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En el límite entre San Pablo y Santo Domingo de Heredia, la señal 3G desaparece del teléfono de Erno Hillarion, quien tiene un contrato con Claro. La aplicación que usa para escuchar música se detiene y buscar algún dato en Internet es imposible.
El problema es peor en su casa, en el centro de Santo Domingo, donde las llamadas solo salen desde el baño, al lado de la ventana o en el patio.
Santo Domingo es solo uno de los, al menos, ocho cantones que han sido escenario de conflictos en el despliegue de infraestructura para telecomunicaciones. En este momento el gobierno de este cantón enfrenta un proceso judicial interpuesto por una empresa torrera y otro por Claro.
La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) indica que el despliegue de torres está directamente relacionado con la cobertura y calidad en las llamadas.
Con el conflicto entre operadores y municipalidaes, los usuarios finales de los servicios resultan más afectados que las empresas, dijo Walter Herrera, director de Mercados de Sutel.
“Las empresas siguen vendiendo pero el que se perjudica es el que compra una línea de un operador y tiene niveles de cobertura muy bajo o no recibe la calidad adecuada”, argumentó.
Como Erno, domingueños suscritos a otras operadoras sufren problemas de calidad.
El mapa de cobertura disponible en el sitio web de Sutel revela que, en el cantón, el 5% de las llamadas salientes desde un teléfono Claro presentan alguna falla. La cifra aumenta si la suscripción es con Movistar (12%) y se quintuplica si es con Kolbi (28%).
El reglamento de telecomunicaciones de Santo Domingo exige un permiso de uso del suelo para la construcción de torres. En el caso de que se vaya a levantar en una urbanización, se necesita un consentimiento expreso de los vecinos que vivan en un radio de 50 metros.
Las operadoras consideran que los artículos del reglamento van en contra del interés público de las telecomunicaciones, declarado así en un voto de la Sala Constitucional del 2011.
Al menos otros siete gobiernos locales se enfrentan a procesos judiciales semejantes, según la información provista por Claro y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Movistar prefirió reservarse los datos.
Alajuela, Heredia, Curridabat, Montes de Oca y Tibás entran en la lista. La completan Belén, Cartago y Escazú.
Otras tres municipalidades ni siquiera cuentan con reglamento de telecomunicaciones.
De obstáculos o normas
Los conflictos entre municipalidades y empresas persisten desde que el mercado de telecomunicaciones se abrió a la competencia.
Los reglamentos que las municipalidades redactaron chocan con los intereses de las empresas. Las operadoras se amparan en el Tratado de Libre Comercio, la Ley General de Telecomunicaciones y un voto de la Sala Constitucional.
La sentencia indica que el tema de infraestructura en materia de telecomunicaciones “excede la esfera de lo local o cantonal” y que esta debe poder construirse en cualquier sitio.
“El tema de construcción, ampliación o desarrollo y mejora de la infraestructura en materia de telecomunicaciones tiene una clara e inequívoca vocación nacional”, reza el documento.
“Las municipalidades deben otorgar los certificados de uso de suelo para la construcción e instalación de infraestructura de telecomunicaciones en cualquier área de zonificación del cantón”, agrega el voto, que está en el expediente No. 15763-2011.
Precisamente, entre los artículos más conflictivos presentes en los reglamentos municipales se encuentran los relativos a los permisos por uso del suelo, las distancias entre torres y el otorgamiento de licencias.
Para las operadoras, el voto de la Sala se trae abajo cualquier excepción para construir, pero no todas las municipalidades se alinean a este criterio.
Santo Domingo, Curridabat y Alajuela se han enfrentado a demandas que se relacionan con el permiso exigido para el uso del suelo. Alajuela defiende que sus exigencias se acogen al principio de legalidad, pues no se puede permitir nada que no esté expresamente indicado en la ley.
“No pueden instalar las torres donde se les ocurra sin guardar las normas técnicas”, dijo Luis Alonso Villalobos, asesor legal de la alcaldía de Alajuela.
“Lo que la municipalidad espera es que las empresas afinen y mejoren en función de las reglas que ya existen”, agregó.
Como él , el alcalde de Curridabat insiste en que los reglamentos de los gobiernos locales no deben modificarse en función de las necesidades de las compañías.
La municipalidad que él dirige prohibió la instalación de torres en zonas privadas, por razones estéticas y por el valor de las propiedades. Según comentó el alcalde, los lotes desocupados le restan belleza y valor económico a las propiedades aledañas.
El problema se agudiza cuando el dueño le alquila la propiedad a una empresa torrera, pues saca provecho del valor que han inyectado sus vecinos en la propiedad al tiempo que les resta plusvalía.
“¿Desde cuánto la torre es esencial para un servicio? Ese es un negocio de bienes raíces, de oportunismo, de especulación de tierra, pero no es un problema de telecomunicaciones”, dijo Mora.
Como alternativa, las operadoras han instalado otro tipo de infraestructura o han aumentado la potencia de torres cercanas.
“Las alternativas han elevado los costos y a su vez han desacelerado la ejecución de las obligaciones establecidas en primera instancia dentro del Contrato de Concesión”, comentó Carolina Sánchez, vocera de Claro.
“Lo ideal es construir las torres porque genera mayor alcance y permite seguir el plan original”, coincidió José Pablo Rivera, gerente regulatorio de Movistar.
Conflictos internos
En varias municipalidades, ni siquiera la alcaldía está de acuerdo con los artículos restrictivos establecidos por los reglamentos.
Es el caso de Montes de Oca en la provincia de San José y Santo Domingo y Belén en Heredia. En estos tres cantones, el reglamento fue redactado o modificado por el Concejo.
“El reglamento de nosotros mucha gente lo ha tildado de que es un poco restrictivo. Para mí es muy difícil defender un reglamento que nosotros no redactamos”, dijo el alcalde de Montes de Oca, Fernando Trejos.
Ennio Rodríguez, asesor legal de la municipalidad de Belén, comentó que él mismo había advertido al Concejo municipal de los conflictos a los que se enfrentarían con las restricciones reglamentarias.
“Definir una distancia de 2 kilómetros no me parecía que tuviera ningún sustento jurídico”, indicó Rodríguez.
En el caso de Santo Domingo de Heredia, Randall Madrigal, su vicealcalde, comentó que acatarán lo que el tribunal decida, pero que la ralentización de los procesos aumentará en la medida en que se sigan judicializando.
Sea quien sea el responsable del conflicto, siempre será el usuario final el más afectado, el que se tenga que acercar a la ventana o meterse en el baño para poder concretar una llamada.
Sin reglamento
Las municipalidades de Dota, Limón y Sarapiquí todavía no han publicado un reglamento de telecomunicaciones en el diario oficial La Gaceta.
El alcalde de Dota admitió que, por diferencias con el Concejo, el proyecto redactado aún está sin aprobar.
En Sarapiquí no hay planes de escribir un documento formal para regular las telecomunicaciones del cantón, pues “el que se tiene para construcciones basta”, indicó el asesor legal.
Limón no respondió a la consulta.
Fuente Micitt y municipalidades.
