Costa Rica está atravesando por un aumento alarmante en la tasa de homicidios. Dicho incremento se da a partir del 2022.
Como respuesta, el presidente Rodrigo Chaves había presentado el miércoles 22 de noviembre del 2023 su Política de Seguridad en la Academia Nacional de Policía en Pococí de Limón. En esta actividad, el presidente Chaves manifestó que la tasa de homicidios crece porque tenemos “leyes débiles”.
Es decir, el Poder Ejecutivo se lava las manos y culpa a la legislación actual como causante del aumento de la tasa de homicidios. Sin embargo, la legislación existente es la misma que tuvieron todos los gobernantes anteriores y con ellos dicha tasa fue más baja. Por tanto, la causa del aumento en la tasa de homicidios no se debe a la legislación actual.
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Debemos tener cuidado cuando un gobernante dice que las leyes son “débiles” ante la delincuencia. No vaya a ser que el presidente de la República, en un acto propio de un tirano, pretenda modificar la legislación con el fin de violentar el debido proceso ante los tribunales y brincarse el principio de presunción de inocencia. Un estado de excepción, como en el caso de El Salvador, no es la solución correcta para Costa Rica con el fin de enfrentar la delincuencia.
Uno de los principios fundamentales del Derecho Penal, y de toda democracia, es que se parte de presunción de inocencia. Es decir, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Los tiranos desprecian este principio fundamental porque ellos quieren silenciar y encarcelar a sus opositores solo por el hecho de ser opositores.
Otro principio relacionado es in dubio pro reo que significa que, ante la duda, se favorece al acusado. Obviamente la duda ante el juzgado debe ser razonable. En términos populares, el principio lo que establece es que es mejor un delincuente libre, antes que un inocente privado de libertad. Al tirano tampoco le gusta este principio fundamental de toda democracia.
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Debemos estudiar con cuidado por qué vemos a diario en las noticias que los tribunales dejan en libertad a tanto acusado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). No puede ser que el OIJ haga todo un trabajo de captura de presuntos delincuentes y que éstos queden libres por decisión de un juez a los pocos días. ¿Qué está pasando? ¿Será que no hay suficiente prueba? ¿Será que tenemos jueces corruptos que con dolo no interpretan adecuadamente la ley para liberar reos? No podemos dar conclusiones sin estudiar la situación a profundidad.
Por otra parte, muchos actos delictivos no tienen nada que ver con la legislación sino con el hecho de que los delincuentes cometen sus fechorías desde las cárceles debido a que existe una red de corrupción que permite que los privados de libertad tengan acceso a celulares y canales de comunicación con el exterior. No es posible que los presos puedan montar fácilmente call centers desde la misma prisión.
Es posible que nuestra legislación deba ser modificada para combatir mejor la delincuencia. Sin embargo, debemos cuidar que no se sacrifiquen las garantías constitucionales que tiene el costarricense frente a eventuales abusos de poder y prácticas totalitarias.