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Roberto Gallardo es un biólogo pensionado, residente de Orotina, que tiene cuatro drones por puro hobby. Si él quisiera aprovechar estos dispositivos para brindar servicios y tomar fotos y videos a empresas o particulares tendría que pagar cerca de $3.106 (cerca de ¢1,6 millones).
Esa suma incluye lo que tendría que cancelar por la certificación de la empresa y de piloto de drones, el curso, las pruebas, el exámen médico ("que no es de cualquier médico, sino que es para piloto de aviación") y el seguro, que tiene unos requerimientos para solicitarlo y otros para una posible indeminización.
Todo eso de acuerdo a las tarifas y la directriz operacional aprobadas por la Dirección General de Aviación Civil.
"En Costa Rica es más fácil sacar un permiso de armas que uno de drones", afirmó Gallardo, quien asumió la presidencia de la recién creada Asociación Costarricense de Operadores de Drones (Acodron) y del Grupo Fiebres -x- Drones, que cuenta con 641 miembros.
De hecho el costo de obtener el permiso de armas (sumando la firma digital, el examen psicológico, las pruebas teórico-prácticas, timbres y correo) es de unos ¢110.000, de acuerdo a los datos brindados por Hugo Cascante, de la Armería El Hispano.
Tanto Acodron como el Grupo Fiebres -x- Drones surgieron precisamente ante la decisión de Aviación de emitir la directriz y las tarifas. "Creemos en los controles, pero no en la desproporción", insistió Gallardo.
Todos cuestionan que Aviación hiciera caso omiso de las críticas, oposición y denuncias de los propietarios de drones, de esas mismas organizaciones y hasta de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic).
Alegan que eso lo llevó a solicitar a principios de marzo al Presidente Luis Guillermo Solís su intermediación, caso que está en estudio por parte del Ministerio de la Presidencia.
Wimen Fong Leung, asesora legal de Aviación Civil, sostiene que nadie se había opuesto y que hacerlo después de la publicación del decreto es extemporáneo.
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Mucha confusión
Todo comenzó cuando Aviación Civil definió las tarifas para obtener la certificación de operación de un dron y estaba definiendo la directiva operacional, donde se establece las reglas, requisitos y procedimientos que deben cumplir los propietarios de este tipo de dispositivos.
Hasta ese momento los drones estaban empezando a aparecer en el país de manos de aficionados que lo utilizan por entretenimiento, como los aviones de control remoto; algunas empresas que brindan servicios comerciales y hasta para casos de emergencias.
Eran aficionados y empresarios dispersos, la gran mayoría de los cuales apenas se enteraron de las disposiciones de Aviación en setiembre pasado y no tuvieron oportunidad de participar en la audiencia para definir las tarifas.
Aparte de eso no hubo mucha divulgación de la audiencia.
La misma Wimen Fong Leung dio recomendaciones a los dos funcionarios que iban a dar una charla al Colegio de Ingenieros el 3 de setiembre de que no mencionaran la audiencia del 14 de setiembre donde se iban a ver las tarifas:
"Tampoco creo conveniente hacer público en esa charla que la revisión del AT (tarifas) está en proceso y que están a tiempo de presentar oposiciones y que la audiencia pública se va a realizar el 14/9", indica Fong en un documento (del que EF tiene copia) dirigido a los dos funcionarios y que ibca con copia a un tercero.
"Nada más digan que la tarifa está en trámite para que sea modificada para que quede en $1.874,02 y que la licencia quedará en $94. En ese sentido, indicar que todos estos aspectos estaría solventados para cuando la DO (directiva operacional) esté lista para la fimra, o sea Nov más menos" (SIC).
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Planteamientos de operadores
Aún así el rumor de lo que se venía, hizo organizarse a los propietarios de drones y lo primero que hicieron fue ir a Aviación Civil a solicitar el expediente. Pero se los negaron. Hasta que recurrieron a un abogado y al entonces ministro de obras públicas, Carlos Segnini.
Otto Rivera, director ejecutivo de Camtic, afirma que pidieron una reunión con Aviación Civil y que los atendió la misma Wimen Fong Leung, a quien se les explicó el planteamiento del sector tecnológico. "No pueden decir que no hubo oposición", sostiene Rivera.
Pese a ello a principios de febrero se publicó el decreto que establecía el pago de $1.874 solo por la certificación de una empresa de aeronaves piloteadas a distancia.
Gallardo afirma que nunca se escucharon los planteamientos que le hicieron a Aviación en un taller realizado en la Universidad Fidelitas, donde hubo mucha tensión entre los 42 operadores presentes y los funcionarios de la entidad. Lo mismo pasó con las propuestas y planteamientos que presentaron por escrito.
"Les presentamos cinco documentos", aseguró Gallardo. "No tienen especialistas en drones. Parece que lo que hicieron fue copiar y pegar diferentes legislaciones y normas de otros lados".
Las observaciones de los grupos se concentran en aspectos técnicos en el procedimiento, pues no se diferencia los drones de diferentes tipos —dice Gallardo— y las normas que debe cumplir un operador para actividades específicas serían "imprecisas", por lo que un permiso queda a criterio de un funcionario.
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Lo innegociable y la tarifa
La Cámara sostiene que son innegociables las normas de seguridad y las de protección de la privacidad y la intimidad de las personas.
El punto de conflicto es el de la tarifa, que supera el costo de muchas aeronaves no tripuladas.
Camtic y los operadores insisten que los costos definidos para la certificación, al sumarlos a los otros costos para que los operadores cumplan los requerimientos exigidos en la directiva, obstaculizan el registro de los operadores.
Asimismo que, si bien es válido que Aviación tenga propósitos de financiamiento, las tarifas no deben ser excesivas ni desproporcionadas.
Insisten que con el monto definido se lleva a la informalidad de las empresas que brindan servicios con drones (95% de las cuales son pequeñas) y se frena la innovación, así como su uso en áreas de investigación, en el estudio de infraestructura pública y en el sector agropecuario, entre otros.
Gallardo recalca que para definir los costos se requiere un especialista en tiempos y movimientos, no simplemente preguntar a un empleado cuánto dura haciendo un trámite. "Debe aplicarse el sentido común", insistió Gallardo.
Por su parte, ni el director de Aviación Civil, Enio Cubillo, ni la asesora legal respondieron respecto a por qué no se han tomado en cuenta los planteamientos de los operadores y del sector tecnológico.
Para todos ellos la esperanza es que el Ministerio de la Presidencia, junto con el de Tecnología, revisen lo definido por Aviación Civil, considerando el proceso de cómo se llegó al decreto de la tarifa de certificación y a la directiva.
"Queremos que se tenga un registro de operadores que sea efectivo", insistió Rivera. "No creemos que en Presidencia se le dé la razón a Aviación Civil".
