EscucharE s realmente frustrante ver cómo se aumentan las tarifas eléctricas en el país; en especial cuando las alzas son ocasionadas por el “factor térmico,” como se llama al incremento estacional que resulta por tener que generar un porcentaje creciente de la electricidad con hidrocarburos en plantas de diesel o búnker.
Frustrante porque el país tiene la capacidad de llenar sus propias necesidades y de exportar energía a naciones vecinas sin necesidad de utilizar plantas térmicas. Frustrante porque el costo de generación sube y afecta nuestra competitividad, bienestar y sostenibilidad. Y frustrante porque hemos decidido subutilizar nuestros recursos energéticos, en malentendidas decisiones de conservación de recursos naturales y parques nacionales.
Costa Rica debe aumentar la generación eléctrica de manera significativa en los próximos años para ser consecuente con sus objetivos de mantener la competitividad de sus empresas y de la atracción de inversión extranjera directa en industrias de servicios y alta tecnología, para mantener su liderazgo en ofrecer a su población electricidad a una tarifa socialmente aceptable y para desplegar su estrategia nacional hacia la carbono-neutralidad.
Pero esto difícilmente lo podrá hacer con base en las inversiones del ICE y sus satélites, y de un sector productivo limitado en su alcance por la Ley N° 7.200 y otras políticas y actitudes que limitan los espacios disponibles al sector privado a invertir en plantas generadoras pequeñas y menos eficientes.
Durante la visita del presidente Obama se habló de la posibilidad de atraer inversión extranjera en el sector energético. Se conversó con él de la posibilidad de que su país establezca, con grandes inversiones, la capacidad para abastecer de gas natural a las economías o de explotar otras fuentes de energía disponibles en la región. Triste sería si ante la miopía institucional, le estuviéramos sirviendo en bandeja la competitividad energética a nuestras naciones vecinas en vez de crear las condiciones para mantener nuestro liderazgo histórico en este campo.
El país es rico en alternativas energéticas que van desde la generación doméstica en pequeñas unidades solares y fotovoltaicas hasta el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y geotérmicos. A esto se suma el potencial del gas, que si bien requiere de grandes inversiones en infraestructura, no se debe rechazar sin analizar su potencial.
Pero todo esto, para convertirse en realidad, requiere de un ritmo de decisiones e inversiones atípico de nuestro Estado. El sector energético debe abrirse a la inversión extranjera con un marco regulativo apropiado en lo ambiental y social, pero agresivo en cuanto a la atracción de inversiones privadas y dejando espacio para que la creatividad de la empresa privada encuentre vías más eficientes hacia su desarrollo. Se necesita una política de Estado que trascienda los periodos de gobierno para que el sector pueda desarrollarse con confianza y estabilidad de largo plazo.
No hacerlo implica dos grandes riesgos: poner un techo al ritmo de nuestro crecimiento económico y social y cederle a naciones vecinas el espacio para que capturen inversiones que hoy aún están a nuestro alcance.
El Gobierno y la Asamblea Legislativa tienen la palabra. Pero también es hora de que la institucionalidad del sector, principalmente el ICE y la Aresep, pongan por delante de sus propios intereses los del país y su gente. Es hora de actuar, antes de que sea tarde.
