EscucharNueva York. - Empresarios estadounidenses están rompiendo con el presidente Donald Trump porque consideran que sus políticas contra la inmigración les resta competitividad y les impide disponer de mejores y excelentes empleados.
Las críticas más virulentas llegaron desde Silicon Valley desde donde ejecutivos de Apple, Microsoft, Airbnb y Google se contaron entre quienes rechazaron la decisión de impedir el ingreso a Estados Unidos a personas de siete países de mayoría musulmana. Trump también dispuso un bloqueo temporal a la admisión de refugiados.
Las medidas anunciadas el viernes provocaron protestas, demandas judiciales y caos en los aeropuertos. Algunos jueces bloquearon parcialmente las decisiones al autorizar el ingreso al país de quienes tienen residencia permanente.
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El presidente de Netflix, calificó de "no estadounidense" la decisión de Trump.
También ejecutivos de compañías no tecnológicas se sumaron a las críticas pero evitaron enojar al gobierno, del cual esperan reducciones de impuestos y menos reglamentaciones a sus actividades.
Cualquier crítica puede desatar la inmediata réplica del propio Trump que ya ha arremetido contra varias compañías como Ford, General Motors, Toyota, Boeing y Lockheed.
Los directivos de las corporaciones subrayan la importancia de contar con una fuerza laboral diversificada y sostienen que eso quedó ahora en serio riesgo.
"No es una política que apoyamos", dijo en un mensaje a sus empleados el jefe ejecutivo del banco Goldman Sachs al referirse a las medidas de Trump. "Les quiero asegurar a todos que trabajaremos para minimizar este trastorno", afirmó.
Agregó que el banco apoyará a los empleados y a sus familias en caso de que sean afectados por el decreto.
El presidente del banco JPMorgan, Jamie Dimon, anunció un "compromiso irrenunciable" con su personal. Dimon integra un comité de ejecutivos que debe asesorar a Trump en creación de empleos.
Goldman Sachs y JPMorgan tienen una vasta red internacional que asesora y aporta financiamiento a gobiernos extranjeros, multinacionales y a particulares.
General Electric (GM), cuyo presidente Jeff Immelt también integra el comité de asesores de Trump, se pronunció igualmente en contra.
"Tenemos muchos empleados oriundos de los países mencionados y hacemos negocios en toda la región", dijo Immelt. "Los apoyamos y trabajaremos con el gobierno de Estados Unidos para encontrar un equilibrio entre la necesidad de seguridad y el movimiento de las personas que respetan la ley", dijo.
Cerca del 30% de los trabajadores de Boston, una ciudad universitaria y con numerosas empresas de biotecnología, son inmigrantes, según un informe de 2015 elaborado por un organismo de la ciudad.
La semana pasada Iraq firmó un acuerdo de miles de millones de dólares con GE para la construcción de dos plantas de energía eléctrica.
Empero, el gobierno de ese país criticó haber sido uno de los siete escogidos por Trump para vetar el ingreso de sus habitantes a Estados Unidos. El parlamento iraquí demandó tomar represalias contra Washington a menos que revise la medida.
GM y Boeing no respondieron los pedidos de comentarios formulados por AFP.
Trump criticó a GM por fabricar autos en México para venderlos en Estados Unidos. Boeing, en tanto, fue blanco del enojo de Trump por los elevados costos del nuevo avión presidencial.
ExxonMobil, cuyo ex presidente está por ser confirmado como secretario de Estado, tampoco hizo comentarios. La empresa tiene proyectos en Yemen, uno de los siete países incluidos en la medida estadounidense.
Pero Ford, que ya ha tenido controversias con Trump por su presencia en México, criticó las decisiones contra los inmigrantes.
"El respeto a todas las personas es el principal valor de Ford Motor Company y estamos orgullosos de la diversidad de nuestra compañía aquí y en todo el mundo", dijo la corporación. "Por eso no apoyamos esta política ni ninguna otra que vaya en contra de nuestros valores como empresa", añadió.
La poderosa Cámara de Comercio de Estados Unidos dijo que la política anunciada por Trump está creando confusión en compañías que tienen como empleados a residentes legales o con doble nacionalidad.
“Esperamos que el gobierno aclare rápidamente como se manejará eso”, dijo un portavoz de la Cámara a la AFP.
