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El gobierno de la República anunció el pasado 17 de septiembre su propuesta para negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la obtención de un préstamo de $1.750 millones.
Esta consiste en un 85% de aumento de impuestos y 15% en promesas de reducción de gastos. El grueso de la propuesta tributaria consiste en la creación del impuesto a las transacciones y en aumentar el impuesto territorial en un 200%.
Propuesta inaceptable
Esta propuesta es inaceptable. La delicada situación fiscal obedece exclusivamente a que el gobierno no cesa en gastar más de lo dispone como si fuera un drogadicto sin remedio. La situación fiscal estaba mal previo a la aparición del SARS-CoV-2. Sin embargo, dicha situación se agravó por el pésimo manejo de la pandemia porque para salvaguardar la salud pública no es necesario atropellar las libertades individuales. La COVID-19 no ha causado la tasa de desempleo más alta de la historia de Costa Rica; el cierre del comercio, sí.
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La Administración Alvarado Quesada inicia en mayo del 2018 con un presupuesto de ₡9.307 billones. El presupuesto para el año 2020 es ₡10.926 billones. Esto representa un crecimiento del gasto del 17,4% en un periodo donde la inflación acumulada apenas llega al 3,23%. Como vemos, no hay recato en el control del gasto.
Según proyecciones del Banco Central de Costa Rica, el Producto Interno Bruto (PIB) del 2020 caerá en un 5,03% en términos nominales. Sin embargo, el presupuesto de la República para el 2021 contempla un crecimiento del 4,8% en el gasto. ¡Que bárbaros! Este crecimiento es totalmente irresponsable e injustificado desde cualquier punto de vista y le quita toda autoridad moral al gobierno para solicitar nuevos impuestos y más endeudamiento.
Ante las cifras de expansión irresponsable del gasto público, queda evidente que el interés del gobierno es obtener recursos para seguir aumentando el gasto público ad infinitum.
Además, el gobierno engañó descaradamente al pueblo costarricense cuando presionó por la aprobación del Plan Fiscal en el 2018 con el argumento que después impulsaría proyectos de ley para contener el gasto público de manera significativa.
Por lo anterior, no me cabe la menor duda de que el préstamo que el gobierno gestiona ante el FMI tiene como fin, no aliviar la situación fiscal, sino empeorala de la misma manera que la situación fiscal empeoró con la aprobación del Plan Fiscal. El objetivo del gobierno es seguir gastando, no corregir el desbalance fiscal. Otra prueba de ello es que el gobierno incluyó el financiamiento del tren eléctrico dentro del préstamo con el FMI.
Basta ya de seguir aumentando la carga tributaria del país. Basta ya de seguir aumentando los niveles de endeudamiento. Basta ya de despilfarro, de pensiones con cargo al presupuesto, de financiar privilegios, de exceso de planilla en el sector público y de exceso de entidades públicas que no cumplen función social ni económica alguna. Basta ya de restricciones a la libertad económica que destrozan negocios, crean miseria y desempleo.
El déficit fiscal debe corregirse en un 100% via recorte de gasto público y con políticas económicas que promuevan el crecimiento económico de modo que, al crecer la economía, se recauden más impuestos.
Aumentar impuestos empeora la situación
Desde el punto de vista empresarial, cualquier impuesto, sea el que sea, se traduce en aumento de los costos de producción y con ello se desincentiva la inversión. Al caer la inversión, aumenta la tasa de desempleo, se desacelera el crecimiento económico y cae la recaudación. Al disminuir la demanda de empleo, producto de mayores costos de producción, los salarios crecen a un ritmo menor.
Por otra parte, desde el punto de vista del asalariado, cuando a este le suben los impuestos significa que ahora podrá comprar menos bienes y servicios que antes. En la jerga del economista, el aumento de los impuestos se traduce en una disminución del ingreso disponible del asalariado y, por tanto, significa un empobrecimiento inequívoco para él.
Propuesta de 7 puntos para reducir el gasto público sin causar desempleo.
