Escuchar“Nuestro sistema actual de impuestos corporativos está desactualizado, es injusto e ineficiente. Brinda exenciones impositivas que mueven empleos y ganancias al extranjero y golpea a las empresas que deciden quedarse en Estados Unidos con una de las tasas impositivas más altas del mundo. Es innecesariamente complicado y obliga a las pequeñas empresas de EE.UU. a gastar incontables horas y dólares en la declaración de sus impuestos. No está bien, y tiene que cambiar”. Esto lo decía Barack Obama a principios del 2012 siendo presidente de los Estados Unidos.
El 22 de diciembre del 2017, el presidente de los EE.UU., Donald Trump, firmó la ley “Tax Cuts and Jobs Act”, la cual es la reforma tributaria más importante en décadas de ese país. Esta reforma tributaria, cuyo objetivo primordial fue el recorte de impuestos y simplificación tributaria, significará mayores tasas de crecimiento, generación de más empleo productivo, aumento en los salarios reales y un mayor ingreso disponible, después de impuestos, para todos los estratos de ingreso.
El impuesto de renta para las empresas pasa del 35% al 21% y se elimina la renta mundial que se sustituye por una renta territorial. A nivel de la renta individual, se conservan los siete escalones, pero con tasas ligeramente más bajas y se duplica la exoneración básica. Lo anterior convierte a los EEUU en un país mucho más competitivo y esto puede traer consecuencias sobre la inversión extranjera directa para países como el nuestro.
En general, se eliminan muchas exoneraciones y se simplifica el cálculo de los impuestos siguiendo los principios del Flat Tax que yo he venido promoviendo por este medio. Trump quiso cerrar casi todos los portillos de exoneraciones (loopholes) pero tuvo que ceder en conservar muchos de ellos con el fin de lograr aprobar la reforma.
Según la Tax Foundation, el recorte de los impuestos significará, a lo largo de la siguiente década, un incremento promedio en la producción de los EE.UU. equivalente a 0.29% anual. En el largo plazo, un aumento en los salarios de 1.5% y la creación de 339 mil empleos adicionales de tiempo completo. En promedio, el ingreso después de impuestos se verá incrementado para todos los estratos, aunque en mayor medida para los salarios altos.
Nadie (quizá exceptuando los políticos del tercer mundo) pone en duda que una reducción de los impuestos se traduce en mayores tasas de crecimiento, menores tasas de desempleo, en un aumento en los salarios y en una reducción de la pobreza. Como bien decía James Buchanan, Premio Nobel en Economía en 1986, en su libro “Democracy in Deficit”: “Los recursos utilizados por el gobierno son menos productivos que los recursos utilizados por el sector privado, un traslado a un sector público cada vez más grande reduce la productividad general en la economía”. En otras palabras, debemos entender que el gasto público desestimula el crecimiento, la generación de empleo y, por ende, promueve la pobreza.
Además, dicha reforma también implica, ceateris paribus, un aumento en el déficit fiscal de los EE.UU. En términos netos, tomando en cuenta la reducción en la recaudación tributaria por motivo del recorte, pero, a la vez, sumando el aumento en la recaudación producto del mayor crecimiento económico, el déficit fiscal se incrementaría en US$448 mil millones a lo largo de 10 años.
En el proyecto de ley original el recorte de impuestos era mucho más ambicioso puesto que planteaba reducir el impuesto de renta a las empresas del 35% al 20%, el impuesto de renta individual lo reducía a 3 escalones (12, 25, y 33 por ciento) y eliminaba muchas más deducciones que la reforma aprobada. La idea original del Presidente Trump era llevar el impuesto de renta corporativo al 15% porque decía que una tasa entre el 20 y el 25% no lograría una mejora competitiva significativa. Por otra parte, la mayoría de los cambios en la renta individual aprobados, lamentablemente, son temporales y expirarán en el 2025. La idea original era que estos cambios fueran permanentes.
La propuesta original no prosperó porque los estatistas-socialistas pensaban más en el déficit fiscal que eso implicaría, antes de ver los beneficios sobre el crecimiento, la generación de empleo, el crecimiento de los salarios y la reducción de la pobreza.
Nadie niega que, si se hubiera aprobado el proyecto original, la proyección del déficit fiscal hubiese sido mucho mas grande. Sin embargo, los beneficios también hubieran sido mucho mejores. Ante esta realidad, ¿no hubiese sido mejor haber aprobado el proyecto original y como segundo paso proponerse para el 2018 aprobar una reforma de recorte de gasto público para enfrentar el déficit?
En todo el mundo, el gasto público es excesivo y debe reducirse y no es deber del ciudadano financiar a los grupos de presión, ni cuanto capricho o disparate se le antoje al político de turno.
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Este gran recorte de impuestos y simplificación tributaria debería de disuadir a todo político sensato en dejar de insistir en la aprobación de más y nuevos impuestos. Los altos niveles de pobreza y de desempleo que tenemos en nuestro país demandan recorte de impuestos y reducción del gasto público.
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En fin, la Tax Cuts and Jobs Act reduce, sin lugar a dudas, el nivel de competitividad de América Latina y nos obliga a reconsiderar la libertad económica como el único sendero para promover un sano desarrollo económico y social.
