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El 2011 no fue un buen año para ninguno de los tres poderes de la República, pero, especialmente, no lo fue para la presidenta Laura Chinchilla y su Gabinete, cerrando el período como la administración más inestable de las últimas 4, según el decimoctavo informe "Estado de la Nación".
En su capítulo de "Fortalecimiento de la democracia en el 2011", el estudio detalla que esa alta inestabilidad que experimentó el Poder Ejecutivo al mando de Chinchilla y los conflictos de elevado perfil, como la crisis de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y los casos de corrupción relacionados con la trocha fronteriza con Nicaragua, le quitaron a Casa Presidencial capacidad de conducción del aparato gubernamental.
Tal factor estuvo acompañado por la movilización social más significativa desde 1995, registrándose en el 2011 el tercer punto más alto de protestas y manifestaciones colectivas de los últimos 17 años.
Alto desgaste
Para el "Estado de la Nación", la rotación de ministros que se desempeñaban en puestos claves del Gabinete causó un "shock" al Poder Ejecutivo, que aumentó su desgaste político, reflejado en la descendente opinión de la ciudadanía con respecto al desempeño de la administración Chinchilla.
"El rechazo del denominado 'plan fiscal', el conflicto (fronterizo) con Nicaragua, la pérdida de control de Directorio Legislativo y la crisis en la CCSS son solo cuatro de los eventos con saldo negativo que acompañaron al Ejecutivo durante el período analizado", destaca el informe.
Uno de los puntos en los que se enfocaron los investigadores fue analizar la composición del Gabinete de Laura Chinchilla y las causas por las cuales tuvo una alta rotación en su composición.
Del análisis resultó que a pesar del alto porcentaje (70%) de funcionarios con experiencia política previa, no se impidió que el Gobierno se convirtiera en el más inestable de los últimos 4. Quince de los 21 ministros que iniciaron funciones en mayo del 2010, había dejado sus cargos al cabo de los primeros 24 meses de labores del Gobierno.
"Aunque los cambios de jerarcas pueden ser normales en cualquier gobierno, en este caso han sucedido en un contexto de denuncias de corrupción y mal manejo político que han terminado por afectar la labor del Ejecutivo en su conjunto", concluye la investigación.
Un Parlamento más lento
El 2011 fue marcado por la llegada al poder de la alianza parlamentaria de oposición "Por Costa Rica" que, en la figura de Juan Carlos Mendoza, del Partido Acción Ciudadana (PAC), logró presidir el Directorio Legislativo por una legislatura.
El informe hace énfasis en que la alianza no pudo consensuar una agenda común de proyectos de ley, lo cual influyó en procesos de discusión más complicados, dando como resultado que la legislatura del 2011-2012 fuera la más lenta de las últimas 6 administraciones en el proceso de producción de leyes.
La investigación concluyó que la alianza parlamentaria desaprovechó "una excelente oportunidad—poco común en la práctica legislativa—para reducir los costos de transacción que implica, para los partidos de oposición, negociar de manera independiente sus iniciativas, sobre todo si se considera que ninguno de ellos se acerca a la mayoría de votos en el Congreso".
En el 2011, casi nueve de cada diez leyes sobre temas considerados prioritarios no fueron aprobadas. Así aumentó el desface entre la legislación aprobada y las solicitudes urgentes de proyectos hechos por expertos y medios de comunicación, que fue de un 86% en el 2011, mientras que en el 2010 era de un 77%.
Otro de los lunares que detectó el "Estado de la Nación" fue la promesa democrática de nuevas leyes que carecen de sustento económico.
Según el estudio, al comparar la legislación promulgada durante los segundos años legislativos de las últimas 6 administraciones, el gobierno de la presidenta Chinchilla resultó ser el menos cuidadoso en este aspecto.
La conclusión es que de la legislación aprobada durante el 2011, que concedió derechos y amplió las competencias del Estado, el 68% de los proyectos no tenían asignados recursos para su cumplimiento en la práctica.
Mayores síntomas de descontento ciudadano
Todos esos elementos influyeron en un aumento de los síntomas de descontento ciudadano con el sistema democrático y sus instituciones.
El "Estado de la Nación" cita la encuesta "Barómetro de las Américas del 2012" donde se determinó el deterioro de la adhesión ciudadana a la democracia. Durante el 2011, la medición determinó que ese nivel de apoyo fue de 56 puntos, en una escala de 0 a 100.
El resultado es la cifra más baja de satisfacción con la democracia y el sistema político que ha experimentado Costa Rica desde la primera medición del Barómetro, que data de 1978.
"Este dato profundiza una tendencia de largo plazo que muestra un declive en el apoyo al sistema democrático que coincide con el deterioro del bipartidismo, la volatilidad en las preferencias electorales, escándalos de corrupción y menores niveles de participación electoral", resume el informe.
Esto se trasladó a las calles. Durante el 2011, el "Estado de la Nación" contabilizó 632 movilizaciones ciudadanas, cifra por encima de las 340 protestas del 2010 y las 394 del 2009. Como hecho curioso, la investigación determinó que, a diferencia de otros períodos presidenciales, en el 2011 las protestas no se ligaron a un único elemento aglutinador del descontento popular. Es decir, según el informe cada cez más actores recurren a la protesta para transmitir sus demandas al Gobierno.
"La mayor dispersión y el significativo aumento en la cantidad de acciones colectivas reflejan un profundo malestar ciudadano que no encuentra medios de canalización en los partidos ni en las instituciones, e incluso tampoco en las organizaciones tradicionales de la sociedad civil", puntualiza el estudio de la situación nacional.
