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La Ley de Reforma Procesal Laboral podría estar a un paso de revivir en la Asamblea Legislativa.
La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos volverá a conocer y dictaminar el veto interpuesto en octubre de 2012 contra la Ley (expediente No. 15.990), que se aprobó en segundo debate en setiembre de ese año.
Será antes de que finalice esta semana que el presidente de la Asamblea Legislativa, Rafael Ortiz Fábrega, emita una resolución que permita estudiar nuevamente el veto.
De esta forma, tres serían los escenarios posibles a los que se vería expuesta la ley.
El legislador Antonio Álvarez Desanti, del partido Liberación Nacional (PLN) y miembro de la comisión explicó que el primero de ellos, es que los diputados que integran la Comisión acogan el veto señalado en la administración Chinchilla, y se remita el proyecto sin esos artículos al plenario, para su votación.
En segundo lugar, que los legisladores no acepten el veto de la ex presidenta; con ello, se deberá remitir el proyecto a la Sala Cuarta para que sea esta entidad la que se pronuncie sobre la constitucionalidad de los artículos del proyecto.
"En este escenario los legisladores dependerán de lo que la Sala diga. Esta tendrá 30 días para pronunciarse", comentó Álvarez.
Por último, la Comisión podría considerar el archivo definitivo del proyecto.
"Hay que quedar claro que no se puede modificar en el proyecto más allá de lo que se señaló como inscontitucional, por lo que la comisión estará limitada exclusivamente a analizar lo que fue objeto del veto", enfatizó el diputado.
La Comisión no tiene un plazo definido para pronunciarse.
Antecedentes
La ley de reforma procesal fue vetada por la ex presidenta Laura Chinchilla en 2013, por considerar que algunos de los artículos incluídos eran inconstitucionales.
Sin embargo, la Sala Constitucional declaró contrario a la Carta Magna el levantamiento de veto parcial de Laura Chinchilla en el 2013 por un tema de procedimiento.
Cabe mencionar, que el presidente Solís levantó el veto de Chinchilla. Movimiento que no fue considerado ilegal pero, que quedó sin lugar por el acto nulo de la expresidenta.
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De esta forma, con la posición de la Sala, se retrotrae el procedimiento a un momento en que la Comisión de Asuntos Jurídicos tenía en su conocimiento el veto interpuesto en octubre 2012 y aún no había resuelto sobre el particular.
De ahí que la resolución del Presidente Legislativo implica que los integrantes de esa Comisión conozcan el mencionado veto y el texto que se había aprobado originalmente.
Puntos sensibles
La discusión sobre la ley se torna sensible en varios puntos, entre ellos, el otorgar derecho a agremiarse, organizarse e irse a huelga para trabajadores de actividades esenciales.
Por otra parte, se pretendían reformas para que se otorgara la posibilidad de tener un abogado laboral otorgado por el Estado y la de dictar sentencia oral para ahorrar tiempo son parte de los cambios que se esperaban.
Al mismo tiempo, el otorgar la posibilidad a un juez laboral de conceder extremos laborales no solicitados por el trabajador, pero que forman parte de sus derechos irrenunciables.