Muchos se oponen a la reducción del gasto público porque asumen que esto causaría desempleo masivo. Esto es un error. Aquí presento 7 propuestas no solo para acabar con el problema fiscal, sino también para reducir el gasto público como porcentaje del PIB sin causar desempleo.
1) Congelamiento de plazas y no reemplazo de quien deje el cargo. Según me contaba un exministro de Hacienda, todos los años entre un 5% y 8% de los empleados del sector público abandonan dicho sector de manera voluntaria. Si no se reemplazan dichas plazas, esto significaría una reducción entre 23% y 34% de la planilla en cinco años. Habría que hacer el estudio pertinente para confirmar y actualizar el dato.
Conforme va disminuyendo la planilla, habría que trasladar a los empleados de las instituciones que deseamos cerrar y moverlos a las que deseamos conservar. El gobierno tiene un papel importante en el fomento de la seguridad civil (policía), tribunales de justicia e infraestructura. Sin embargo, no hay nada que justifique instituciones como el Ministerio de Planificación (Mideplan), Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), La Defensoría de los Habitantes, el Consejo Nacional de la Producción (CNP), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Ministerio de Cultura y Juventud, Mivah, IFAM, Infocoop, Japdeva, BCCR, Conavi, Inamu, Incop, INDER, Sinart, etc.
2) Eliminemos todos los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto y movámonos a un régimen de capitalización individual como en Chile. Las pensiones con cargo al presupuesto suman ₡1.148 billones (3,2% del PIB) para el presupuesto del 2021.
Una pensión justa debe ser el resultado de la suma de las cotizaciones (ahorro), más los rendimientos generados por dicho ahorro. Quien reciba menos, está siendo estafado. Quien reciba más, le está robando al contribuyente.
En Costa Rica, todos los regímenes de pensiones son con cargo al presupuesto de la República, es decir, con cargo al contribuyente, incluyendo el de la CCSS. Por tanto, la solución no es unificar los regímenes de pensiones en el de la CCSS porque este es injusto. Peor aun, el régimen de la CCSS se basa en un esquema Ponzi (piramidal) que, por definición, está condenado a la quiebra sin importar las reformas que se le hagan.
Solo con los regímenes de pensiones de capitalización individual, al estilo chileno, el pensionado recibe lo que le corresponde. Solo los regímenes de pensiones de capitalización individual son solventes, autofinanciables y no requieren de un solo céntimo por parte del Estado.
La solución es trasladarnos a un régimen de capitalización individual siguiendo el modelo chileno.
En el artículo Reforma a los regímenes de pensiones detallo esta propuesta.
3) Bajemos la carga tributaria. Según el principio de la Curva de Laffer, al bajar los impuestos se incrementa la recaudación fiscal. Esto sucede porque al bajar los impuestos se incentiva la inversión, se reduce el desempleo y se desincentiva la evasión fiscal.
Recordemos que Costa Rica tiene una de las cargas tributarias más altas del mundo. No podemos aumentarla más. Por el contrario, debemos bajarla.
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Siguiendo este principio de la Curva de Laffer, muchos países han bajado el impuesto de la renta. Costa Rica podría hacer lo mismo y bajarla a una tasa única (sin escalafones) del 15% para toda actividad económica, eliminando todo portillo y exoneración. Esta propuesta la expongo con detalle en mi artículo El Flat Tax: la reforma tributaria que necesitamos.
4) El Fondo Especial de Educación Superior (FEES) y Universidad Técnica Nacional. (1,5% del PIB) El FEES es un subsidio para las universidades públicas que se financia con los impuestos del sector productivo. Este fondo ha venido creciendo de manera significativa sin que por ello haya habido un aumento correspondiente en la matrícula. El presupuesto del FEES para el 2021 es de ₡524.214 mil millones (1,5% del PIB)
Según el Quinto Informe Estado de la Educación, el 50% de los estudiantes de las universidades estatales provienes del 40% más rico del país. Tan solo un 22,6% de los estudiantes de las universidades estatales “pertenecen a los hogares de menores ingresos”. Es decir, el FEES se destina, principalmente, a subsidiar a estudiantes ricos. Esto quiere decir que el FEES es un instrumento que deteriora la distribución del ingreso.
