Óscar Quesada cambió su jornada de trabajo hace poco más de tres meses. Decidió apegarse a una jornada acumulativa donde pasó a trabajar de 7 a. m. a 5 p. m. cuatro días a la semana, con el día jueves libre.
Con ello, aseguró, se ahorraba al menos una hora en el traslado de su casa en Paraíso de Cartago a La Sabana. Al mismo tiempo que un día completo de traslados.
Quesada es funcionario del Ministerio de Economía y forma parte de los 4.655 trabajadores que se sumaron a los horarios rotativos propuestos por el Gobierno para combatir los embotellamientos, según cifras compartidas por el Ministerio de Trabajo.
Tal cantidad significó que un 39% del total de empleados públicos que operan en puntos de trabajos dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM) se acogieran a los nuevos horarios.
Con ese resultado, la emisión del decreto ejecutivo N.° 39.793 fue catalogado por las autoridades como exitoso. Esto, al ser medido con la cantidad de empleados e instituciones que se acogieron a la normativa.
Si la valoración se hiciera partiendo del objetivo inicial que perseguía la propuesta – disminuir el congestionamiento vial en el Área Metropolitana de San José–, los resultados son insuficientes.
El caos vial que reina en la capital necesita de “algo más” y las autoridades lo entienden.
En ese sentido, y en un primer término, el Gobierno decidió prorrogar la medida de horarios escalonados por cuatro meses más.
Mientras eso sucede, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) deberá elaborar una nueva propuesta que produzca cambios más notables en la disminución de embotellamientos vehiculares.
Esta deberá presentarse a más tardar en febrero próximo.
Así, con una de cal y otra de arena, el Gobierno celebra la iniciativa pero siempre con el peso de la tarea pendiente.
Los que se sumaronDe acuerdo con la información remitida por parte de las mismas instituciones al Ministerio de Trabajo, la directriz inicial fue acatada por 33 entidades del sector público. Entre ellas, sobresalen cinco descentralizadas.
Carlos Alvarado, ministro de Trabajo, recordó que el primer decreto era de acatamiento obligatorio para los ministerios y sus órganos adscritos que tienen sus oficinas en el Área Metropolitana de San José, al tiempo que se instruyó a las instituciones autónomas a implementarlo.
“En el caso de la prórroga esta es de carácter facultativa, por lo que al finalizar esta segunda etapa los números podrían aumentar o disminuir ya que depende de cada institución. Pero muy pocas nos han manifestado su intención de no continuar”, dijo Alvarado.
Ministerio de Hacienda fue la entidad que reportó la movilización de más trabajadores a horarios alternos (788).
Un 38% del total de sus empleados en oficinas dentro de la GAM se acogieron a la medida.
La mayoría de ellos migró hacia el horario de las 6:30 a. m., siguiendo la tendencia del cambio de horario a nivel general.
EF intentó consultar al Ministerio si el número de empleados que estuvieron anuentes al cambio se mantendrían en pie, sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Caos latente
Como punto de partida, un estudio realizado por el Departamento de Estudios y Diseños de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito determinó que en las mañanas el flujo de personas se concentraba entre las 7 a. m. y 8 a. m., por lo que los horarios rotativos vendrían a liberar espacio en ese tiempo.
En el caso de la tarde se partió del mismo principio, la concentración de salidas se reportó entre las 4 p. m. y 5 p. m. Por esto los nuevos horarios también debían coincidir con las horas de menos afluencia.
Sin embargo, en la práctica los resultados fueron diferentes, por lo menos según las experiencias de algunos participantes.
“En las tardes la salida me seguía consumiendo mucho tiempo de traslado. Ahí uno veía que se lograban ahorros pero no en ambas vías. Uno piensa que debería entrarse a valorar otros temas como el teletrabajo”, apuntó Quesada.
La solución a la movilidad urbana va más allá de los horarios. Se requiere soluciones de transporte público que no llegan.
Por ejemplo, en el caso de los autobuses, la sectorización, la creación de nudos de intercambio y hasta reorganización de rutas luchan por volverse una realidad, cada vez más lejana.
Y si la apuesta gubernamental se hiciera en dos ruedas, la cuesta se pone más empinada.
La bicicleta es considerada como el transporte más rápido y eficiente para hacer viajes de hasta cinco kilómetros, a una velocidad promedio de 16,4 km/h y que requiere un menor espacio vial. Sin embargo, Costa Rica está en pañales en este tema.
Como resultado, la falta de alternativas alimenta a un parque automotor que no cesa su crecimiento.
Mientras en 1994 Costa Rica tenía 125,4 automóviles por cada 1.000 habitantes, en el 2014 la proporción fue de 293,1 unidades. La tasa se duplicó.
Según el último análisis aportado por el más reciente informe del Estado de la Nación, las afectaciones económicas, a la salud y al ambiente son las consecuencias del desorden vial que aqueja al núcleo urbano.
De acuerdo con el documento, el transporte genera el 54% de las emisiones de gases contaminantes del país. De ese porcentaje, un 41% proviene de automóviles particulares.
Entonces la pregunta es: ¿cuándo llegarán las decisiones transformadoras?
Decreto en detalle
Estas son las disposiciones contempladas en el Decreto Ejecutivo N° 40.029 que contempla la ampliación de la medida de horarios alternativos para el sector público.
Lo que considera: Se prorroga por un plazo de cuatro meses la aplicación facultativa de los horarios escalonados de ingreso y salida de la jornada laboral.
A quién se dirige: A funcionarios de los ministerios y sus órganos adscritos ubicados dentro del Área Metropolitana de San José.
¿Es obligatorio?: El decreto es de caracter facultativo, por lo que las autoridades tienen libertad para apegarse o no a la propuesta.
Lo que viene: El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) deberá emitir una valoración de la medida y proponer otras si lo llega a considerar necesario.
Fuente Decreto N° 40029.