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El dinero que le paga el Estado a los empleados que tienen restricción para ejercer aumentó a un ritmo promedio siete veces mayor que las contrataciones, entre el 2006 y el 2014.
Durante los últimos ocho años, el Estado aumentó su gasto en remuneraciones sin ningún control con una consecuencia preocupante: el gasto nunca tuvo un efecto real en la lucha contra el desempleo.
Mientras la partida para pagar prohibiciones legales al ejercicio libre de la profesión creció a un ritmo promedio del 21% y la destinada a pagar anualidades a uno del 16%; las nuevas contrataciones se movieron hacia arriba a un ritmo mucho más lento de un 3% anual.
El gasto del Estado tampoco tuvo un reflejo directo en los salarios base, que aumentaron un 12% anual promedio durante el mismo período.
Así se desprende de un análisis realizado por EF sobre las instituciones que más peso tienen en el gasto en remuneraciones, con base en datos que se encuentran en los sitios web de la Contraloría General de la República (CGR) y del Ministerio de Hacienda.
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Se partió del 2006 pues es el primero sistematizado por la CGR en su sitio web y se detalló en los dos incentivos cuyo aumento es mayor en la mayoría de las instituciones: las anualidades y las prohibiciones.
El análisis sobre los salarios tomó en cuenta a 23 instituciones que, juntas, suman un 75% de participación en el gasto total del Estado en remuneraciones.
En el caso de los datos relacionados con las planillas, se excluyó a las cuatro universidades, al Banco Popular, al Banco Nacional y a la Municipalidad de San José, pues el Ministerio de Hacienda carece de datos históricos sobre contrataciones en estas entidades.
Todos los datos se trajeron a colones constantes del 2014, para no llamar a engaño.
Las cinco instituciones que más peso tienen en el gasto total destinado a remuneraciones le marcan el paso a esta tendencia de crecimiento.
Estas son el Ministerio de Educación Pública (MEP), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Poder Judicial, la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Ministerio de Seguridad Pública, que suman un 60% de todas las remuneraciones del Estado, según datos de la CGR.
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Todas ellas, menos la Universidad de Costa Rica, incrementaron al doble sus pagos relacionados con restricción al ejercicio liberal de la profesión (prohibición), que incrementa los salarios de cada trabajador en un 65%.
Sin embargo, el aumento no tiene ninguna relación con un incremento en la cantidad de personal contratado.
Por ejemplo, la Caja incrementó en un 376% sus pagos por prohibición en el período analizado, pero la planilla solo se incrementó en un 29%.
Así, si la institución gastaba ¢43.000 per cápita mensual en restricciones en el 2006; en el 2014 gastó poco más de ¢159.000.
El MEP sigue la misma línea: si en el 2006 gastó ¢14.000 por cada empleado, en el 2014 duplicó la cifra a ¢35.000.
También lo hace el Ministerio de Salud, que se ubica en el puesto 11 entre las instituciones que más gastan en salarios en el sector público.
Su incremento en pagos por prohibición fue de un 239%, mientras que su planilla solo aumentó un 18% del 2006 al 2014.
A diferencia del resto de incentivos salariales –que se negocian entre jerarcas, sindicatos y empleados– la restricción al ejercicio liberal de la profesión es un pago que solo se puede aplicar si la institución crea una ley.
El problema es que esas leyes suelen ser muy amplias y no definen el incentivo por función específica, sino por plaza o por departamento, explicó el exministro de Hacienda Édgar Ayales.
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Así, en la mayoría de instituciones no se crearon nuevos puestos que requirieran de prohibición, sino que se recalificaron los ya existentes. Los mismos empleados terminan ganando más.
Anualidades sin desempeño
Tampoco las anualidades se corresponden al incremento de las planillas o al de los salarios base.
Su aumento se dispara desde todas las instituciones sin ningún tipo de control central.
Para el 2014, la partida que destinaba el Ministerio de Educación Pública (MEP) a retribuir los años servidos había crecido 2,8 veces en comparación con el 2006; mientras en este año le dedicaba en promedio ¢765.000 a cada empleado por concepto de anualidades, en el 2014 gastó ¢1,7 millones.
El aumento, en este caso, tampoco obedeció al incremento en la planilla, que solo creció 1,3 veces. Es decir, subió un 127% menos que las anualidades.
Sucede de una forma muy similar en el Ministerio de Seguridad Pública, cuya cantidad de empleados se incrementó en un 5% en promedio cada año desde el 2006, con anualidades que, sin embargo, crecieron al doble.
La misma tendencia siguió la Universidad de Costa Rica: su gasto en anualidades fue dos veces mayor en el 2014 que en el 2007, mientras que el aumento del gasto en salarios base solo fue de un 50%.
Ese comportamiento responde a la naturaleza misma de las anualidades, que no tienen tope de crecimiento y que cada año pueden variar según la negociación colectiva con los jerarcas de las instituciones, explicaron los abogados de la firma BDS Alejandro Trejos y Rónald Gutiérrez.
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Más dinero para la misma gente
Si en 16 instituciones (que representan el 70% del gasto en remuneraciones del Estado) Costa Rica gastó ¢620.000 en promedio –por empleado– en el 2006, mensualmente, en el 2014 duplicó la cifra a ¢1.200.000.
El aumento evidencia que las políticas públicas que se han creado en los últimos años para fortalecer el empleo público se concentran en prácticamente la misma cantidad de personas, pero se gasta mucho más dinero.
El caso más extremo es el de la CCSS, que incrementó sus remuneraciones en un 186% más de lo que aumentó proporcionalmente su cantidad de trabajadores.
¿Cómo llegamos aquí? Un momento histórico para entender cómo se llegó a este punto fue el período 2006-2007, cuando las planillas aumentaron solo un 2%, pero las anualidades crecieron un 50% y el gasto en prohibiciones un 81% en comparación con el año anterior.
Tuvo que ver con una política del Ejecutivo para equiparar los salarios del Gobierno Central con los del resto del sector público y volver sus puestos más competitivos, recordó el historiador Iván Molina.
Pero la medida tuvo un efecto dominó y los salarios aumentaron también en el resto del sector público. Hoy, la brecha entre los salarios de los empleados públicos sigue creciendo y afectando las finanzas del país.
En general, el problema de los pluses salariales tiene explicación en un vacío legal. La Ley de Salarios de la Administración Pública apenas da un par de pincelazos para explicar los pluses.
El resto, se crea por medio de convenciones colectivas y luchas sindicales que responden a coyunturas específicas, pero que se eternizan en el gasto del país, que todos los años engrosa el déficit.
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Es una preocupación que no se escapa de la mira del actual Gobierno, cuyo planteamiento es fijar un tope máximo de 1,94% a 2,56% de anualidades en todas las instituciones públicas del país.
Más que un tope, es un cambio de concepto, dijo el jefe de despacho del Ministerio de Planificación (Mideplan), Jeff Rodríguez, quien comunicó que presentarán el proyecto de ley para cambiar la normativa la próxima semana.
El proyecto pretende que los incentivos respondan a la eficiencia de las instituciones.
Así, las anualidades ya no serán retribuciones por años servidos, sino indicadores de desempeño individuales e institucionales.
Es una tarea titánica y a muy largo plazo, pero no puede barrerse por debajo de la alfombra. Alguien debe dar el primer paso.
