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San Juan. Una junta federal de control ordenó este lunes 13 de marzo a Puerto Rico recortar 10% su sistema de pensiones públicas, imponer licencias a miles de trabajadores del gobierno y eliminar los bonos de Navidad para lograr un ahorro fiscal inmediato en medio de la recesión económica.
La junta, de siete miembros y creada por el Congreso de Estados Unidos para supervisar las finanzas de Puerto Rico, aprobó por unanimidad la inclusión de esas medidas en el plan fiscal a 10 años presentado por el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló.
Los integrantes de la junta dijeron que es necesario que el gobierno de la isla recorte el gasto para que tenga recursos con qué financiar el funcionamiento de servicios esenciales como educación, salud y la seguridad pública. Puerto Rico es territorio estadounidense.
"Puerto Rico está a punto de naufragar", dijo el miembro de la junta David Skeel. "El endeudamiento ha rebasado la capacidad de la isla. Puerto Rico afronta el peligro real de quedarse sin dinero incluso para cubrir los servicios más elementales".
Skeel y otros integrantes de la junta que se reunieron en Nueva York dijeron que el plan demanda que absolutamente todos hagan sacrificios en la isla, de 3,4 millones de habitantes.
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El gobernador Roselló se había opuesto a los recortes de la junta con el argumento de que afectarían terriblemente a muchas personas en Puerto Rico, cuya deuda pública asciende a casi $70.000 millones. El gobierno de la isla pretende una reestructuración de ese pasivo.
Roselló dijo a The Associated Press que estaba satisfecho con el plan y confió en que su gobierno encontrará maneras para evitar las licencias obligatorias y la eliminación de los bonos de Navidad.
Ése es el objetivo, declaró el gobernador por teléfono. El gobierno local está adoptando medidas para garantizar la reactivación de la economía y la isla avanza mucho mejor, aseguró.
Elías Sánchez, representante del gobernador ante la junta, dijo a la AP que el gobierno de la isla espera evitar al menos la primera ronda de licencias obligatorias para los trabajadores si muestra que contará para el 30 de junio con reservas de efectivo por $200 millones.
Sánchez elogió la aprobación de la junta al afirmar que es un plan bien pensado que no oculta los grandes desafíos que se enfrentan.
Sin embargo, persisten las discrepancias entre la junta y el gobierno de Puerto Rico sobre los recortes al sistema público de pensiones que afectará a cientos de miles de trabajadores gubernamentales.
El sistema arrastra un déficit de $50.000 millones y podría quedarse sin recursos para fin de año, según proyecciones.
Los integrantes de la junta subrayaron que protegerán a los jubilados más vulnerables y garantizarán que nadie quede abajo de la línea federal de pobreza.
La junta presentará el mes entrante recomendaciones sobre los cambios a las pensiones que serían puestos en marcha, pero informó que el sistema será modificado a la forma de pago inmediato y los maestros y trabajadores de seguridad pública serán inscritos en el Seguro Social en 2020.
En la actualidad, los maestros y policías en Puerto Rico no tienen Seguro Social.
La junta ha exigido que se impongan licencias obligatorias de cuatro días cada mes para los trabajadores del gobierno y de dos días cada mes para los maestros. Afirma que la medida podría ahorrar $40 millones cada mes.
Las licencias entrarán en vigor el 1 de julio a menos que el gobierno proponga otras medidas de ahorro fiscal. Además, todos los bonos navideños podrían quedar eliminados para el año fiscal 2018.