Dado que las universidades públicas tienen una larga trayectoria y un prestigio creado, no habría problema alguno en eliminar el FEES y sustituirlo con aumento en el cobro de la matrícula. Esta propuesta debería contar con el apoyo masivo de los socialistas que piden a gritos que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres.
No está de más comentar que dicha propuesta no tiene por qué afectar el programa de becas de las universidades estatales. Así como las universidades privadas financian sus programas de becas con el ingreso que obtienen de la matrícula de quienes la pagan en su totalidad, de igual manera las universidades públicas seguirían financiando sus programas de becas.
5) Venta de todas las empresas públicas que hay en el país. Uno de los gravísimos problemas que tenemos en Costa Rica es que discutimos política económica sin recurrir a lo que dice la Economía. Pues bien, no hay nada en la Economía que justifique la existencia de empresas públicas porque estas son ineficientes e ineficaces per se. Esto lo desarrollo en mi artículo Los gobiernos son ineficientes e ineficaces per se.
El funcionario público es ineficiente per se porque administra recursos que no se ha ganado con esfuerzo propio. Nadie administra mejor que aquello que le ha costado. Por otra parte, el burócrata es un ser humano como cualquier otro que busca su propio interés antes que el bien común. Es decir, la prioridad del funcionario público es crear sobresueldos y privilegios en favor propio antes que velar por el bien común. Es por eso que toda empresa pública en el mundo que existe requiere de algún tipo de protección o privilegio para sobrevivir. Dado lo anterior, toda empresa pública deteriora el desarrollo económico y social. Y por eso deben venderse todas.
La propuesta consiste en emitir acciones de cada una de las empresas públicas y trasladar, de manera gratuita, el 49% de las acciones a manos de cada costarricense mayor de edad. Esto es mejor que darle bonos (dádivas) a la población. El restante 51% de las acciones se sometería a subasta pública por medio de licitación. Simultáneamente, con el traspaso de acciones, se abriría totalmente el mercado pertinente a la libre competencia.
Algunas de las empresa públicas que debemos privatizar son: el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), la banca estatal (Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco Internacional de Costa Rica y el Banco Popular), Radiográfica Costarricense, Correos de Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), el Banco Central de Costa Rica, el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), las universidades públicas (incluyendo la UTN), etc.
6) Eliminación del salario escolar. El salario escolar presupuestado para el 2021 suma ₡163.036 mil millones; es decir 0,47% del PIB. El sector público no ha sufrido las consecuencias del pésimo manejo de la pandemia de la COVID-19 basado en restricciones a la libertad y el cierre forzado de negocios. La eliminación del salario escolar sería tan solo un pequeño sacrificio del burócrata al ajuste fiscal.
7) Levantar el veto a la exploración y explotación petrolera y de gas natural. En febrero del 2019, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, extendió hasta el año 2050 la moratoria a la exploración petrolera por medio del Decreto Ejecutivo 41.578.
¿Cuál será el objetivo de dichos decretos que postergan la exploración petrolera y de gas natural? ¿Acaso Costa Rica consume menos petróleo al ser este importado y no producido en territorio nacional? ¿Acaso la huella ecológica se verá afectada negativamente si en Costa Rica se consumiera petróleo producido en su territorio? La huella ecológica incluso podría disminuir si el petróleo se produjera localmente porque los costos de transporte podrían verse reducidos.
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Costa Rica se vería beneficiada en todo sentido si se levantara la moratoria para la exploración petrolera y de gas natural y su eventual explotación. Los beneficios serían: inversión extranjera directa, creación de fuentes de empleo, y millonarios ingresos para el fisco por impuestos recaudados en caso de producirse petróleo o gas natural.
En fin, el problema fiscal se puede resolver sin necesidad de aumentar impuestos. A mi juicio, insistir en impuestos es perverso y solo encuentro su justificación si la agenda fuera continuar con el proceso de destrucción de la producción con el fin de instaurar el socialismo del siglo XXI en Costa Rica.
¡Basta ya de impuestos! ¡Basta ya de endeudamiento!
