Go Pass arrancará con el pago electrónico en 10 autobuses de la ruta de Calle Fallas, Desamparados en diciembre una buena noticia para muchos, pero que ha generado malestar en otros por el cobro de ¢25 adicionales a la tarifa por viaje para quienes opten por usar este sistema.
La pregunta que nace es ¿por qué los usuarios tienen que pagar de más por este servicio y no los autobuseros?
Una de las respuestas es porque la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) no contempla en su modelo tarifario actual el rubro de tecnología; es decir, en los pasajes actuales no se contemplan aspectos como las barras electrónicas, lectores de cédulas para adultos mayores, GPS y tampoco el sistema de cobro electrónico.
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Los autobuseros alegan que la falta de presupuesto les impide hacer este tipo de inversiones y la empresa privada Go Pass, afirma que es necesario arrancar con este sistema para que los usuarios comiencen a utilizarlo y, así, ir bajando los costos paulatinamente.
De momento queda a elección de los usuarios si desean usar el servicio o no, mientras que en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anuncien cuáles serán las reglas según las cuales regirá este modelo.
Inversión en tecnología
Desde que se puso sobre la mesa el tema del pago electrónico en el transporte masivo de personas (buses y trenes), las autoridades señalaron que debe implementarse un sistema único de pago en todas las rutas nacionales, con el cual el usuario pueda cancelar su pasaje con tan solo acercar su tarjeta al lector instalado en la entrada del vehículo.
Ahora bien, para echar a andar esta tecnología se deben asumir costos de instalación, mantenimiento de los equipos, los servidores donde se almacena la información, dotar a los buses de conectividad para que se puedan procesar los cobros y pagar los costos del manejo de la información de las tarjetas por parte de los emisores.
Como de momento ninguno de los elementos anteriores están incorporados en las tarifas actuales, la firma Go Pass acordó que los equipos y la instalación van a correr por su cuenta y por su inversionista, la aceleradora Carao Ventures, asumiendo el riesgo de esta inversión, con el fin de dar inicio con el proyecto que lleva más de cinco años en los escritorios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Las reglas que juegan en el cobro electrónico que instalará la empresa Autotransportes Desamparados (ATD) es que ofrecerá este servicio sin cobro adicional al pasaje regular, sino que este costo lo asumirán los pasajeros que deseen voluntariamente pagar por medio electrónico.
Por ende, el pasajero va cancelar un cargo por servicio (fuera de la tarifa) por cada pasaje. Si una persona viaja dos veces al día, de lunes a viernes, el costo adicional que percibirá será de ¢1.000 por mes (¢25 por pasaje).
Actualmente, la tarifa para la ruta de Calle Fallas es de ¢240. Para una persona que utiliza este servicio dos veces al día, cinco días a la semana, su costo mensual es de ¢9.600; utilizando el sistema de pago electrónico el monto sería de ¢10.600 (un incremento del 10% mensual).
El objetivo es que el sistema opere en diez buses durante un plazo de cuatro a seis meses para depurar aspectos técnicos y de recaudación, para que, luego, se vaya expandiendo a las demás rutas de la empresa.
El servicio que proveerá Go Pass está basado en dispositivos que funcionan a través de la tecnología NFC con tarjetas de crédito, débito y stickers que operan bajo el sistema prepago y que podrán ser recargados en puntos de la red Aló, pulperías y farmacias.
Isaac Portocarrero, fundador de Go Pass, explicó que en Costa Rica los usuarios pagan el 100% del pasaje; es decir, que todos los costos relacionados con el transporte corren por cuenta de ellos. Gastos como el combustible, aceite, llantas, mantenimiento de la flotilla... Por lo que la instalación del sistema de cobro electrónico no sería la excepción.
“Los empresarios tienen los márgenes de utilidad muy ajustados y regulados, entonces no están dispuestos a invertir porque hay una incertidumbre de lo que va a suceder por parte del Gobierno, todavía no hay claridad de cómo va a regir este modelo en el país”, agregó Portocarrero.
Precisamente, por la falta de métricas para el cobro de este sistema, y por la incertidumbre, fue que La Periférica y Paga Fácil anunciaron en noviembre del año pasado que retiraron su sistema de pago electrónico, luego de cuatro años de operación.
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Las empresas explicaron que no podían continuar invirtiendo en un negocio que no ha arrancado de manera formal.
EF le consultó a la viceministra de Transportes, Liza Castillo, cuál es la posición de la institución con respecto a cómo se aplicaría el cobro para el sistema electrónico, si se harían ajustes en las tarifas, si sería el autobusero o los usuarios quienes asumirían los costos, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta.
El MOPT manifestó en el 2015, de la mano del exviceministro Sebastián Urbina, que serán los usuarios quienes tendrán que subsidiar por medio de la tarifa la implementación del sistema de cobro electrónico. El costo quedaría integrado como un rubro más en el precio final.
Alcances del usuario
El cobro adicional en los pasajes por este servicio corresponde a una iniciativa privada, que se parece a los cobros adicionales que se hacen por ejemplo al comprar entradas para un evento a través de Internet que son conocidos como “cargo por servicio”.
Fabián Volio, abogado constitucionalista, aseveró que si una persona voluntariamente quiere afiliarse a este sistema y acepta que, además de la tarifa oficial, quiere pagar esos ¢25 por la utilización de la tarjeta electrónica lo puede hacer. No existe ninguna transgresión a la concesión.
Este servicio está regido por las reglas privadas.
“La otra alternativa es que la empresa autobusera le solicite a la Aresep un aumento de la tarifa que ya incluya este cargo, y así serían todos los pasajeros quienes paguen el sistema”, acotó Volio.
Estando así ese panorama, siempre serán los usuarios quienes deban asumir este costo. Ya sea de forma voluntaria con iniciativa privada o a través de la tarifa oficial. A menos que el MOPT disponga lo contrario.