EscucharEl Gobierno de la República responsabilizó al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) por la intervención que se ordenó este 22 de diciembre sobre Bancrédito.
Por medio de un comunicado de prensa y una transmisión en el perfil de Facebook de la Casa Presidencial, el ministro de la presidencia, Sergio Alfaro, dijo que los supervisores deberán ahora asumir las consecuencias de la intervención, y prácticamente se distanció de la decisión tomada aunque en la sesión del Conassif participó el ministro de Hacienda, Helio Fallas y el presidente del Banco Central, Olivier Castro.
“A nuestro juicio los argumentos del Conassif para la intervención no son de recibo y así se lo hemos externado, la valoración de una entidad que no hace intermediación financiera no puede fundamentarse en indicadores y análisis concebidos para intermediarios financieros que sí la llevan a cabo de forma regular”, expresó Sergio Alfaro, Ministro de la Presidencia.
Los bajos resultados financieros llevaron al Conassif a tomar esta decisión durante una sesión extraordinaria donde estuvieron presentes Helio Fallas, vicepresidente de la República, y Olivier Castro, presidente del Banco Central.
Actualmente Bancrédito se encuentra en irregularidad financiera grado tres por lo que tiene riesgo en las áreas de liquidez, rentabilidad y activos.
De acuerdo con el comunicado de Casa Presidencial, la decisión tomada sobre el banco carecerá de efectos sobre otras entidades del sistema financiero, al tiempo que Alfaro calificó la intervención de "injustificada".
En Zapote consideraron que la intervención es ilegal, pues el único acreedor con el que Bancrédito tiene deudas es el Ministerio de Hacienda, por cerca de ¢128.000 y que ya canceló sus otras obligaciones con otros ahorrantes e inversionistas. "En tal razón, la finalidad esencial del acto administrativo de la intervención ha desaparecido porque, de acuerdo a la ley, el objeto es proteger a los ahorrantes e inversionistas".
Reacciones políticas
Antonio Álvarez Desanti, candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), manifestó que el Gobierno tomó medidas equivocadas.
“Aquí todos sabíamos que eso iba a terminar así desde el momento mismo en que este Gobierno empezó a hablar públicamente de lo mal que estaba Bancrédito y después a sacar las cuentas, a prohibirle a las instituciones que no metieran más dinero, creó una situación de miedo y de pánico que al final terminó con lo que estamos viendo. La indefinición además, el tiempo que se tardó en materia financiera (...) hay que tomar decisiones rápidas”, dijo Álvarez.
Juan Diego Castro, candidato del Partido Integración Nacional (PIN), criticó la actuación del Gobierno.
“También deberían intervenirlo los patólogos de la Medicatura Forense para que analicen el cadáver bancario que dejó el gobierno de Luis Guillermo Solís y al que perteneció el actual candidato de ese partido, Carlos Alvarado”, comentó Castro.
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Edna Camacho, candidata a la vicepresidencia del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), califica como prudente la decisión del Conassif.
“La intervención de Bancrédito se basa en una valoración técnica de la SUGEF sobre una valoración financiera del banco, según lo prevé la ley y se decide después de varios intentos de regularizar la situación. En ese contexto, la decisión es prudente como medida para evitar un mayor deterioro financiero y un eventual costo más alto para el Estado como dueño del banco”, declaró Camacho a EF.
Señalamiento del Poder Legislativo
Entretanto Ottón Solís, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y el libertario Otto Guevara, principales críticos del manejo de este caso, manifestaron su indignación.
Solís, comentó que con la intervención de Conassif, Hacienda tendrá que pagar.
“El banco no se podía sostener, se hubiera cerrado sin generarle pérdidas a nadie, ahora la intervención significa que necesariamente Hacienda deberá hacerse cargo de los pasivos de ese banco. Antes pudo haberse dado al Banco de Costa Rica y valía más o menos $120 millones, y se pudo haber reducido de la deuda de los bonos que tiene el BCR con el Gobierno, pero ahora más bien es al revés, ahora nos cuesta plata por el cálculo, los temores y la falta de seriedad”, indicó Solís.
Guevara, también candidato presidencial, criticó que el Poder Ejecutivo no sacara a la venta esta entidad bancaria.
“Eso le hubiera permitido al banco seguir operando, el Banco de Costa Rica hubiera buscado la forma de especializarlo en algún tipo de área geográfica o en algún nicho de mercado pero se hubiera mantenido el valor del banco para una posterior venta”, indicó el libertario.
Año de incertidumbre
Este año Bancrédito vivió entre la incertidumbre y analizó cambiar de dirección, ya que durante el 2016 experimentó una reducción del 81% de sus ganancias.
En mayo el Gobierno anunció la salida de la entidad bancaria del negocio de intermediación financiera. En ese momento, Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, afirmó que el banco continuaría cobrando los créditos pendientes y pagando a sus acreedores.
La entidad bancaria acumuló más de ¢20.080 millones en pérdidas a setiembre del 2017, después de tres meses consecutivos de bajas en el resultado final de sus finanzas.
En entrevista con EF, Gerardo Porras, gerente de Bancrédito hasta hoy, manifestó que el alto costo del personal fue un problema que la entidad arrastró durante 10 años.
“Aquí es importante que si bien es cierto la morosidad afectó los resultados del año 2016, también el banco no había tenido la posibilidad de reestructurarse porque la planilla del banco costaba ¢16.000 millones al año.
Meses atrás Porras advirtió que los negocios que ejecutaba el banco eran insuficientes para mantener la rentabilidad y solo pueden generar alguna liquidez.
