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El Gobierno de la República ha presentado para su análisis y debate una propuesta que tiene como objetivo ordenar el otorgamiento de incentivos salariales en el sector público. Lo hace porque un examen de la situación de los salarios en la administración pública no solo revela desigualdades inaceptables en las remuneraciones que reciben los funcionarios públicos, sino además una desnaturalización del propósito de los incentivos, los que supuestamente deberían servir para estimular la excelencia en el desempeño laboral en las instituciones de Gobierno.
Un estudio elaborado por la Contraloría General de la República permitió identificar algunos casos que ilustran las abismales diferencias salariales que se están dando en este momento en la administración pública. Mientras un oficial de seguridad en una institución pública gana ¢248.000, otra persona, con responsabilidades y preparación similares, gana ¢603.000 en otra institución del mismo sector público. Un jefe de unidad gana ¢822.000 en una institución, mientras que por las mismas responsabilidades otra persona devenga un salario mensual de casi ¢3 millones.
Ejemplos como estos abundan en la administración pública, e ilustran la gran inequidad salarial imperante en este sector.
Sin embargo, no solo se trata de diferencias salariales. Mientras muchas instituciones conceden como auxilio de cesantía los 8 años definidos en el Código de Trabajo, en otras este tope varía entre 12, 15, 20 y 25 años, llegando incluso en algunas instituciones a no tener ningún tope. No hay ninguna razón que justifique estas diferencias.
Estas desigualdades resultan de la diversidad de sistemas salariales existentes.
En las instituciones públicas que generan sus propios ingresos, se tiende a conceder mas incentivos –y no solo salariales– a sus funcionarios, mientras las que dependen de transferencias del Ministerio de Hacienda no tienen la misma posibilidad (aunque esto no significa que no hay de todo). Pero, en general, la importancia relativa de los incentivos como porcentaje del gasto total en salarios en las instituciones públicas ha venido aumentando, al punto que supera el porcentaje del gasto dedicado a remuneraciones básicas. Hay instituciones en las que, del total del gasto en remuneraciones, un tercio se dedica a sufragar salarios base, mientras que se utiliza casi la mitad para pagar incentivos.
Aumentos mayores
La estructura salarial en la que la mayor parte del ingreso de los funcionarios públicos proviene de incentivos hace que el crecimiento del gasto total de las instituciones en este rubro sea muy alto. Cuando una institución concede un aumento calculado sobre el salario base, como resultado del efecto multiplicador de los incentivos salariales el porcentaje de aumento que finalmente recibirá el trabajador será más alto que el porcentaje que se quiso otorgar. Al calcular algunos incentivos –como la anualidad–, a partir del salario base, un aumento resultará automáticamente en un aumento de lo que se recibe por concepto de cada incentivo. La suma de todos estos ajustes termina siendo superior al porcentaje de aumento original.
La situación descrita anteriormente significará que el gasto en salarios de las instituciones públicas crecerá a un ritmo mayor al del porcentaje de aumento concedido. Una estimación de Mideplan indica que, de continuar esta tendencia de crecimiento, para el 2016, el Gobierno podría estar dedicando un casi un 60% de sus ingresos corrientes en el pago de planillas.
Lo cierto es que los incentivos salariales perdieron su naturaleza de estímulo al trabajo cuando se comenzaron a otorgar indiscriminadamente y sin relación con el desempeño del funcionario. Rescatar esa característica es lo que pretende esta propuesta.
No se trata de eliminar incentivos, se trata de racionalizarlos y de homologar los principios, ámbitos y proporciones que deben regir para todo el sector público, respetando estrictamente los derechos adquiridos. Este es un debate que no debe posponerse y que todos los actores involucrados deben asumir con una gran madurez y responsabilidad.
