La negativa de Apple a acatar la orden de un tribunal federal, que le pide desbloquear el iPhone que utilizó uno de los terroristas islamistas radicales en la matanza de San Bernardino, no solo ha dividido a la opinión pública, sino que se ha convertido en el caso de estudio número uno de los profesionales del derecho de las nuevas tecnologías.
La gigante dice que la obligan a crear un sistema operativo inseguro que viola sus propias reglas (que garantizan la privacidad de sus usuarios), que sería exclusivo para el Gobierno y que podría ser usado para desbloquear otros iPhone en el futuro. Los federales dicen que sería solo por esta vez, pero Apple cree que se sentaría un precedente para que otros estados pidan lo mismo.
Los de Cupertino no se oponen a que el FBI intente ingresar al teléfono por sus propios medios o recurriendo a terceros. Se oponen a que se les obligue a ellos (Apple) a violentar sus propios sistemas de seguridad.
No está sola. Apple no está sola en esta negativa. Otras gigantes (Facebook y Google) se le unieron y la apoyaron en este parón frente a las autoridades. Las empresas alegan que las puertas traseras no solo terminarían beneficiando a los criminales que el FBI persigue, sino que sería el fin de las tecnologías digitales seguras.
Si el caso ya no fuera como de novela, la semana pasada, el fundador de Microsoft, Bill Gates, pareció apoyar a los federales cuando dijo que Apple debería cooperar en este “caso particular” ya que no están pidiendo “algo general”. Aunque, después, aclaró que se refería solo a un debate sobre el tema.
No dudo de que este culebrón llegue a la Corte Suprema, donde los jueces tendrán que resolver hasta dónde podríamos estar ante un Estado de necesidad que quite la antijuridicidad de la negativa. ¿Será la privacidad y seguridad de los datos de los administrados un bien jurídico superior ante el combate del terrorismo? Esa es la manzana de la discordia digital.
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