los usuarios.
En el mundo de los negocios se dice que If its not broken, don’t fix it (Si no está dañado, no lo arregle). Si el usuario de Uber no se queja, ¡no hay nada que arreglar, no hay nada que regular! La plataforma digital de Uber ha demostrado que la regulación por parte del gobierno en esta industria es totalmente innecesaria y hace obsoletas instituciones que derrochan el erario en defensa del consumidor o de los habitantes.
Uber y el pago de impuestos
Muchos acusan, de mala fe, a Uber alegando que no paga impuestos y que por eso debe regularse. ¿Acaso los vehículos de Uber no pagaron aranceles? ¿Acaso los vehículos de Uber no pagan el impuesto de circulación? ¿Acaso los vehículos de Uber no pagan seguros? ¿Acaso la gasolina que usan los vehículos de Uber está exonerada de impuestos? ¿Acaso Tributación Directa privilegia al chofer de Uber sobre los choferes de taxis? ¿Acaso el servicio de Internet que usan los choferes de Uber está exento de impuestos? ¿Acaso el espacio donde los choferes de Uber guardan sus vehículos está exento del pago del impuesto territorial? ¿Acaso los vehículos de Uber están exentos del pago la revisión de Riteve? ¿Acaso los choferes de Uber están exentos de cotizar a la CCSS como trabajadores independientes? Etc.
Los taxis y el clientelismo político
El clientelismo político es un acto de corrupción que se define cuando el gobierno aprueba leyes para crear privilegios en favor de los grupos de presión a costa del consumidor. En Economía, al clientelismo se le llama rent-seeking o buscadores de renta.
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Es contrario al bien común que los gobiernos usen su poder para proteger y defender a los grupos de presión a costa del sacrificio del pueblo. Cuando el gobierno protege a un gremio, inevitablemente le pasa la factura al resto de la población porque la protección nunca es gratis. Las consecuencias del clientelismo político son: corrupción, precios más altos, menos inversión, menos empleo, menor calidad en el servicio y peor distribución de la riqueza.
El rechazo hacia Uber y la exigencia a que sea regulado por el gobierno, con el fin de proteger a los taxis, no proviene por parte del usuario. Quienes se oponen a Uber es el gremio de los taxis con el apoyo del Poder Ejecutivo y de los partidos políticos de corte socialista, en particular el Partido Acción Ciudadana. Uber representa competencia a los taxis y es por eso que los taxis se oponen a Uber.
En el caso de Uber, la protección al gremio de los taxistas no solo ha traído consecuencias económicas negativas, sino también situaciones sociales perversas al promover el odio, la violencia con el daño a la propiedad privada y la integridad física.
Una de las maneras que operan los grupos de presión para obtener ganancias extraordinarias es promoviendo regulación que restrinja el ingreso al mercado; es decir, limitando la libre competencia. Cuando se limita o se reduce la oferta de cualquier bien o servicio, el precio siempre sube y la calidad cae.
Ejemplo de ello lo podemos observar con las medidas que toman los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Cuando ellos quieren que suba el precio del crudo, la estrategia no es fijar el precio del petróleo, sino que consiste en restringir la oferta para que el precio suba.
El gremio de los taxistas rojos limita la oferta de su servicio siguiendo el mismo principio de la OPEP. Esto lo hacen exigiendo una licencia para poder operar un taxi. El resultado es que las tarifas de los taxis rojos son mucho más altas que los de Uber. Cuando el Poder Ejecutivo habla de “regular” a Uber, en realidad se trata de tomar medidas para restringir su oferta con el fin de favorecer al gremio de los taxis.
El economista sabe que toda regulación, por definición, reduce la oferta, disminuye la inversión, aumenta el desempleo y por provoca un aumento del precio. Por tanto, para promover el desarrollo, las regulaciones innecesarias deben evitarse y solo deben hacerse con el fin de estimular más competencia, nunca para restringirla.
La solución es liberalizar el servicio de taxis y promover la libre competencia
La solución definitiva en cuanto a Uber, no es subyugarlo sino liberar el servicio de taxis, para lo cual debemos derogar las leyes 7.969 y 8.955. Solo así acabaremos con el vergonzoso negocio del tráfico de las licencias de taxis. Solo así reduciremos el tráfico de favores y el clientelismo político que tiene a Costa Rica sumida en una crisis moral sin precedentes.
Derogando las leyes mencionadas, estaríamos promoviendo la libre competencia. Una de las ventajas de promoverla, es que esta no favorece a ningún grupo de presión. Como no se favorece a nadie, la libre competencia no genera odios, ni pugnas, ni pleitos entre distintos grupos, contribuyendo así al orden, a la paz social y al fortalecimiento de la sana convivencia social. Libre competencia es ausencia de privilegios, ausencia de monopolios y ausencia de mercados protegidos por ley, sea para el burócrata, el sindicalista, el político o el empresario. Libre competencia significa dejar de usar al gobierno como mecanismo para conseguir rentas extraordinarias que son injustas y abusivas.
La libre competencia siempre ha sido buena y promueve el bien común. No solo promueve la eficiencia en el uso de los recursos, sino también la justicia porque favorece al innovador, al emprendedor, al visionario, al que trabaja más horas, al que invierte sanamente para satisfacer las necesidades de la gente, etc. ¡Esto es sano y bueno!
Ahora que Uber tendrá que pagar el impuesto al valor agregado, no busquemos regularlo, sino liberalizar el servicio de taxis. Bien decía el político mexicano Benito Juárez que “el respeto al derecho ajeno es la paz”. Insto a los diputados a buscar la paz y la justicia social por medio del respeto al derecho al trabajo, a la libre elección del trabajo y al derecho del consumidor a la libre elección.
