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San Juan. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, solicitó este miércoles 3 de mayo acogerse a una protección por bancarrota a fin de reestructurar su deuda de más de $70.000 millones, dos días después que venciera una moratoria de pago a los acreedores.
"Ante la realidad del calendario y la eliminación de la moratoria (...) tomé la decisión de solicitar a la Junta (de Supervisión Fiscal) que Puerto Rico se acoja a la protección del Título III para poder trabajar en un plan estructurado de lo que sería el pago de la deuda bajo los parámetros del plan fiscal", dijo Roselló en una conferencia de prensa.
El Título III de la ley PROMESA –que impuso una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para manejar la crisis financiera de la isla– prevé en su Título III la quiebra como un recurso que permite reestructurar la deuda en caso de que el gobierno y sus acreedores no logren acuerdos.
Rosselló afirmó que de esta forma se asegura la prestación de los servicios esenciales al pueblo puertorriqueño ante la imposibilidad de cumplir con los acreedores de una deuda pública que asciende a $72.000 millones.
"El objetivo final de esto es proteger a nuestro pueblo", afirmó el gobernador, argumentando que los acreedores pretenden "reducir el dinero disponible para el pueblo de Puerto Rico".
Según The Wall Street Journal, la de Puerto Rico es la mayor bancarrota municipal de la historia de Estados Unidos.
La deuda puertorriqueña deja pequeña la que padeció la ciudad de Detroit (de $18.000 millones) cuando entró en bancarrota en 2013.
"El gobernador y la Junta de Supervisión tomaron un paso importante para proteger al pueblo de Puerto Rico y los servicios esenciales de la isla", dijo Eric LeCompte, de la coalición de organizaciones de lucha contra la pobreza Jubilee USA.
"El proceso de bancarrota es vital para que Puerto Rico pueda recibir el alivio de deuda que le fue prometido".
El 1 de mayo, cientos de puertorriqueños se manifestaron en contra de las medidas de austeridad propuestas por la JCF.
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Ese día, terminaba la moratoria a los acreedores que establecía PROMESA, acrónimo de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico. La medida fue aprobada a mediados de 2016 por el Congreso estadounidense.
Al día siguiente, el martes, varios tenedores de bonos rechazaron una propuesta del gobierno de Puerto Rico de pagar el 50% de su valor original y optaron por acudir a los tribunales federales en San Juan y Nueva York para reclamar la totalidad del dinero.
Poco después de las palabras del gobernador, la JSF aprobó y certificó la presentación en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Juan la petición voluntaria de quiebra para este estado libre asociado.
Su presidente, José B. Carrión III, explicó que la JSF determinó necesario que el gobierno puertorriqueño sometiera la petición voluntaria de quiebra para proteger a sus 3,5 millones de habitantes, al igual que los intereses de los acreedores.
Roselló afirmó que su gobierno persigue cumplir con los acreedores con un pago a la deuda de cerca de $800 millones anuales, tal como está contemplado en el Plan Fiscal de su administración certificado por la JSF el pasado 13 de marzo.
El gobernador aclaró que esto representa un recorte de 80% en el pago del servicio de la deuda originalmente pactado con los acreedores por anteriores administraciones.
"Estamos aquí para atender los problemas de Puerto Rico, no para mirar el pasado, y estoy convencido que nuestra isla podrá retomar el camino del desarrollo económico con los pasos acertados del Gobierno y el empeño de cada uno de sus residentes", manifestó Rosselló.
Pese a dar este paso, el gobernante afirmó que aún espera mantener "negociaciones de buena fe" para alcanzar acuerdos con los acreedores.
Puerto Rico arrastra una profunda crisis fiscal producto de la emisión de deudas de forma incosntitucional, a la vez que su economía se ha mantenido en retroceso en la última década, por lo que se hundió en un pantano que no le dejó otra opción que la bancarrota ante la negativa de Washington de lanzarle un rescate.
