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La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) solicitó al Ministerio de Hacienda complementar la directriz sobre compras públicas de telecomunicaciones mediante el establecimiento de plazos a las contrataciones y que se privilegien los concursos públicos.
La solicitud se realizó este 10 de febrero mediante una carta firmada por Oscar Barahona, presidente de Infocom, dirigida al ministro Helio Fallas y al director general de administración de bienes y contratación administrativa, Fabián Quirós.
Barahona reconoce y agradece que el Ministerio emitiera una directriz en agosto pasado en la que indica a las instituciones públicas que para la contratación de servicios de telecomunicaciones deben realizar licitaciones públicas.
Actualmente las entidades estatales prácticamente solo realizan compras directas de estos servicios, contraviniendo las directrices y recomendaciones de Hacienda y de la Contraloría General de la República.
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Barahona propone, de forma adicional esta vez, que se especifiquen los alcances de la directriz mediante la "aclaración" de que las contrataciones no deben ser superiores a cuatro años.
Además, Infocom recomienda que los actuales contratos que no tienen plazo definido (por ejemplo en telefonía fija) se establezca una fecha de terminación de un año (contado a partir de la publicación de una nueva circular, si así lo accediera Hacienda).
En los casos de contratos vigentes con plazo definido, Infocom solicita que la fecha de terminación sea al indicada en esos acuerdos pero que las eventuales prórrogas no sobrepasen los dos años.
Infocom insiste que con la contratación directa de servicios el Estado se priva de las ventajas y beneficios que genera la apertura del sector de telecomunicaciones.
Las entidades públicas en su mayoría contratan esos servicios con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y su subsidiaria Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa) y no realizan licitaciones públicas que les permita verificar la idoneidad en costos y calidad de los servicios que pueden adquirir.
"Las instituciones ahorrarían recursos e incentivarían a la industria para ofrecer mejores servicios", insistió Barahona. Esta vía transparente de contratación permitiría al Estado optar por la mejor solución, sin importar si es una empresa estatal o privada”.
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