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Hay vida más allá de las anualidades, los escalafones y los otros 95 incentivos financieros que entrega el Estado costarricense a sus empleados.
Un docente en Corea y en China debe trabajar en zonas de riesgo social antes de recibir un ascenso. No le dan un incentivo por trabajar en distritos alejados, pero le suma al currículum para poder trabajar en ello.
Un educador en Nueva Zelanda puede disminuir sus jornadas laborales siempre que utilice su tiempo en ayudarle a otros profesores en pedagogía o enseñanza.
Los países con los más altos niveles de desempeño educativo del mundo demuestran que los incentivos no financieros pueden ser un estímulo aún más eficiente que los que implican una remuneración económica.
Las opciones van desde evaluaciones a las que se someten voluntariamente y tiempo libre para capacitarse según los años cumplidos en la enseñanza hasta la reconfiguración de los puestos y las condiciones laborales según las capacidades generacionales de los docentes más antiguos.
Una revisión bibliográfica del Estado de la Educación reveló que la mayoría de ellos también conocen la palabra “anualidad”, pero sus sistemas combinan ambas metodologías para mejorar sus resultados.
LEA: Calidad de los docentes bajo la lupa.
En Costa Rica, en cambio, los incentivos que ofrece el Gobierno a los docentes ya no se sienten como un estímulo, sino como derechos adquiridos; como dinero que llega a la cuenta bancaria por definición.
Este diario intentó hablar con la ministra de Educación, Sonia Marta Mora Escalante, sin éxito.
Estímulos que no estimulan
Los incentivos engordan el salario de los profesores y maestros del Ministerio de Educación Pública (MEP) sin importar si tuvieron o no un buen desempeño en el año lectivo anterior.
La estructura salarial del MEP no está ligada a los resultados que obtengan los estudiantes en las pruebas o a si pasan o no el año.
A consecuencia de ello, los recursos invertidos se vuelven ineficientes, pues no están orientados a conseguir resultados. “El incentivo pierde su razón de ser”, dijo Dagoberto Murillo, investigador y estadístico del Estado de la Educación.
Esos incentivos que no estimulan a nadie, correspondieron al 41% de las cargas de remuneraciones en el 2013. El restante 59% correspondió al salario base de los profesores.
El problema no está, necesariamente, en los incentivos, sino en la falta de métricas adecuadas para calificar a un trabajador, que con solo tener un nivel de “bueno” a “muy bueno” en el formulario de medición del Servicio Civil, recibe la anualidad.
“Tampoco existen incentivos especialmente diseñados para retener a aquellos educadores con capacidades excepcionales”, advierte el estudio, como un problema aún mayor.
El cuento es viejo y las deficiencias en la medición son tan eternas que ya parecen parte del paisaje.
LEA: ¿Qué concluye el nuevo informe del Estado de la Educación?
En países como Chile se programan evaluaciones voluntarias cada cuatro año. Cada profesor decide si quiere ser sometido a prueba por un par o por el director de la institución.
Si la calificación es positiva, puede recibir un bono. El programa ha tenido éxito en la participación de los docentes: el 60% de los docentes se someten a la prueba y, de ellos, la mitad recibe un incentivo por desempeño.
Sin embargo, todavía es complicado medir si han tenido impacto en la calidad de la educación en general.
En Costa Rica, solucionar el problema de los beneficios fijos pareciera una tarea milenaria.
Reconfigurar los beneficios actuales que reciben los educadores es una tarea compleja que debe pasar por negociaciones con sindicatos y consultas jurídicas.
La creación de los incentivos se dio en momentos históricos muy diferentes y respondieron a coyunturas muy específicas.
Fue un proceso que no respondió a una estrategia de planificación del país, sino a reclamos de sindicatos o a promesas políticas, relató el historiador Iván Molina, de la Universidad de Costa Rica.
Eso ayuda a explicar por qué es tan difícil lograr acuerdos.
En última instancia, las propuestas para modificarlos terminan en proyectos de ley que jamás vuelven a ver la luz en la Asamblea Legislativa después de presentados, dijo el exministro de Educación Leonardo Garnier.
Es el caso de un proyecto de ley que presentó el Ejecutivo anterior para el ordenamiento del empleo público.
¿A quién le damos el incentivo?
A la falta de métricas, se suma otro problema complejo: ¿a quién se le da cada incentivo , según su correspondencia?
Por ejemplo, el incentivo didáctico se le da a todos los profesores, aunque trabajen en áreas administrativas y no tengan que comprar fichas. Este último rubro significó un 7,6% del gasto en remuneraciones en educación pública.
LEA: Selección de profesores se explica en cuestiones políticas.
Otro de los conflictos más frecuentes de Educación con los sindicatos es el de la retribución por trabajar en zonas de riesgo.
Si el MEP pretende dotar de este beneficio a la escuela Finca La Caja, deberá dárselo también a cualquier otra escuela en Rohrmoser, explicó Garnier.
Eso sucede porque la zonificación responde al distrito y no al centro educativo.
El Estado de la Educación promueve una desagregación individual y no geográfica para poder atender a cada centro educativo de la forma en que lo amerita.
La experiencia internacional puede dar luces no solo sobre las decisiones que puede tomar el Estado, sino también sobre los errores del pasado.
Tipos de incentivos
En Costa Rica conviven 97 tipos de incentivos distintos. El sector educación creó varias decenas de ellos. Así se desagregan:
Fijos: Corresponde a las anualidades y al incentivo didáctico. Se entregan prácticamente a todo el mundo, sin importar si lo requieren o si se desempeñaron de la manera adecuada para obtenerlo. En el sistema costarricense la base fija predomina.
Variables: el segundo gran grupo de incentivos corresponde a recargos o a estímulos que dependen de las características del centro educativo, la zona geográfica, el tipo de cargo del docente y los horarios que tenga asignados, entre otras desagregaciones. El más frecuente de ellos es el incentivo por carrera profesional, que se da al 75% de docentes.
Fuente Estado de la Educación.
