Mientras el presupuesto destinado a la educación pública aumentó un 13% entre el 2014 y el 2015, la cantidad de hogares que tienen niños sin acceso a la educación regular empeoró en un 12%.
Entre el año pasado y el presente, la cantidad de hogares que no mandan a la escuela o al colegio a al menos uno de sus niños (de cinco a 17 años) pasó de 56.960 a 63.664.
Mientras tanto, la cantidad de hogares solo aumentó en un 3%.
Si bien no es el único objetivo que tiene el Ministerio de Educación Pública (MEP) al aumentar su presupuesto anualmente, las cifras sí encienden una alarma.
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Es un problema que golpeó tanto a los hogares pobres como a las familias sin condiciones de pobreza multidimensional, medida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Este indicador revela las carencias que más afectan a la población costarricense con el fin de que el Estado adopte políticas públicas específicas para atenderla.
Es un complemento a las mediciones que ya hace el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) con la línea de ingresos de los hogares.
La dimensión educativa es la segunda que más le pesa a los costarricenses pobres (un 21%), solo antecedida por la dimensión Vivienda e Internet (28%).
Niños vulnerablesDe la totalidad de familias que sufren este problema, un 64% presenta carencias suficientes para ser consideradas pobres multidimensionales.
Eso quiere decir que, posiblemente, también sufren carencias en otras áreas relacionadas con la salud, el trabajo, el cuido o la vivienda digna.
Los niños que viven en estos más de 60.000 hogares son quienes, en un futuro cercano, se convertirán nuevamente en el rostro del desempleo, si se mantienen las condiciones actuales.
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El círculo es perverso: a menor educación, menores posibilidades de ubicarse en el mercado laboral y de enviar a sus futuros hijos a estudiar.
El Estado no se ha quedado cruzado de brazos.
Año con año, el Gobierno aumentó su gasto en educación para acercarlo a la meta del 8% del Producto Interno Bruto (PIB).
Hasta el 2014, ese incremento en inversión pública coincidía con una disminución en la cantidad de hogares pobres que no mandaban a sus niños a la escuela o al colegio.
Del 2010 al 2014, esta cantidad cayó en un 45%. Puede interpretarse como una de las dimensiones que más contribuyó al descenso del IPM, que pasó de 7,3 a 6,0 puntos.
Este año, la privación volvió a aumentar en un 9% para los hogares pobres y en un 18% para las familias que no tienen estas condiciones.
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La explicación de qué pasó este año es un misterio que el MEP no explicó, pues se limitó a analizar los datos hasta el 2014. Sí dijo que los objetivos del aumento presupuestario no deben compararse con la disminución de hogares que envían a sus niños a estudiar.
“La inversión del MEP está, en muchos casos, orientada a la mejora de metas cualitativas”, justificó la jerarca de Educación, Sonia Marta Mora.
No enviar los niños a la escuela es el más grave de los indicadores que toma en cuenta el IPM en la dimensión educativa.
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Para el especialista Ronulfo Jiménez, el problema es que no existen metas claras desde el MEP para surcar este tipo de obstáculos. “Sin metas, no hay rendición de cuentas y los recursos se gastan en forma inercial”, dijo.
Sin títulos
A este indicador se suman otros que empeoran la pobreza de los hogares y que han tendido a estancarse. El rezago educativo es uno de ellos.
Los hogares con hijos entre los 6 y los 19 años que llevan dos o más años de retraso en su nivel académico es un reto pendiente del Ministerio. Este año se estancó y el año pasado aumentó, en comparación con el 2013.
La falta de títulos de bachillerato de secundaria se suma a la lista. Aunque el problema venía en disminución, volvió a aumentar un 5% en el 2015, tomando como base la cantidad de hogares pobres con esta limitación.
Ahora, es el MEP el que debe decidir cómo invertirá sus recursos para paliar el problema de quienes más lo necesitan.