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Costa Rica lleva cerca de dos décadas planteando, en diferentes gobiernos, una reforma fiscal que por distintas circunstancias no se ha podido llevar a cabo.
Contextos pasados y actuales plantean la necesidad de ser prudentes y responsables en materia fiscal.
Sin perder tiempo y bajo un marco de acuerdo nacional, se debe acometer, una reforma fiscal que permita generar más ingresos y disminuya el ritmo de crecimiento del gasto público dentro de un marco en el que los recursos públicos se usen de forma eficiente y eficaz.
La abundante literatura económica de América Latina y la experiencia planteada por los exministros de Hacienda de Chile (Alberto Arenas) y Perú (Luis Carranza) en el foro “Fortalecimiento de las finanzas públicas en Costa Rica”, organizado por el BID y la Asamblea Legislativa el pasado 11 de agosto, hacen ver la ruta que han seguido los países en el ámbito de reformas fiscales y que Costa Rica, con variantes, ha pretendido implementar sin éxito. Entre las conclusiones obtenidas en el foro mencionado están las siguientes:
a. Los procesos de reforma fiscal forman parte de un pacto social implícito que se expresa en un acuerdo fiscal, para emprender los grandes retos y necesidades de los países.
b. Contar con finanzas públicas sanas es fundamental para la estabilidad, el crecimiento, la competitividad, pero ante todo, es determinante para las políticas sociales, pues el deterioro fiscal afecta los diferentes servicios que los sectores más pobres reciben y que son básicos en los países de la región. La política fiscal ha sido clave para mejorar la equidad.
c. Se requieren reglas fiscales que permitan regular las finanzas públicas, manteniéndose en ciertos márgenes que posibiliten su sostenibilidad, tanto en momentos de crisis como en bonanza; cuando se hace necesario ahorrar para no tener abruptos cambios en el gasto o en el déficit.
Se ha buscado generar más ingresos, tratando de hacer más progresivos los sistemas fiscales.
En ese sentido, en América Latina se ha logrado un aumento en la carga tributaria por el aporte creciente de impuestos directos a la renta (aumento de porcentajes y base imponible), así como por el establecimiento mayoritario del IVA, con medidas para devolver a la población más pobre lo cobrado, haciendo uso de innovaciones en los sistemas informáticos.
Esto ha permitido pasar de un IVA regresivo a un impuesto progresivo, para la población más vulnerable.
Los tributos a las transacciones financieras han sido parte de las acciones llevadas a cabo, junto con la reducción sistemática de las exenciones y exoneraciones. En ese sentido, los acuerdos nacionales han logrado equilibrios entre la necesidad de apoyo a sectores claves y la eliminación de beneficios que, mal implementados, no han cumplido sus objetivos y se han convertido en medios para no pagar impuestos.
Según la CEPAL, en el 2000 América Latina tenía una carga tributaria de 12,70% sin incluir los sistemas de seguridad social, en el 2011 fue de 23%.
Sin embargo, Costa Rica ha mostrado una tendencia decreciente de porcentajes cercanos al 15%, hasta llegar a tener menos de 13,50% en la actualidad.
La sociedad visionaria de nuestros antepasados, las demandas crecientes de la ciudadanía por mejor infraestructura, servicios e inclusión social, hacen necesaria una visión amplia, constructiva, y para el bien común, la aprobación de la agenda de reforma fiscal presentada por esta administración a la Asamblea Legislativa.
Esta es una tarea pendiente.
