¿Quién manda en el sector de telecomunicaciones en Costa Rica?

Antes de aceptar la devolución de un bloque de frecuencias de Radiográfica Costarricense S. A., el Viceministerio de Telecomunicaciones consultó a la Procuraduría General de la República (PGR) para “despejar las dudas” sobre si cabía aplicar algún procedimiento sancionatorio.

La PGR respondió en noviembre del 2015 que correspondía al Poder Ejecutivo –es decir, al Viceministerio– tomar esa decisión.

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Para la rectoría y para la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), como regulador, es normal realizar este tipo de consultas, así como recibir informes dictámenes y disposiciones tanto de la PGR como de la Contraloría General de la República (CGR).

“Las consultas remitidas por dichos órganos y que eventualmente demorarían la toma de decisiones, se han planteado en observancia de la ley, y con el fin de otorgar seguridad jurídica a los administrados, brindando además un respaldo a la Administración Pública en su actuar”, respondió Emilio Arias, viceministro de Telecomunicaciones.

Al sector, sin embargo, le preocupa la pérdida de independencia y de criterio técnico, así como la demora en las decisiones.

“En la gran mayoría de temas que incuben a la Sutel como regulador y al Viceministerio de Telecomunicaciones como rector, la intervención se convierte en una pérdida de independencia, un aumento de la burocracia que afecta el adecuado desarrollo del sector, así como una cesión de competencias”, advirtió Ana Lucía Ramírez, directora ejecutiva de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom).

La misma CGR en dos de los cuatro informes, que ha emitido desde 2010, ha llamado la atención a la rectoría y al regulador para que asuman y evidencien su “liderazgo” en el sector.

Diversidad

Las consultas, dictámenes, informes y disposiciones de la PGR y la CGR incluyen varios temas y hasta repiten consultas para que la PGR, por ejemplo, aclare algo sobre un dictamen anterior o que reconsidere alguno ya adoptado.

A la lista se deben agregar consultas de varias municipalidades sobre los reglamentos de antenas de telefonía móvil y de la misma Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) sobre sus potestates respecto a Sutel.

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Los informes de la CGR concluyen con una gran cantidad de disposiciones, incluyendo algunas para que la rectoría y el regulador coordinen, hagan planes, y cumplan funciones asignadas y medidas básicas de gestión.

Para todos los sectores es esperable algún grado de involucramiento de la PGR y de la CGR. También es claro que la legislación las obliga a resolver consultas (PGR y CGR) y a fiscalizar el uso de recursos públicos (CGR).

La Procuradora General Adjunta, Magda Rojas Chaves, aclaró que “el número de consultas en sí no es relevante” y dijo que telecomunicaciones históricamente genera distintos cuestionamientos que determinan la participación de la PGR. Eso no disminuyó con las emisión de las leyes de reforma del sector en el 2008.

Marcela Aragón, de la división de fiscalización de la CGR, dijo que ellos ejecutan auditorías y emiten los informes. “Los resultados, corrección de debilidades apuntadas y cumplimiento de disposiciones son responsabilidad de cada una de esas entidades como gestores públicos”, dijo.

Es un apoyo

Para el Viceministerio y la Sutel, la PGR y la CGR ayudan como asesores y a dirimir discrepancias. Aseguran que solo han realizado “consultas estrictamente necesarias”, basadas en criterios técnicos propios. “No existe una cesión de responsabilidades”, dijo Manuel Emilio Ruiz Gutiérrez, presidente de Sutel.

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Infocom insiste en que las consultas dejan en manos de la PGR y la CGR la emisión de criterios y resolución de temas que son “primordialmente” competencia de Sutel o del Viceministerio.

La exviceministra Hannia Vega señaló que durante la apertura (2008-2010) la PGR y la CGR ayudaron a aclarar temas básicos. “Continuar con esa práctica de ‘consulta’ no se justifica”, afirmó. “No parece oportuno delegar o rebatir materia que compete al Poder Ejecutivo o a la Sutel”.

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Juan Manuel Campos, director de telecomunicaciones del bufete Facio y Cañas & Ciber Regulación, dijo que se ha creado o facilitado una “jerarquía impropia” donde los llamados a resolver no lo hacen porque requieren dictámenes o disposiciones de la PGR o de la CGR y luego argumentan que deben acatarlas.

Advirtió que se podría estar incumpliendo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde se establecía que Costa Rica garantizaría la creación de una autoridad reguladora imparcial. “Es delicado que se recurra al abogado del Estado para que emita una opinión que tiene trascendencia en el mercado de telecomunicaciones”, dijo Campos.