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A partir del 01 de enero del 2018, está permitido en California el cultivo, venta y consumo recreativo de cannabis. Si bien esto no es novedoso para otros siete estados en los EE.UU., nada se compara con el tamaño del mercado que significa California.
Nadie con buen corazón desea ver a un ser humano padecer el flagelo de la adicción por las drogas. Sin embargo, muchas veces la solución que planteamos a un problema empeora las cosas. Ejemplo de lo anterior es la guerra contra las drogas. Si bien el consumo de drogas causa daños, debemos reconocer que la prohibición de su producción, comercialización y consumo, también han traído consecuencias sociales nefastas como asesinatos, corrupción del sistema judicial, hacinamiento en cárceles, y un gasto astronómico en recursos judiciales y policiacos que bien podrían estarse destinando a otras causas sociales.
La guerra contra las drogas es la que más muertes ha causado en lo que va del siglo XXI. Cientos de millones de dólares se han destinado a ello y el consumo no baja ni la oferta disminuye. Por lo tanto, es necesario replantearse la estrategia sobre este tema.
Como bien dijo Kofi Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas, “las drogas son peligrosas, pero las políticas contra los narcóticos son una peor amenaza porque al castigo se le da prioridad sobre los derechos humanos y la salud”. La posición de la Comisión Global de Política de Drogas (Global Commision On Drug Policy) y, en particular la postura de la Comisión latinoamericana sobre democracia y drogas (The Latin American Commission on Drugs and Democracy) es que la guerra contra las drogas no tiene sentido, ni social, ni económico. La Comisión latinoamericana sobre democracia y drogas la codirigen tres expresidentes latinoamericanos: César Gaviria (Colombia), Ernesto Zedillo (México), y Fernando Enrique Cardoso (Brasil) quienes estuvieron al frente de esta guerra.
La solución es seguir el ejemplo semejante al de Portugal e introducir un proceso de despenalización y descriminalización de las drogas con el fin de acabar con la violencia y el crimen organizado asociados al mercado de drogas ilícitas. Como segundo paso simultáneo, es tratar la adicción de las drogas como un problema de salud, siguiendo el pensamiento de Kofi Annan.
La defensa de la despenalización y descriminalización de las drogas encuentra fundamento en conceptos esenciales que debe respetar toda sociedad civilizada. El primero es de sentido común que establece que no puede haber delito sin víctima. No hay víctima si quienes consumen drogas lo hacen por su propia voluntad.
En una sociedad que respeta la libertad implica, necesariamente, que muchos tendrán conductas que no serán de nuestro agrado y que, por lo tanto, debemos respetar toda conducta siempre y cuando no violen el ejercicio de la libertad de terceros. Consumir drogas puede ser una conducta socialmente censurable, pero al no violar la libertad de terceros, no debe ser considerada un delito. Nos guste o no, una sociedad que no trata a terceros como esclavos, debe respetar que cada uno es libre de tomar, fumar, e inyectarse lo que le de la gana.
Por otra parte, el ejercicio del poder punitivo del Estado debe estar limitado a principios que salvaguarden las garantías civiles e individuales. Es decir, el Gobierno no puede criminalizar ni penalizar un acto por mero capricho.
En derecho se habla del principio de lesividad que establece que no puede haber delito sin que exista daño a un bien jurídico tutelado; siendo la vida, la libertad y la propiedad los bienes jurídicos por excelencia. Se supone que la lucha contra las drogas se basa en proteger la salud pública como bien jurídico. Sin embargo, todos los estudios confirman que, lejos de proteger la salud pública, la guerra contra las drogas, la empeora. Lo anterior es así porque la guerra contra las drogas no ha reducido su consumo. Además, debido a la prohibición, los precios de las drogas suben y esto genera la creación de nuevas sustancias de menor precio, pero mucho más dañinas para la salud.
Mientras exista la criminalización de las drogas, sus consumidores no podrán ser atendidos bajo los programas de salud y por tanto no podrán prevenirse muchas enfermedades como hepatitis C, tuberculosis y VIH. Solo despenalizando y descriminalizando las drogas podrán atenderse los adictos bajo los programas de salud.
La guerra contra las drogas tiene un costo altísimo en recursos policiacos, equipos de investigación, jueces, fiscales, etc. Estos recursos se le restan a los destinados para combatir los verdaderos delitos, donde sí hay víctimas, como robos, fraudes, violaciones, corrupción u homicidios.
La prohibición provoca que los precios de las sustancias ilícitas se disparen, contribuyendo a la creación de fortunas a las mafias organizadas. Además, la prohibición induce e incentiva la violencia y los asesinatos porque en caso de que existan disputas o diferencias, estos no se pueden resolver mediante los tribunales de justicia y no queda otra más que resolverlos por medio de la amenaza, o del uso de la fuerza, de la violencia o el asesinato. Cientos de miles de personas mueren por ajustes de cuentas como consecuencia de la prohibición.
Debemos valorar y estudiar seriamente otras alternativas que incluyan un proceso de despenalización y descriminalización del consumo y posesión de sustancias que hoy son ilícitas y que se aborde el asunto de las drogas como un problema de salud al estilo de Portugal, cuya experiencia ha sido muy positiva, aunque no perfecta.
El autor es miembro de la Mont Pelerin Society.
