Según el informe, Paying Taxes 2020 del Banco Mundial (BM), Costa Rica tiene una de las cargas tributarias más altas del mundo: 58.3%. La situación es peor aún si tomamos en cuenta que esta cifra no incluye el aumento de la carga tributaria que significó el plan fiscal aprobado en diciembre del 2018.

La tasa corresponde a lo que el BM llama Carga Tributaria y Contribuciones Total (TTCR, por sus siglas en inglés) que mide el porcentaje de los tributos como parte de las ganancias. La tendencia mundial muestra una caída importante del TTCR desde el 2004, año en que se hizo el primer informe de Paying Taxes.

La carga tributaria de Costa Rica está muy por encima del promedio de la Unión Europea, de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del promedio mundial.

Es necesario exponer las razones del por qué los impuestos no contribuyen al desarrollo económico ni al bienestar social.

Desde el punto de vista empresarial, cualquier impuesto, sea el que sea, se traduce en aumento de los costos de producción. Esto disminuye la competitividad y, como consecuencia, se reducen los niveles de inversión y las tasas de crecimiento de la economía. Dado que la generación de empleo es consecuencia directa de la inversión, al caer esta última, se desacelera la creación de trabajo. Al disminuir la demanda de empleo, producto de mayores costos de producción, los salarios crecen a un ritmo menor.

Por otra parte, desde el punto de vista del asalariado, cuando a este le suben los impuestos significa que ahora podrá comprar menos bienes y servicios que antes. En la jerga del economista, el aumento de los tributos se traduce en una disminución del ingreso disponible del asalariado y, por tanto, significa un empobrecimiento inequívoco para él.

Algunos argumentan que el Gobierno nos devuelve los impuestos en forma de bienes y servicios y que esto compensa las pérdidas mencionadas anteriormente. ¡Esto es falaz!

El Gobierno no es ni eficiente ni eficaz per se. Esto significa que siempre producirá cualquier bien o servicio mucho más caro que los fabricados en un mercado donde impere la libre competencia. Es decir, cobrar impuestos para poner al Gobierno a producir bienes y servicios resultará, sin lugar a duda, en un aumento en el costo de la vida.

Otros argumentan que la razón de ser de los impuestos y el gasto público no es la eficiencia porque su objetivo es social. Esto es otro cuento de los políticos; otro discurso demagógico.

El gasto público en Costa Rica representa aproximadamente un 30% de la producción nacional (PIB). Para aliviar toda la pobreza en Costa Rica se requiere menos del 2% del PIB. En otras palabras, el gasto público representa 15 veces más de lo necesario para acabar, no aliviar, con toda la pobreza y, sin embargo, ningún Gobierno lo hace.

Para lograr cualquier objetivo social, los recursos públicos disponibles bastan y sobran. Bien podríamos recortar el gasto público en 66% y aún tendríamos suficientes recursos para acabar con la pobreza.

En resumen, los impuestos desaceleran el crecimiento económico, disminuyen los niveles de inversión, aumentan el desempleo, empobrecen a los trabajadores y elevan el costo de la vida.

El burócrata no es un ángel que busca el bien común sino un ser humano que, como cualquiera, busca primero su propio beneficio. Es por esto que el gasto público no es capaz de mejorar los indicadores económicos ni sociales.

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Impacto negativo de mayores impuestos

La afirmación de que el aumento del gasto público perjudica el desarrollo económico y social no es solo teoría, sino que está respaldada por evidencia empírica y por la historia de manera abrumadora.

Uno de los tantos estudios es The Size and Functions of Government and Economic Growth, donde muestran cifras comparativas que van desde 1960 hasta 1996 para los países miembros de la OCDE.

Este es un periodo ideal para medir el impacto del gasto público sobre el crecimiento porque fue un periodo de rápida expansión. El estudio concluye que existe una relación negativa entre crecimiento del gasto público como porcentaje de la producción nacional y las tasas de crecimiento de la economía.

Mientras que los países con un gasto público inferior al 25% como porcentaje del PIB crecieron a un ritmo promedio del 6% anual, las tasas de crecimiento se reducen a un promedio del 1,6% anual cuando el gasto público excede el 60%. No solamente se reducen las tasas de crecimiento, sino que también aumenta el desempleo y se reduce la productividad.

El peor mito en defensa de mayores impuestos y del gasto público proviene de la falsa creencia de que algunos países miembros de la Unión Europea, como Suecia, se desarrollaron gracias al Estado Benefactor. La verdad es que todas las naciones que hoy son desarrolladas lo hicieron gracias a políticas de libertad económica y se estancaron a partir de la década de 1970 luego de aplicar políticas propias del Estado Benefactor.

Mucha gente habla de Suecia como ejemplo a imitar. Este país era pobre a inicios del siglo XIX. Sin embargo, empezó a crecer desde finales del siglo XIX y se convirtió en uno de los más ricos del mundo con libre comercio, gobierno pequeño con bajos y pocos impuestos. Para finales de la primera mitad del siglo XX, gracias a la libertad económica, Suecia ocupaba la posición número cuatro dentro de los países más ricos del mundo. A partir de la década de 1950, Suecia adopta es Estado Benefactor y con ello cayó a la posición 14 en el escalafón de riqueza mundial.

El Estado Benefactor sueco entró en una crisis profunda para finales de la década de 1980 que los obligó a privatizar todas las empresas públicas, reducir el gasto de manera significativa (20% del PIB), a introducir sistema de precios en su modelo de pensiones y a implementar competencia en todos los mercados, incluyendo su sistema educativo con el mecanismo de cupones.

Por otra parte, en el libro Public Spending in the 20th Century los autores concluyen que aquellos países que apostaron por las políticas del Estado Benefactor no experimentaron mejoras en sus indicadores sociales en contraste con aquellos países que no aplicaron dichas políticas.

Sin embargo, concluyen los autores del libro, el Estado Benefactor se tradujo en menores tasas de crecimiento, mayores tasas de desempleo y en una desaceleración del crecimiento de los salarios y, por tanto, recomiendan reducir el gasto público, como porcentaje de la producción nacional, a niveles anteriores de 1960, es decir, previos al Estado Benefactor.

El libro Public Spending in the 20th Century es un estudio mundial sobre el impacto del gasto público que empieza en las últimas décadas del siglo XIX y termina en el año 2000.

Por último, la caída del muro de Berlín en 1989 nos enseñó que el gasto público, ni la planificación centralizada, son instrumentos que promueven el desarrollo económico o social.

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Por las razones expuestas, el objetivo de una sana política económica debe ser la reducción de impuestos y del gasto público, empezando por la eliminación de todo tipo de privilegios (por ejemplo, los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto, el FEES, etc.) y el cierre de entidades públicas que no cumplen función social ni económica alguna (ICT, Mideplan, Micitt, CNP, Ministerio del Deporte, IFAM, Infocoop, Banco Central, Conavi, Inamu, entre otras).

Por último, y no por eso menos importante, los impuestos restringen la libertad individual. Ser libre significa disponer del 100% de nuestro ingreso, de nuestra vida y de nuestra propiedad. Por tal razón los impuestos deben ser mínimos, sino nulos. El Gobierno debe abandonar la ética del delincuente, a saber, el querer disponer, a la fuerza, de nuestro ingreso y nuestra propiedad por medio de impuestos.

Como bien decía Lord Acton: “La libertad no es un medio para alcanzar un fin político más alto. Es en sí misma el fin político más alto”.