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Sonó la campana el 26 de marzo del 2012. Iniciaba la lucha de los negocios por mantenerse de pie ante los golpes que le propinaría la entrada en vigencia de la Ley General para el Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos para la Salud, o ley antitabaco.
Los impactos a la industria tabacalera han sido varios, entre ellos, la salida de las cajetillas con menos de 20 cigarros, el freno a la publicidad, el uso de imágenes de enfermedades en los paquetes y la competencia desleal ante el auge del contrabando.
Ese último punto es el que más daño le sigue haciendo a la industria y en el que tanto tabacaleras como cámaras empresariales esperan se implementen más medidas para darle fin.
Sin embargo, estos golpes aún no tumban a las compañías que, aunque venden menos cigarrillos, venden más debido al aumento en los precios, como consecuencia de los impuestos establecidos en la nueva ley.
Datos brindados por la consultora Euromonitor Internacional muestran que el volumen de cigarrillos colocados decreció un 23,5% del 2009 al 2014, mientras que las ventas subieron 71,5%.
Esto tomando en cuenta solo los números de las empresas que distribuyen productos de forma legal en todo el territorio nacional: British American Tobacco Central American (Batca) y Tabacalera Costarricense, afiliada a Philip Morris Internacional.
La primera de estas firmas comercializa las marcas Lucky Strike, Viceroy, Pall Mall y Kool.
Mientras que el portafolio de productos de Tabacalera Costarricense, se conforma por Malboro, Chesterfield, L&M y Derby.
Su principal golpe
Durante los tres años que tiene en vigencia la ley antitabaco, el contrabando se ha convertido en el principal golpe para la industria tabacalera del país.
Según los datos de Euromonitor, el negocio ilegal representa aproximadamente 535 millones de cigarrillos al año (24,6% del consumo).
Franklin Murillo, gerente país de Batca, explicó que los impuestos establecidos a partir de la ley incrementaron los precios de los productos de la industria legal, estimulando un mayor contrabando, evasión fiscal y otras prácticas ilícitas de comercio, como la venta de cigarros sueltos.
“Mientras el producto legal se comercializa por un promedio de ¢1.500 por cajetilla, en el mercado ilegal las cajetillas de contrabando pueden comprarse por ¢800 o ¢1.000”, agregó.
Ante esto, la firma decidió dirigir sus esfuerzos para ser más eficientes, con una estructura, equipo humano y procesos alineados que les permita una relación comercial fluida con sus clientes (especialmente pequeños comercios detallistas) y consumidores.
También realizó una optimización de su portafolio, para ofrecer productos de alta calidad, que satisfagan las preferencias de sus consumidores y brindar de esta manera un valor agregado.
Aún con estos esfuerzos, la firma espera que las autoridades, cámaras empresariales y la industria del tabaco trabajen en conjunto contra el contrabando.
“Buscar soluciones que garanticen la estabilidad económica y social de los miles de ciudadanos que ven en la industria legal su medio de sustento”, dijo Murillo.
Esto es apoyado por Leopoldo Sanz, director de Asuntos Corporativos de la Tabacalera Costarricense, quien comentó que le insisten a las autoridades sobre la urgencia de tomar acciones eficaces contra el contrabando.
“Si no se implementan medidas seguirá creciendo descontroladamente y podría alcanzar cifras aún más lamentables, perdiendo no solo la industrial legal sino el Fisco, el comercio en general y los consumidores”, destacó.
En el caso de esta empresa han optado por destacar que sus productos son ideales para los fumadores adultos porque cumplen con altos estándares de calidad.
Ambos representantes coincidieron en que ahora sus principales rivales son los cigarrillos que provienen en su mayoría de Panamá, pero que son marcas chinas.
Una mirada desde las Cámaras
Para la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) y la Cámara de Comercio de Costa Rica, es fundamental hallar una pronta solución al contrabando.
Francisco Llobet, presidente del gremio de comercio, dijo que en las calles se pueden conseguir cigarros sueltos y de contrabando que se venden en grandes cantidades y a precios más bajos.
Para él, retomar la venta de cajetillas de menos de 20 unidades ocasionaría que los consumidores abandonen la compra de cigarrillos sueltos de contrabando, ayudando a la vez, a reducir la millonaria evasión de impuestos.
Con él coincide Francisco Gamboa, director ejecutivo de la CICR, quien destacó que debe existir un control más estricto y eficaz sobre la distribución y venta de cigarros de contrabando en el mercado.
“Eliminar las cajetillas de 10 ha fomentado la venta de cigarros de contrabando”, dijo.
En pro de disminuir dicha problemática se prevía que la Asamblea Legislativa aprobara una reforma que permitiría la venta de la presentación de 10. Sin embargo, el Congreso declinó.
No obstante, el plenario aprobó el 20 de agosto el proyecto contra el contrabando, que tiene como objetivo reducir el monto por el que se considera delito un trasiego ilegal de mercancías.
